Túnez 2016/2017

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Túnez 2016/2017

Las autoridades seguían limitando el derecho a la libertad de expresión y de reunión, y utilizaban las atribuciones del estado de excepción y las leyes antiterroristas para imponer restricciones arbitrarias a la libertad personal y a la libertad de circulación. Se conocieron nuevos casos de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas. Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia de género. Las relaciones homosexuales continuaban siendo delito, y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) seguían expuestas a ser detenidas y encarceladas. Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.

Información general

Las autoridades prorrogaron el estado de excepción, que estaba en vigor en todo el país desde noviembre de 2015, y en febrero anunciaron que habían finalizado la construcción de un muro de seguridad a lo largo de la frontera con Libia. No obstante, en las zonas fronterizas continuaron los enfrentamientos armados entre fuerzas gubernamentales y miembros del grupo armado Estado Islámico radicados en Libia. El 7 de marzo murieron al menos 68 personas, 7 civiles entre ellas, en enfrentamientos que se produjeron al repeler las fuerzas gubernamentales un ataque del Estado Islámico contra bases militares y una comisaría en la localidad fronteriza meridional de Ben Guerdane. Continuaron los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas de seguridad en la frontera con Argelia, y hubo víctimas mortales en ambos bandos.

En octubre se anunciaron los nombramientos de los nuevos miembros del Consejo Judicial Supremo, responsable de la selección, el nombramiento, el traslado, el cese, la disciplina y la formación de jueces y fiscales, así como de nombrar a un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional, que pudo crearse finalmente, una vez formado el Consejo.

El Parlamento aprobó un proyecto de ley que penalizaba la discriminación racial y de otra índole, aunque al concluir el año aún no se había promulgado.

El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examinaron en mayo y septiembre, respectivamente, el historial de Túnez en materia de derechos humanos. El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitó Túnez en abril.

Justicia transicional

La Comisión de la Verdad y la Dignidad, instituida para abordar los delitos políticos, sociales y económicos e investigar las violaciones de derechos humanos cometidos entre el 1 de julio de 1955 y diciembre de 2013, informó en junio de que había recibido más de 62.000 denuncias sobre una gran diversidad de violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura, juicios injustos, violencia sexual y discriminación religiosa y étnica. El 17 de noviembre la Comisión celebró sus primeras audiencias públicas.

El Parlamento reanudó en junio el estudio de un polémico anteproyecto de ley que concedía inmunidad procesal en el caso de algunos delitos económicos. El debate de la propuesta legislativa, presentada por el presidente Esebsi, se había suspendido en 2015 tras las protestas lideradas por el movimiento popular Manich Msameh (“No perdonaré”). De ser aprobada, la ley ofrecería a funcionarios y directivos de empresas acusados de corrupción y malversación durante el gobierno del ex presidente Zin el Abidín ben Alí una amnistía e inmunidad frente a un nuevo procesamiento si devolvían el producto de sus delitos. Sus disposiciones sobre inmunidad procesal también socavaban las investigaciones del proceso de justicia transicional. Al concluir el año no se había promulgado la ley.

Detención y reclusión arbitrarias y libertad de circulación

Las autoridades utilizaron las atribuciones del estado de excepción para practicar miles de detenciones y registros domiciliarios, en muchos casos sin orden judicial. Sometieron a cientos de personas a arresto domiciliario administrativo, residencia forzosa, prohibiciones de viajar o restricciones a la libertad de circulación, medidas que limitaban sus derechos sociales y económicos, incluido el derecho al trabajo.

Seguridad y medidas antiterroristas

Agentes de seguridad hostigaron e intimidaron reiteradamente a numerosos familiares de presuntos miembros o simpatizantes de grupos armados con medidas como irrumpir en sus casas y registrarlas, someterlos a amenazas e interrogatorios, acosarlos en sus centros de trabajo y restringir su libertad de circulación. También hostigaron e intimidaron a decenas de ex presos que habían sido condenados en aplicación de leyes represivas durante el gobierno de Ben Alí, así como a otras personas a causa de su aspecto, como hombres con barba, y hombres y mujeres vestidos con lo que los agentes consideraban indumentaria religiosa.

Tortura y otros malos tratos

Se conocieron nuevos casos de tortura y otros malos tratos bajo custodia, infligidos en su mayoría durante el arresto y en el periodo de detención sin cargos. Varias personas detenidas tras el ataque de Ben Guerdane de marzo denunciaron que la policía y agentes de la lucha antiterrorista las habían torturado durante su interrogatorio, tanto en Ben Guerdane como en la capital, Túnez. Aseguraban que las habían sometido al método del “pollo asado” —en el que se hace girar a la víctima en un palo del que cuelga esposada de pies y manos—, así como a palizas, agresiones sexuales y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Aunque algunas salieron en libertad, otras seguían recluidas al terminar el año.

En febrero, el Parlamento aprobó unas reformas del Código de Procedimiento Penal que reforzaban las salvaguardias frente a la tortura y otros malos tratos y que entraron en vigor en junio. Estas reformas reducían el periodo máximo de reclusión sin cargos de seis a cuatro días y daban a las personas detenidas el derecho a acceder inmediatamente a un abogado y a su familia, y a que su abogado estuviera presente en el interrogatorio. También exigían que la detención fuera autorizada por la fiscalía y que los fiscales y la policía judicial permitieran el acceso de los detenidos a asistencia sanitaria y a un médico si ellos o sus familias o abogados así lo solicitaban. Sin embargo, no afectaban a la facultad de las autoridades de recluir hasta 15 días sin cargos a los presuntos responsables de delitos de terrorismo, negarles el acceso a un abogado durante 48 horas e interrogarlos sin la presencia de éste. En marzo, el gobierno nombró a los 16 miembros del Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura, creado en virtud de una ley de 2013 y preceptivo para Túnez como Estado Parte en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. La falta de claridad sobre sus funciones y financiación dificultaron su capacidad para funcionar plenamente.

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades utilizaban las atribuciones del estado de excepción para prohibir huelgas y manifestaciones, dispersar por la fuerza las concentraciones consideradas amenazantes para el orden público y controlar y censurar las publicaciones y los medios de comunicación impresos, audiovisuales y de otro tipo. Pese a ello, hubo nuevas protestas contra el desempleo, el subdesarrollo —sobre todo en las regiones interiores del país— y las precarias condiciones de vida. Según la información disponible, la policía dispersó algunas de estas protestas con fuerza excesiva.

En enero, después de que un graduado sin trabajo resultara electrocutado al subirse a un poste eléctrico como protesta por haber sido rechazado para un empleo público, estallaron protestas contra el desempleo en Kasserine, que se extendieron con rapidez a otras ciudades. Las autoridades detuvieron a cientos de manifestantes y transeúntes, y enjuiciaron y condenaron a prisión a algunos, entre ellos a 37 hombres detenidos en Gabès el 22 de enero, que fueron condenados a entre uno y tres años de prisión por el cargo de “violar el toque de queda”.

En abril, manifestantes que protestaban en El Kef contra el desempleo denunciaron que la policía había empleado fuerza excesiva para dispersarlos.

Las autoridades continuaban aplicando las leyes penales sobre difamación promulgadas por el gobierno de Ben Alí para restringir la libertad de expresión. En agosto, la policía detuvo a la bloguera Salwa Ayyari, a su esposo y a cuatro de sus hijos frente al palacio presidencial de Túnez capital. Estuvieron recluidos sin alimento ni agua, y sin acceso a un abogado durante varias horas, en el transcurso de las cuales agentes de policía insultaron y maltrataron a Salwa Ayyari, a la que golpearon y fracturaron un brazo. Después los trasladaron a otra comisaría, donde la bloguera fue acusada de agredir al agente que le había roto el brazo. Aunque todos ellos quedaron en libertad tras 13 horas de reclusión, Salwa Ayyari fue acusada de insultar al presidente, delito punible con hasta dos años de prisión, y de agredir a un agente de policía. En diciembre fue absuelta del cargo de insultos al presidente y condenada a pagar una multa de 200 dinares tunecinos (86 dólares estadounidenses) por el de agresión a un agente.

Derechos de las mujeres

Las mujeres continuaban estando discriminadas en la legislación y en la práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de género. El Código Penal no penalizaba expresamente la violación conyugal y permitía a los hombres que hubieran violado a mujeres de entre 15 y 20 años o secuestrado a niñas menores de 18 eludir la acción de la justicia si la víctima consentía en casarse con ellos.

Los servicios sociales y de salud para sobrevivientes de violencia sexual y de género eran limitados e inadecuados. Entre otros aspectos necesarios de la atención, las sobrevivientes de violación tenían dificultades especiales para acceder a la prevención del embarazo y a apoyo psicológico. Además, la ausencia de mecanismos de protección, como refugios para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, las dejaba expuestas a sufrir más abusos.

En julio, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para combatir la violencia contra mujeres y niñas y lo sometió a la consideración del Parlamento. El anteproyecto estaba centrado en abordar las deficiencias de la legislación y la práctica vigentes y mejorar el acceso a la protección y a los servicios para sobrevivientes. Al terminar el año no se había promulgado la ley.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales continuaban expuestas a ser detenidas en aplicación del artículo 230 del Código Penal, que penalizaba las relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo. También sufrían violencia, explotación y abusos sexuales y de otra índole a manos de la policía. Las personas transgénero podían ser detenidas y enjuiciadas en aplicación de leyes que penalizaban la “conducta inmoral” y los actos considerados ofensivos para la moral pública.

Las autoridades sometían a los hombres acusados de relaciones homosexuales a exámenes anales forzados, lo que violaba la prohibición de la tortura.

En marzo, el Tribunal de Apelación de Susa confirmó la sentencia condenatoria dictada contra seis hombres por cargos de sodomía en aplicación del artículo 230, aunque restó de la pena de 3 años de prisión el tiempo que ya habían cumplido y revocó la orden de 5 años de destierro de Kairuán. Los hombres habían sido detenidos y condenados en diciembre de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia de Kairuán. En abril, ocho hombres que habían sido detenidos en marzo y acusados en aplicación del artículo 230 fueron absueltos por un tribunal de Túnez capital por falta de pruebas, al no haber sido sometidos a exámenes anales forzados.

Quienes se dedicaban al activismo en favor de los derechos LGBTI también sufrían hostigamiento y abusos. En enero, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital impuso 30 días de suspensión al grupo de derechos LGBTI Shams en respuesta a la acusación del gobierno de que había infringido la ley de asociaciones al declarar que su objetivo era “defender a las personas homosexuales”. Shams ganó en febrero el recurso contra esta resolución judicial.

En abril, el ataque verbal contra las personas LGBTI realizado por un conocido actor tunecino en televisión desencadenó un estallido de homofobia en el que restaurantes, cibercafés, tiendas de alimentación y taxis exhibieron carteles de prohibición del acceso a los miembros de este colectivo. En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU criticó la penalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, instó a las autoridades a que revocasen el artículo 230 del Código Penal y condenó los exámenes anales forzados.

Pena de muerte

Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1991.

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