Resumen

Las partes en el conflicto armado de Siria continuaron cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra y abusos flagrantes contra los derechos humanos. Las fuerzas del gobierno y las aliadas con ellas llevaron a cabo ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes civiles mediante bombardeos aéreos y de artillería que mataron e hirieron a cientos de personas en Idlib y Hama, en el noroeste de Siria. Las fuerzas del gobierno continuaron restringiendo el acceso a ayuda humanitaria y asistencia médica a la población civil de zonas bajo su control. Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a civiles y a ex combatientes que se habían reconciliado con el gobierno, y siguieron manteniendo bajo custodia a decenas de miles de personas —entre ellas activistas cuya labor era pacífica, personal humanitario, profesionales del derecho y periodistas—, sometiendo a muchas a desaparición forzada y tortura u otros malos tratos y causando muertes bajo custodia. Los grupos armados que actuaban con el apoyo de Turquía continuaron sometiendo a la población civil de Afrín a abusos muy diversos, que incluían confiscación y saqueo de bienes y detención arbitraria. Había indicios de que tanto estos grupos como Turquía fueron responsables de ataques indiscriminados durante las hostilidades en el noreste de Siria. En esa misma región, el gobierno autónomo llevó a cabo varias detenciones arbitrarias. La coalición dirigida por Estados Unidos no investigó las numerosas muertes de civiles causadas por la campaña de bombardeos que había lanzado sobre Raqqa en 2017 contra el grupo armado autodenominado Estado Islámico. Las ofensivas militares lanzadas en el noroeste y el noreste de Siria causaron el desplazamiento interno de 684.000 y de 174.600 personas, respectivamente. Decenas de miles de personas desplazadas continuaron viviendo en campos improvisados de acogida, escuelas y mezquitas, que no ofrecían un nivel de vida adecuado.

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