Túnez 2019
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Túnez 2019

El trabajo de la Comisión de la Verdad y la Dignidad concluyó con la publicación de su informe final, que incluía recomendaciones de reforma y la remisión de 173 casos a salas penales especializadas.

Durante el año comenzaron al menos 78 juicios ante estas salas por violaciones graves de derechos humanos. Las familias de personas que habían muerto a manos de la policía en los años anteriores continuaban esperando justicia. Hubo informes de tortura y otros malos tratos. Se dieron pasos para presentar un proyecto de ley dirigido a acabar con la discriminación de las mujeres en relación con la herencia, pero la iniciativa se paralizó. Un nuevo mecanismo de presentación de denuncias para las mujeres víctimas de violencia recibió decenas de casos. Se procesó a personas que escribían blogs y que usaban las redes sociales por la expresión pacífica de sus opiniones en Internet. Las autoridades se valieron de fuerza excesiva y en ocasiones innecesaria, así como de enjuiciamientos, contra participantes en manifestaciones pacíficas. Se detuvo a personas refugiadas y solicitantes de asilo por entrada irregular en el país. Decenas de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales fueron detenidas y encarceladas en aplicación de leyes que penaban las relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo. Se impusieron condenas a muerte, pero no hubo ejecuciones.

Información general

El presidente Beyi Caid Esebsi falleció el 25 de julio. Mohamed Ennaceur lo sustituyó en el cargo con carácter provisional. El 13 de octubre se celebraron elecciones presidenciales y resultó elegido Kais Saied. Tras las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de octubre, el nuevo Parlamento se reunió por primera vez el 13 de noviembre. El 16 de noviembre, Kais Saied encargó formar gobierno al ex ministro Habib Yemli, pero el proceso aún no había concluido al terminar el año.

Siguió sin establecerse el Tribunal Constitucional, previsto desde 2015, porque, de nuevo, el Parlamento no había elegido al primer tercio de sus miembros.

Las autoridades renovaron en ocho ocasiones el estado de excepción en todo el país, que llevaba en vigor desde noviembre de 2015.

Continuaron las protestas por la falta de oportunidades de empleo, las precarias condiciones de vida y las restricciones de agua, especialmente en zonas marginadas y subdesarrolladas.

Justicia transicional

En marzo, la Comisión de la Verdad y la Dignidad publicó su informe final, de 2.000 páginas, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades tunecinas de 1957 a 2013. Entre sus recomendaciones estaban la reforma de los sectores judicial y de seguridad, la creación de un organismo independiente encargado de vigilar el trabajo de las fuerzas de seguridad, la armonización de las leyes con la Constitución, la adopción de medidas para establecer rendición de cuentas por los crímenes cometidos y otras medidas destinadas a fortalecer el Estado de derecho. El gobierno no publicó el informe en el boletín oficial ni presentó un plan para aplicar sus recomendaciones, como exigía el artículo 70 de la Ley de Justicia Transicional. El Parlamento aún no había establecido una comisión parlamentaria especial para supervisar la aplicación de las recomendaciones.

Al término de su mandato, la Comisión había remitido 173 casos a salas penales especializadas tras recibir más de 62.000 denuncias de víctimas. Durante el año comenzaron al menos 78 juicios ante estas salas por casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, sentencia injusta o uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas. Entre las personas acusadas había varios ex ministros del Interior, jefes de seguridad y cargos públicos de los gobiernos del ex presidente Zine el Abidine Ben Ali y Habib Burguiba, su antecesor. Se avanzó a paso lento debido al reiterado aplazamiento de las sesiones judiciales y la frecuente incomparecencia de agentes de policía, figuras políticas y ex cargos públicos acusados. El mayor sindicato de las fuerzas de seguridad pidió a sus miembros que no comparecieran ante los tribunales, afirmando que eran juicios revanchistas. El Ministerio del Interior se mostró reacio a ejecutar apercibimientos de comparecencia de personas acusadas en las vistas.

Homicidios ilegítimos y tortura y otros malos tratos

Las familias de personas que habían muerto a manos de la policía en los años anteriores continuaban esperando justicia. En noviembre, 14 agentes de policía fueron acusados formalmente de homicidio involuntario y omisión de socorro a una persona en peligro tras una investigación sobre la muerte de Omar Labidi, aficionado al fútbol de 19 años, ocurrida en un barrio del sur de Túnez capital el 31 de marzo de 2018. No obstante, continuaban en servicio activo. Omar Labidi se ahogó cuando unos policías lo empujaron a un río, a pesar de haberles dicho que no sabía nadar. Omar huía de la policía, que perseguía a aficionados de fútbol participantes en enfrentamientos. No hubo avances en la investigación del homicidio de Ayman Othmani, de 19 años, a quien unos agentes de aduanas mataron a tiros durante el registro de un almacén en Túnez capital en octubre de 2018. Según su familia y su abogada que vieron el informe forense, había sido alcanzado por disparos en la espalda y en un muslo.[1]

Se recibieron informes sobre muertes sospechosas bajo custodia. En junio, Abderrazek Selmi fue detenido por la policía en la región de Kairuán. Unas dos horas más tarde, la policía llamó a una ambulancia, pero Abderrazek murió camino del hospital. La Fiscalía General reconoció que su muerte era sospechosa; el Ministerio del Interior declaró posteriormente que había muerto de un ataque al corazón. La investigación sobre la muerte seguía en curso al concluir el año.

Decenas de personas detenidas denunciaron tortura u otros malos tratos a manos de la policía o de la Guardia Nacional. En muchos casos, la policía les negó el derecho a llamar a alguien de su familia o que les prestara asistencia letrada, o no permitió que se sometieran a un reconocimiento médico.

Derechos de las mujeres

En febrero y mayo, una comisión parlamentaria organizó dos sesiones con representantes de la Presidencia y el ministro de Justicia para debatir un proyecto de ley que pondría fin a la discriminación de las mujeres en relación con la herencia. Un número considerable de miembros del Parlamento consideraban que el proyecto de ley era contrario al islam. El Parlamento no reanudó los debates sobre él durante el año.

En agosto, la ministra para Asuntos de la Mujer, la Familia, la Infancia y las Personas Mayores anunció que el Ministerio de Justicia había recibido en torno a 40.000 denuncias de mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito familiar en los siete primeros meses del año. Las denuncias se presentaron de conformidad con la Ley de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que había entrado en vigor en 2018 y establecía un mecanismo de presentación de denuncias para las víctimas de violencia. Sin embargo, el gobierno no creó un ningún mecanismo nacional de vigilancia para prevenir la violencia contra las mujeres, como exigía el artículo 40 de la ley.

La representación de las mujeres en las elecciones parlamentarias y presidenciales fue sumamente escasa: sólo 2 de las 26 candidaturas a la Presidencia eran de mujeres y, de los 217 miembros del Parlamento elegidos en octubre, sólo 56 eran mujeres, frente a las 68 elegidas en 2014.

Libertad de expresión y reunión

Se procesó a personas que escribían blogs y que usaban las redes sociales en aplicación del Código Penal y el Código de Comunicaciones por la expresión pacífica de sus opiniones en Internet.

En abril, el Tribunal de Primera Instancia de Gafsa condenó in absentia a un año de prisión a Ahmed el Jedidi por “insultos a terceros a través de una red pública de comunicaciones” tras haber publicado críticas a una parlamentaria en Facebook. La condena fue anulada en apelación en mayo.

En octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Manuba declaró al bloguero Aymen Ben Khassib culpable de “insultar a personas a través de la prensa” por un comentario publicado en Facebook en el cual nombraba a dos miembros de la junta municipal responsables de un controvertido proyecto emprendido en su barrio. Se le impuso una multa de 1.000 dinares tunecinos (unos 350 dólares estadounidenses).

Las autoridades emplearon fuerza excesiva y en ocasiones innecesaria, así como enjuiciamientos, contra personas participantes en manifestaciones pacíficas para restringir la libertad de reunión. Se procesó por “perturbar la libertad para trabajar” o “poner trabas a la libertad de circulación” a personas que habían participado en protestas contra los altos índices de paro y las precarias condiciones de vida. Sólo en Gafsa fueron juzgadas in absentia al menos 20 personas durante el año en varios juicios celebrados ante el tribunal de primera instancia tras protestas pacíficas.[2]

En junio, agentes de la policía y la Guardia Nacional hicieron uso excesivo de la fuerza, incluido gas lacrimógeno, para disolver una protesta pacífica de solicitantes de asilo ante un centro administrado por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en la localidad de Medenine. La policía persiguió a las personas participantes en la protesta, las golpeó con porras y detuvo a 25 de ellas. En julio, 18 solicitantes de asilo comparecieron ante el tribunal de primera instancia de Medenine por “poner trabas a la libertad de circulación”, “obstruir una vía pública” e “insultar a una autoridad”, entre otros cargos. La causa se sobreseyó en octubre.

En julio, la policía irrumpió en el Instituto de Tecnología Médica de la Universidad El Manar de Túnez capital y usó fuerza excesiva e innecesaria para disolver una sentada estudiantil pacífica. Los agentes usaron porras y dispararon gas lacrimógeno a corta distancia, incluso contra tres estudiantes con discapacidad visual. Posteriormente acusaron a seis estudiantes de “agredir a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

En septiembre, la policía detuvo arbitrariamente a la activista de 18 años Maissa al Oueslati cuando estaba grabando a un manifestante que amenazaba con prenderse fuego delante de una comisaría de policía en Jbel Jloud, barrio de la periferia de Túnez capital. También detuvo de forma arbitraria a su hermano de 16 años. Ambos pasaron la noche bajo custodia y fueron interrogados sin representación letrada. Fueron acusados de insultar y agredir a un funcionario público, y ese mismo mes fueron juzgados y absueltos.

Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

En varias ocasiones, la Guardia Nacional detuvo a personas refugiadas y solicitantes de asilo por entrada irregular en el país. Dos refugiados que fueron entrevistados por Amnistía Internacional en el centro de acogida de Medenine en agosto dijeron que habían pasado 17 días recluidos en el centro de detención y orientación de Ben Guerdane a su llegada a Túnez, y que no les habían informado de los motivos de su detención.

El 3 de agosto, las fuerzas de seguridad detuvieron a 36 personas migrantes de Costa de Marfil —22 hombres, 11 mujeres y 3 menores— de quienes sospechaban que planeaban entrar de forma irregular en Europa por mar, las trasladaron a una zona militar cerrada a escasa distancia de Ras Jdir, localidad costera próxima a la frontera con Libia, y las dejaron allí. Tres días más tarde, el ejército tunecino les dio algo de pan y leche, pero las dejó sin acceso a ayuda humanitaria. El 8 de agosto, las autoridades permitieron que el grupo saliera de la zona militar y permaneciera en Túnez.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Continuaron las detenciones y los enjuiciamientos de personas LGBTI en aplicación de leyes que penalizaban las relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo, la “indecencia” y los actos considerados “ofensivos para la moral pública”. Según DAMJ, la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad, la policía detuvo al menos a 78 hombres en aplicación del artículo 230 del Código Penal, que penalizaba la “sodomía”, y practicó exploraciones anales como parte de sus investigaciones para determinar si habían tenido relaciones homosexuales. Tales exploraciones son contrarias a la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Al menos 70 hombres fueron declarados culpables en aplicación de dicho artículo y condenados a cumplir entre cuatro meses y un año de prisión.

Pena de muerte

Los tribunales impusieron decenas de condenas a muerte, y aumentó el uso de la pena capital en casos de terrorismo. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1991.


[1] Túnez: Las investigaciones sobre los abusos letales de la policía deben aportar la tan esperada justicia (noticia, 4 de abril)

[2] Túnez: Cientos de manifestantes pacíficos juzgados in absentia en Gafsa (MDE 30/0380/2019)