Resumen

Las autoridades restringieron el derecho a la libertad de expresión y de asociación, valiéndose de procedimientos legales deficientes para suspender periódicos y detener, enjuiciar y condenar a periodistas por motivos penales y administrativos. Las familias de los defensores y defensoras de los derechos humanos estaban expuestas a sufrir hostigamiento e intimidaciones de las autoridades. Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la ley. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. La pena de muerte continuaba en vigor; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

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