Resumen

Las autoridades intensificaron la represión de la disidencia, presentando cargos infundados contra figuras destacadas de la oposición y otras voces críticas. Un grupo de miembros del Parlamento propuso legislación represiva que amenazaba a las organizaciones independientes de la sociedad civil. Se procesó injustamente a decenas de personas que se manifestaban por la justicia social y la protección ambiental. Se siguió menoscabando la independencia judicial, la rendición de cuentas y el derecho a un juicio justo. Unos comentarios racistas del presidente desencadenaron una oleada de agresiones y detenciones contra personas negras. Las autoridades aumentaron exponencialmente las interceptaciones en el mar y llevaron a cabo expulsiones colectivas a gran escala hasta las fronteras con Argelia y Libia. La representación de las mujeres en el Parlamento se redujo a la mitad. Las personas LGBTI y los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de acoso y de una campaña de odio en Internet. Las crisis del coste de la vida y del medioambiente que sufría Túnez se agravaron, lo que afectó directamente al acceso a los alimentos y al agua.