Omán 2017/2018

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Omán 2017/2018

Las autoridades restringieron el derecho a la libertad de expresión y de asociación, valiéndose de procedimientos legales deficientes para suspender periódicos y detener, enjuiciar y condenar a periodistas por motivos penales y administrativos. Las familias de los defensores y defensoras de los derechos humanos estaban expuestas a sufrir hostigamiento e intimidaciones de las autoridades. Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la ley. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. La pena de muerte continuaba en vigor; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Información general

Omán mantuvo una postura neutral en la crisis regional en la que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto rompieron relaciones con Qatar, y también respecto de la coalición dirigida por Arabia Saudí que combatía en Yemen desde 2015.

Hubo una notable disminución de la información sobre cuestiones de derechos humanos en el país. La economía omaní siguió afectada por el descenso de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país; un déficit relativamente alto; la eliminación de subvenciones, sobre todo al petróleo; la subida de los precios de algunos servicios públicos, y la paralización temporal de la oferta de empleo público.

Libertad de expresión

El gobierno continuó imponiendo restricciones indebidas a la libertad de expresión. En enero, las autoridades ordenaron el despido de un periodista que estaba informando sobre la trata de personas para el comercio sexual en el país y retiraron la licencia de una periodista que divulgaba informes de que Omán había pedido ayuda económica a sus vecinos. En febrero, la Feria Internacional del Libro de Mascate, de carácter anual, suspendió la participación de dos escritores, aparentemente en relación con sus críticas al gobierno. En abril, las autoridades detuvieron al menos a dos hombres en relación con publicaciones en Facebook; fueron puestos en libertad posteriormente. En mayo, el gobierno bloqueó la publicación en Internet del diario Mowaten, que al finalizar el año seguía bloqueado.

El efecto disuasorio de los juicios contra el diario Azamn y sus periodistas siguió resonando tras la publicación por Azamn en 2016 de dos informaciones en las que se detallaban denuncias de corrupción en el gobierno y la judicatura. El gobierno renovó la suspensión temporal revisable del periódico a pesar de que la había anulado una sentencia judicial. En enero, el fiscal recurrió contra la absolución, en diciembre de 2016, de Zaher al Abri, periodista de Azamn. Quedó en libertad bajo fianza en agosto. El redactor jefe, Ibrahim al Maamari, y el redactor jefe adjunto, Youssef al Haj, quedaron en libertad en abril y octubre, respectivamente, tras haber cumplido sus condenas de prisión. En junio, la plantilla de Azamn solicitó ayuda económica al gobierno tras el cierre del periódico.

En enero, el Tribunal Superior de la capital, Mascate, anuló la pena de tres años de prisión impuesta al periodista Hassan al Basham, en parte debido a su precaria salud, y ordenó la devolución de la causa al Tribunal de Apelación; en noviembre se confirmó la condena inicial de tres años. En junio de 2016, el Tribunal de Apelación de Sohar había confirmado el fallo, que estaba basado en los cargos de “insultar” a Dios y al sultán.

En enero, un tribunal de apelación de Mascate anuló la pena de tres años de prisión y la multa de 1.000 riales omaníes (alrededor de 2.600 dólares estadounidenses) impuestas en octubre de 2016 al escritor Hamoud al Shukaily, miembro de la Sociedad Omaní de Escritores y Autores, por los cargos de incitación a la protesta o alteración del orden público, en relación con una publicación en Facebook de 2016.

Se aplazó en varias ocasiones el fallo del Tribunal de Apelación sobre el caso del escritor y crítico cinematográfico Abdullah Habib, condenado en noviembre de 2016 a tres años de prisión y al pago de una multa de 2.000 riales omaníes (alrededor de 5.200 dólares estadounidenses).

El 23 de mayo, un tribunal de primera instancia condenó al escritor e investigador Mansour al Mahrazi a tres años de prisión y al pago de una multa por los cargos de “menoscabar el Estado” y vulnerar las leyes sobre publicación al escribir y publicar un libro en Líbano sin autorización. Al finalizar el año había presentado un recurso contra la sentencia.

Derechos de las mujeres

Las mujeres sufrían discriminación en la legislación penal y en la relativa a la condición jurídica de las personas y a la familia, en asuntos como el divorcio, la custodia de los hijos e hijas, la herencia y la transmisión de la nacionalidad a sus descendientes.

Derechos laborales: trabajadores y trabajadoras migrantes

Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sufriendo explotación y abusos. Las personas empleadas en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres procedentes de Asia y África, denunciaban que los empleadores a los que estaban vinculados en virtud del sistema oficial de patrocinio (kafala) les confiscaban los pasaportes, las obligaban a trabajar durante un número excesivo de horas y sin periodos de descanso, no les pagaban el salario completo y les negaban una alimentación y condiciones de vida adecuadas. El sistema kafala no ofrecía a los trabajadores y trabajadoras domésticos todas las salvaguardias previstas en la Ley del Trabajo.

Pena de muerte

La pena de muerte continuaba en vigor para diversos delitos. No se tuvo noticia de ninguna sentencia condenatoria ni de ejecuciones.

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