Resumen

Las autoridades continuaron restringiendo la libertad de expresión y de asociación, y detuvieron a personas críticas con el gobierno y activistas de derechos humanos. Aunque la mayoría fueron puestas en libertad al cabo de unos días, algunas de las personas detenidas fueron enjuiciadas y encarceladas, lo que creó un ambiente de autocensura. Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. La pena de muerte continuaba en vigor; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

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