Túnez 2023

Las autoridades intensificaron la represión de la disidencia, presentando cargos infundados contra figuras destacadas de la oposición y otras voces críticas. Un grupo de miembros del Parlamento propuso legislación represiva que amenazaba a las organizaciones independientes de la sociedad civil. Se procesó injustamente a decenas de personas que se manifestaban por la justicia social y la protección ambiental. Se siguió menoscabando la independencia judicial, la rendición de cuentas y el derecho a un juicio justo. Unos comentarios racistas del presidente desencadenaron una oleada de agresiones y detenciones contra personas negras. Las autoridades aumentaron exponencialmente las interceptaciones en el mar y llevaron a cabo expulsiones colectivas a gran escala hasta las fronteras con Argelia y Libia. La representación de las mujeres en el Parlamento se redujo a la mitad. Las personas LGBTI y los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de acoso y de una campaña de odio en Internet. Las crisis del coste de la vida y del medioambiente que sufría Túnez se agravaron, lo que afectó directamente al acceso a los alimentos y al agua.

Información general

Tras las elecciones celebradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuya baja participación marcó un récord del 11%, el 13 de marzo comenzó un nuevo periodo de sesiones parlamentarias, el primero desde julio de 2021, cuando el presidente Kais Saied había suspendido el órgano legislativo. El 8 de marzo, el presidente disolvió todos los consejos municipales, que habían sido designados por elección.

El 9 de mayo, un agente de la Guardia Nacional atacó la sinagoga de Ghriba en la isla de Yerba, matando a cinco personas.

El 16 de julio, la Comisión Europea y Túnez firmaron un memorándum de entendimiento por el que se proporcionaba ayuda financiera al país para combatir la migración irregular. El acuerdo se negoció sin aportaciones de la sociedad civil y no incluía salvaguardias primordiales en materia de derechos humanos.¹

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se estancaron debido a un paquete de rescate de 1.900 millones de dólares estadounidenses al que se opuso el presidente Saied.

Libertad de expresión

Las autoridades intensificaron la persecución de las personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión, para lo cual recurrieron con frecuencia al nuevo y draconiano Decreto Ley 2022-54 sobre ciberdelincuencia.

Al menos 22 personas, entre ellas profesionales de la abogacía, periodistas, blogueros y blogueras, y activistas del ámbito político, fueron citadas para ser interrogadas, procesadas o condenadas por comentarios públicos que se consideraban críticos con las autoridades, 13 de ellas en virtud de la legislación sobre ciberdelincuencia y, en la mayoría de los casos, a raíz de denuncias gubernamentales.

En marzo y abril, el Parlamento prohibió en dos ocasiones a los medios de comunicación privados y extranjeros asistir a las sesiones parlamentarias y, en junio, prohibió a periodistas cubrir las reuniones de las comisiones parlamentarias.

El 16 de mayo, el Tribunal de Apelación de Túnez capital condenó al periodista Khalifa Guesmi a cinco años de prisión por informar sobre operaciones de seguridad.

El 13 de diciembre, un tribunal militar de Túnez capital impuso a la activista política Chaima Issa una pena condicional de 12 meses de prisión por hacer comentarios críticos sobre las autoridades.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Túnez denunció decenas de incidentes de acoso y obstrucción a periodistas que estaban informando sobre las elecciones parlamentarias.

Represión de la disidencia

Las autoridades intensificaron la represión de la disidencia actuando contra una mayor diversidad de figuras de la oposición; les imputaron delitos relacionados con la libertad de expresión, además de presentar contra ellas cargos de conspiración y terrorismo, para detenerlas, investigarlas y condenarlas.

En particular, las autoridades judiciales persiguieron a miembros de Ennahda, el mayor partido de oposición. Se iniciaron investigaciones penales contra al menos 21 de sus dirigentes y miembros y se detuvo al menos a 12 de ellos. El 30 de octubre, el Tribunal de Apelación de Túnez capital condenó a Rached Ghannouchi, presidente de Ennahda y expresidente del Parlamento disuelto, a 15 meses de prisión en virtud de la ley antiterrorista de 2015, a causa de sus declaraciones públicas.² El 13 de febrero, las fuerzas de seguridad detuvieron al exministro de Justicia y líder de Ennahda Noureddine Bhiri. En noviembre, una sala de acusación lo remitió a un tribunal de lo penal. Permaneció en detención en espera de juicio por cargos punibles con la pena capital, fundamentados en comentarios críticos que había hecho en Internet.

A partir de febrero, al menos 50 personas, entre ellas figuras de la oposición,³defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y personas del sector empresarial, fueron investigadas en un supuesto caso de conspiración⁴ y se enfrentaron a cargos falsos que conllevaban penas de prisión severas y la pena de muerte.⁵ El 3 de octubre, la policía detuvo a Abir Moussi, jefa del opositor Partido Desturiano Libre, cuando intentaba presentar un recurso contra los decretos presidenciales relacionados con la organización de las siguientes elecciones.⁶ Permaneció en detención en espera de juicio por cargos punibles con la pena capital, que habían sido formulados contra ella por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión.

Libertad de asociación

El presidente Saied siguió acusando a las organizaciones de la sociedad civil de interferir en los asuntos de Túnez y financiar la corrupción.

El 18 de abril, la policía, sin presentar documentación legal alguna, ordenó salir de la sede de Ennahda en Túnez capital a todas las personas que se encontraban allí, cerró el local y prohibió que se volviera a entrar en él. En un comunicado interno que se había filtrado, el Ministerio del Interior ordenaba a la policía que prohibiera las reuniones y concentraciones en las oficinas de Ennahda y del Frente de Salvación Nacional.

El 10 de octubre, un grupo de miembros del Parlamento presentó un proyecto de ley para sustituir el Decreto Ley 88 de 2011 sobre asociaciones que, de aprobarse, socavaría la independencia de la sociedad civil.⁷ El 11 de diciembre, el primer ministro anunció que un comité intersectorial trabajaría en la redacción de una nueva ley.

Libertad de reunión

Según el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES), hasta noviembre se produjeron en 2023 3.016 acciones de protesta. La policía permitió que se celebraran la mayoría de las manifestaciones, pero dispersó algunas. Por ejemplo, el 9 de febrero, varios trabajadores y trabajadoras agrícolas que protestaban en la plaza de la Kasba de Túnez capital fueron detenidos, y sus teléfonos, registrados.

En marzo, un fiscal de Siliana, localidad del norte de Túnez, procesó a 28 personas en relación con manifestaciones por el derecho al agua. El 8 de junio, un tribunal de la ciudad de Sfax, en el sudeste del país, condenó al menos a 4 activistas ambientales a 8 meses de prisión por obstrucción del trabajo.

Derecho a un juicio justo

Se siguió negando reparación a jueces y juezas a quienes se había destituido sumariamente por decreto presidencial en junio de 2022. No se emprendió ninguna acción judicial tras las demandas individuales presentadas el 23 de enero por 37 de las personas afectadas contra el ministro de Justicia por no haberse ejecutado la orden de un tribunal administrativo de Túnez capital de readmitir a 49 de los 57 miembros de la judicatura y la fiscalía cesados.

La independencia del poder judicial y el derecho a un juicio justo se vieron socavados por unas declaraciones públicas del presidente en las que instaba a procesar a quienes criticaban al gobierno.

Las autoridades judiciales renovaron arbitrariamente las órdenes de detención en espera de juicio dictadas contra al menos 20 destacados opositores, personalidades públicas y personas supuestamente críticas con el presidente Saied que llevaban entre 5 meses y 2 años en prisión por acusaciones infundadas de conspiración y terrorismo, entre otras.⁸

Los tribunales militares siguieron procesando a civiles. El 20 de enero, un tribunal militar de apelación impuso a 6 civiles, entre ellos 4 políticos de la oposición integrantes de la coalición Al Karama y un destacado abogado, penas de entre 5 y 14 meses de prisión por cargos como insultar y amenazar a un funcionario público.⁹

Impunidad

Las autoridades no exigieron responsabilidades a miembros de las fuerzas de seguridad y representantes políticos que habían sido acusados con fundamento de violaciones de derechos humanos.

Un tribunal de Túnez capital multó a seis personas por haber grabado en enero a la policía cuando golpeaba a un hombre en El Kabbaria, barrio del sur de la ciudad, y publicar las imágenes en Internet. Entre las personas procesadas figuraban miembros de la Asociación Generación Antimarginalización y la víctima de los golpes.

El 2 de marzo, un juez de instrucción presentó cargos falsos contra Sihem Ben Sedrine, exdirectora de la Comisión de la Verdad y la Dignidad, por su labor al frente de ésta, y le impuso la prohibición de viajar.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Durante el año se produjo un marcado deterioro de la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

El 21 de febrero, el presidente Saied hizo comentarios discriminatorios y llenos de odio que desencadenaron un repunte de la violencia racista contra las personas negras por parte de la ciudadanía y la policía, así como cientos de detenciones arbitrarias.¹⁰

El 11 de abril, la policía utilizó gas lacrimógeno de manera excesiva contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que participaban en una sentada frente a las oficinas del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Túnez capital y detuvo y golpeó bajo custodia a muchas de ellas.

A partir de julio, las autoridades de seguridad practicaron redadas y llevaron a cabo expulsiones arbitrarias colectivas a Libia y Argelia, que afectaron a varios miles de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, incluidos niños y niñas. Según el ACNUR, al menos 28 personas murieron en la región del desierto de la frontera libia entre julio y agosto. Estas expulsiones colectivas se realizaban sin evaluaciones individualizadas ni procesos judiciales. Muchas de ellas se llevaban a cabo tras interceptaciones en el mar, que aumentaron exponencialmente a partir de julio y que a menudo se hacían con maniobras imprudentes que causaban lesiones a las personas migrantes. La policía y la Guardia Nacional infligían tortura y otros malos tratos durante el desembarco, la expulsión y el tiempo de reclusión.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Tras la supresión de las disposiciones sobre paridad de género de la ley electoral, los avances en esta materia retrocedieron con la elección del nuevo Parlamento, de cuyos 161 escaños sólo 25 estaban ocupados por mujeres.

La Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas documentó al menos 21 femicidios y afirmó que había prestado apoyo a más de 600 mujeres que denunciaron haber sido objeto de violencia.

En marzo, un colectivo nacional de mujeres trabajadoras del campo pidió reformas legislativas para garantizar su acceso a cobertura sanitaria, transporte seguro y un medio de vida digno. Según un estudio del FTDES, el 92% de las trabajadoras agrícolas entrevistadas no se beneficiaban de la protección social.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las campañas de odio y el acoso contra las personas LGBTI y sus defensores y defensoras aumentaron significativamente.

En julio, Damj, la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad, denunció que miembros de las fuerzas de seguridad habían amenazado con cerrarle sus oficinas. El 8 de agosto, Damj presentó una denuncia a raíz de una campaña de difamación y odio en Internet.

Los tribunales siguieron imponiendo penas de hasta dos años de prisión en virtud del artículo 230 del Código Penal, que tipificaba como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo.

Derecho a la alimentación

La crisis económica y del coste de la vida que sufría Túnez se agravó, lo que puso aún más en peligro el acceso a una serie de derechos socioeconómicos entre los que figuraba el derecho a la alimentación.

Según el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de noviembre de 2023, la inflación del precio de los alimentos se situó en el 14,5% con respecto a 2022. La escasez de alimentos básicos se hizo crónica. En el primer semestre, el Gobierno redujo su gasto en subvenciones a la alimentación en un 19% con respecto al mismo periodo de 2022.

Derecho al agua

Túnez soportó la peor sequía sufrida desde que se tenían registros. El 31 de marzo, la empresa estatal de suministro de agua anunció que efectuaría cortes nocturnos, y el Ministerio de Agricultura anunció restricciones en el uso del agua corriente, que se renovaron por tiempo indefinido el 28 de septiembre. En los comunicados oficiales no se precisaba claramente qué zonas se verían afectadas por los cortes ni se explicaban las discrepancias entre las que no sufrían ninguno y las que los sufrían durante más tiempo, incluso durante el día. El 20 de noviembre, el director de la empresa estatal de suministro de agua dijo que las discrepancias se debían a diferencias de altitud que afectaban a la disponibilidad hídrica. En un informe de julio, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento destacó que el gobierno había dado prioridad en repetidas ocasiones al uso del agua por parte de sectores económicos poderosos, como las grandes explotaciones agrícolas y mineras, frente al agua necesaria para beber y para uso doméstico.

Derecho a un medioambiente saludable

Túnez sufría cada vez más los efectos adversos del cambio climático y soportó una sequía, una ola de calor e incendios forestales que alcanzaron niveles récord. El 14 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente presentó un proyecto de código medioambiental que incluía un apartado sobre la lucha contra el cambio climático y proponía crear un órgano superior encargado de la “transición ecológica”.