Libia 2020
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Libia 2020

Las milicias, grupos armados y terceros Estados que respaldaban a las partes beligerantes cometieron con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra. Los combates librados en la capital, Trípoli, y sus alrededores y en otras ciudades del oeste del país entre fuerzas leales al Gobierno de Acuerdo Nacional y las Fuerzas Armadas Árabes Libias mataron e hirieron a civiles, provocaron desplazamientos masivos y causaron daños en infraestructura civil, incluidos hospitales. En violación del embargo de armas de la ONU, Turquía, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros países, continuaron suministrando a sus aliados armas y equipos militares, incluidas minas terrestres antipersonal prohibidas. Miles de personas estaban recluidas arbitrariamente, sin juicio ni posibilidad de impugnar la legalidad de su detención. Las milicias y los grupos armados secuestraban a manifestantes, periodistas, profesionales de la medicina, personal del gobierno y activistas de la sociedad civil, entre otras personas, por su afiliación política, regional o tribal y su nacionalidad, reales o percibidas; tomaban rehenes para exigir rescate, e infligían tortura u otros malos tratos en centros de detención oficiales y no oficiales. Las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales siguieron siendo objeto de discriminación y de violencia. Las minorías étnicas tenían dificultades para acceder a atención sanitaria adecuada y a otros servicios esenciales. Autoridades, miembros de grupos armados y milicias, y bandas delictivas sometían sistemáticamente a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes detenidas a tortura y otros malos tratos, homicidio ilegítimo, violencia sexual y trabajo forzoso. Los tribunales militares impusieron condenas a muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Información general

Libia siguió dividida en dos entidades que competían por la legitimidad y el control territorial: el Gobierno de Acuerdo Nacional —respaldado por la ONU, dirigido por el primer ministro Fayez Serraj y con sede en Trípoli— y el Gobierno Provisional —con sede en el este del país y respaldado por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, conocidas también como Ejército Nacional Libio, dirigido por Khalifa Haftar, y la Cámara de Representantes, presidida por Ajila Saleh—.

En junio, el Gobierno de Acuerdo Nacional, que recibía abiertamente apoyo militar de Turquía, recuperó el control total de la capital y de otras ciudades del oeste de Libia y empujó a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, respaldadas por EAU, hacia el este, hacia Sirte, revirtiendo de hecho la ofensiva militar lanzada por las Fuerzas Armadas Árabes Libias en el oeste del país en abril de 2019. En octubre, las partes beligerantes firmaron un acuerdo permanente de alto el fuego.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, las autoridades nacionales y de facto de todo el país cerraron las fronteras e introdujeron otras restricciones a la circulación entre marzo y septiembre. El sistema de salud, debilitado por años de conflicto e inseguridad, tuvo dificultades para afrontar la situación. Libia fue el segundo país de África continental con mayores tasas de infección y mortalidad per cápita.

En octubre se reanudaron la producción y exportación de petróleo después de que la empresa petrolera nacional anulase la suspensión por fuerza mayor que había declarado en enero tras el bloqueo de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, que se prolongó de enero a septiembre. La interrupción empeoró la escasez de combustible y los cortes de electricidad en toda Libia.

Se celebraron elecciones municipales en los distritos de Ghat, Misrata y Al Zauiya. En agosto, durante las elecciones municipales de la localidad de Traghen, grupos armados relacionados con las Fuerzas Armadas Árabes Libias cerraron por la fuerza los colegios electorales.

El grupo armado autodenominado Estado Islámico reivindicó un pequeño número de ataques contra las fuerzas de seguridad locales en el sur de Libia.

Violaciones del derecho internacional humanitario y del embargo de armas de la ONU

Las milicias y los grupos armados cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario que, en algunos casos, constituyeron crímenes de guerra. Según la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, entre enero y junio perdieron la vida al menos 170 civiles y 319 resultaron heridos, en la mayoría de los casos como consecuencia de ataques indiscriminados efectuados con armas de poca precisión en zonas densamente pobladas, explosiones de restos de material bélico y ataques aéreos. Los combates también causaron daños en viviendas, hospitales y otras infraestructuras civiles. Seguía habiendo más de 316.000 personas internamente desplazadas debido al conflicto y a la inseguridad.

Los grupos armados y las milicias siguieron atacando centros médicos y secuestrando a profesionales sanitarios. En abril y mayo, fuerzas afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias bombardearon en Trípoli el hospital general de Al Jadra, designado por el Ministerio de Sanidad para tratar a pacientes de COVID-19, e hirieron al menos a 14 civiles, además de causar daños materiales.

Milicias afines al Gobierno de Acuerdo Nacional llevaron a cabo ataques de represalia contra civiles por sus presuntos vínculos con fuerzas rivales. Entre abril y junio, saquearon viviendas civiles, hospitales y edificios públicos, e incendiaron propiedades en zonas recuperadas de manos de las Fuerzas Armadas Árabes Libias y los grupos armados aliados con ellas en ciudades como Surman, Sabratha, Al Asabah y Tarhuna, así como en algunos barrios de Trípoli.1

En mayo, agentes no estatales afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias causaron víctimas civiles al colocar gran cantidad de material explosivo suministrado por Rusia, como minas terrestres antipersonal prohibidas activadas por acción remota y otras trampas explosivas, en viviendas y otros lugares de carácter civil en las zonas de las que se retiraban en Trípoli y sus alrededores.

A partir de junio, fuerzas afines al Gobierno de Acuerdo Nacional descubrieron varias fosas comunes en Tarhuna y sus alrededores, algunas de las cuales contenían cuerpos de mujeres, niños y niñas y hombres víctimas presuntamente de homicidio ilegítimo a manos de Al Kaniat, grupo afín a las Fuerzas Armadas Árabes Libias. El Gobierno de Acuerdo Nacional anunció investigaciones, pero las autoridades competentes dijeron que la falta de medios mermaba su capacidad para realizar su trabajo.

Varios países violaron el embargo de armas establecido por la ONU desde 2011. Turquía suministró al Gobierno de Acuerdo Nacional armas y equipos, estableció una presencia militar e intervino directamente con ataques aéreos en los que, en junio, por ejemplo, murieron al menos 17 civiles y otros 12 resultaron heridos en Qasr Bin Ghashir, al suroeste de Trípoli. EAU proporcionó a las Fuerzas Armadas Árabes Libias drones Wing Loong de fabricación china y los utilizó en su nombre en al menos un incidente en enero, en el que murieron varios hombres que no participaban directamente en las hostilidades. Las Fuerzas Armadas Árabes Libias usaron vehículos blindados fabricados en Egipto.

EAU usó bases aéreas militares situadas en Egipto para lanzar ataques aéreos y enviar armas a las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Tanto el Gobierno de Acuerdo Nacional como las Fuerzas Armadas Árabes Libias usaron a nacionales de terceros países en sus operaciones militares. Turquía reclutó y llevó a Libia a nacionales sirios, menores de edad incluidos, para combatir en el bando del Gobierno de Acuerdo Nacional. Combatientes extranjeros, empleados por la empresa privada militar rusa Wagner, lucharon junto con las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

Libertad de expresión

Las milicias y los grupos armados siguieron llevando a cabo ataques selectivos contra periodistas y usuarios y usuarias de redes sociales, a quienes sometían a detención arbitraria y amenazas sólo por haber expresado opiniones críticas o llevar a cabo su trabajo.

En Trípoli y Misrata, las milicias paraban vehículos en puestos de control, obligaban a sus ocupantes a desbloquear sus teléfonos y detenían a quienes, en su opinión, tenían contenidos críticos en ellos.

En julio, un tribunal militar del este de Libia declaró al periodista Ismail Bouzreeba al Zway culpable de cargos de “terrorismo” y lo condenó a 15 años de prisión sólo por su trabajo en los medios de comunicación y sus opiniones críticas hacia las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

En agosto, la milicia Al Nawasi, dependiente en teoría del Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional, secuestró al periodista radiofónico Samy al Sherif y lo mantuvo 11 días recluido en un lugar no revelado por su cobertura de las protestas de Trípoli.

Libertad de reunión y de asociación

En agosto y septiembre, la gente se echó a la calle en todo el país, tanto en las zonas bajo control del Gobierno de Acuerdo Nacional como en las controladas por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, para celebrar inusitadas protestas contra el empeoramiento de las condiciones de vida, el nepotismo y la falta de rendición de cuentas de las milicias. Las milicias y los grupos armados respondieron con uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.

En agosto, la milicia Al Nawasi usó munición real, incluso con ametralladoras pesadas, para dispersar manifestaciones en Trípoli, e hirió al menos a tres hombres; además, sometió a desaparición forzada al menos a 13 manifestantes durante 12 días, tras los cuales fueron puestos en libertad sin cargos. El Gobierno de Acuerdo Nacional desplegó milicias en Trípoli e impuso el toque de queda para disuadir de la celebración de nuevas protestas.2

En septiembre, grupos armados afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias usaron munición real para dispersar protestas en las ciudades orientales de Bengasi y Al Marj, localidad donde mataron al menos a un hombre e hirieron al menos a otros tres. Fueron detenidos al menos 11 hombres en relación con las protestas.

En octubre, personal de organizaciones de la sociedad civil de las zonas controladas por el Gobierno de Acuerdo Nacional denunció que la Comisión de la Sociedad Civil le había pedido que se comprometiera a no comunicarse con actores internacionales sin autorización previa. Activistas de la sociedad civil, tanto de las zonas bajo control del Gobierno de Acuerdo Nacional como de las controladas por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, denunciaron haber sido objeto de amenazas, vigilancia e intimidación de milicias o grupos armados.

Detención y privación de libertad arbitrarias

Las milicias, los grupos armados y las fuerzas de seguridad continuaban manteniendo recluidas arbitrariamente, sin cargos ni juicio, a miles de personas, algunas de la cuales llevaban hasta 10 años en esta situación. El Gobierno de Acuerdo Nacional anunció la excarcelación de alrededor de 1.900 personas debido a los riesgos que comportaban los brotes de COVID-19 en los entornos de privación de libertad.

En junio, en la ciudad de Aydabiya, controlada por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, fueron secuestrados al menos 11 hombres de la tribu de Magharba, que quedaron privados de libertad debido a sus presuntos vínculos familiares con Ibrahim Jadran, ex líder de la Guardia de las Instalaciones Petroleras, grupo armado rival de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

En el oeste del país, las milicias afines al Gobierno de Acuerdo Nacional, entre ellas las Fuerzas Especiales de Disuasión (Rada), la Brigada Bab Tajoura, Al Nawasi, la Brigada Abu Selim y la Fuerza de Apoyo de Al Zauiya-Primera División, seguían manteniendo recluidas ilegalmente a decenas de personas.

Durante el año, familiares de las personas que llevaban años recluidas arbitrariamente, sin ningún procedimiento judicial, en la prisión de Mitiga, en Trípoli, controlada por la Rada y dependiente en teoría del Gobierno de Acuerdo Nacional, organizaron varias protestas pidiendo su libertad.

Tortura y otros malos tratos

Las milicias y los grupos armados recurrían sistemáticamente y con impunidad a la tortura y otros malos tratos en los centros de detención oficiales y no oficiales, donde sometían a las personas detenidas a palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, suspensión en posturas forzadas y violencia sexual. Especialmente en enero, mayo y septiembre circularon en las redes sociales vídeos de tortura y violencia sexual emitidos a veces en directo y en los que, según activistas, participaban miembros de una milicia aliada con el Gobierno de Acuerdo Nacional y de grupos armados afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

En julio, Tarek Abdelhafiz, de 30 años, murió por torturas bajo custodia de la 128 Brigada, grupo armado afín a las Fuerzas Armadas Árabes Libias que lo había capturado en la localidad de Hon 14 días antes.3

En agosto, miembros de la milicia Al Nawasi, y grupos armados afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias propinaron palizas a varias personas detenidas en relación con las protestas de Trípoli y Al Marj, respectivamente.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas estaban expuestas a sufrir violencia sexual y de género a manos de agentes estatales y no estatales sin que las autoridades les ofrecieran protección ni resarcimiento. También encontraban obstáculos para pedir justicia en caso de violación y otros actos de violencia sexual, como el riesgo de ser procesadas por mantener relaciones sexuales extramatrimoniales, penalizadas en Libia, y de sufrir la venganza de los violadores denunciados. Las mujeres que se dedicaban al activismo y a la política recibían amenazas e insultos sexistas en Internet.

En abril, miembros del grupo armado Al Kaniat secuestraron al menos a cuatro mujeres, probablemente como represalia por la vinculación de su familia con el Gobierno de Acuerdo Nacional.

En noviembre, hombres armados no identificados mataron a tiros en público a la abogada Hanan al Barassi en Bengasi, al día siguiente de que hubiera dicho en las redes sociales que iba a difundir un vídeo en el que denunciaba la corrupción de Saddam Haftar, hijo del líder de las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Hanan al Barassi había criticado activamente la corrupción de varias personas vinculadas a los grupos armados del este de Libia, por lo que tanto ella como su hija habían recibido amenazas de muerte.

Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica, sobre todo en relación con el matrimonio, el divorcio y la herencia. En octubre, el Consejo Judicial Supremo nombró a cinco juezas para dos tribunales especiales recién creados en Trípoli y Bengasi para ver casos de violencia contra las mujeres y los niños y niñas. Los tribunales no funcionaban al terminar el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Los artículos 407 y 408 del Código Penal penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas. La Rada siguió deteniendo a hombres por su presunta orientación sexual o identidad de género, y los sometía a tortura y otros malos tratos.

Discriminación

Minorías étnicas

Parte de la comunidad tubu del sur de Libia tenía dificultades para acceder a servicios médicos adecuados, porque los centros de salud locales importantes estaban en zonas controladas por grupos armados rivales. A algunos miembros de las comunidades tubu y tuareg del sur del país se les negaba también el acceso a servicios esenciales, como la educación y la atención médica, porque carecían de documentos de identidad.4

Impunidad

Las autoridades y los miembros de milicias y grupos armados responsables de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos gozaban de impunidad casi total. Las milicias y los grupos armados sometían a hostigamiento a jueces y fiscales.

Las autoridades de ambas partes en el conflicto seguían ignorando las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra Saif al Islam Gadafi, Al Tuhamy Mohamed Khaled y Mahmoud al Werfalli. Este último, buscado por la Corte Penal Internacional por el asesinato de 33 personas en Bengasi y sus alrededores, seguía siendo un alto mando de la Fuerza Saiqa de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

En abril, Ahmad al Dabbashi, conocido también como Al Amu (el tío), fue visto combatiendo junto con fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional en Sabratha a pesar de que la Fiscalía libia había dictado orden de detención contra él y de que figuraba en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU de junio de 2018 por su papel en la trata de personas en Libia.

En una iniciativa poco habitual, el 14 de octubre, el Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional anunció la detención de Abdelrahman Milad, conocido también como Bidja, por su participación en la trata de personas.

En junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una misión de investigación sobre los abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos por todas las partes en el conflicto de Libia desde 2016.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Las personas refugiadas y migrantes eran sometidas de manera sistemática y generalizada a abusos y violaciones de derechos humanos por autoridades, miembros de milicias y grupos armados, y bandas delictivas.5

La Guardia Costera Libia interceptó a 11.891 personas refugiadas y migrantes en el mar y las llevó de regreso a las costas libias, donde fueron sometidas a desaparición forzada, detención arbitraria e indefinida, tortura, trabajo forzoso y extorsión. Miles de las personas desembarcadas fueron recluidas indefinidamente en centros administrados por la Dirección General para la Lucha contra la Inmigración Ilegal, dependiente del Ministerio del Interior, sin posibilidad de recurrir contra la legalidad de su detención. Miles más fueron objeto de desaparición forzada tras ser trasladadas a centros de detención no oficiales, como la Fábrica de Tabaco, controlada por una milicia afín al Gobierno de Acuerdo Nacional y dirigida por Emad al Tarabulsi en Trípoli. Se ignoraban su suerte y su paradero.

Italia y otros Estados miembros de la Unión Europea siguieron apoyando a la Guardia Costera Libia, a la que donaron lanchas patrulleras y a cuyas tripulaciones proporcionaron entrenamiento (véase el apartado sobre Italia).

Funcionarios del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, miembros de las milicias y grupos armados, y traficantes sometían sistemáticamente a las personas refugiadas y migrantes a condiciones inhumanas y masificadas de reclusión, tortura y otros malos tratos y trabajo forzoso. Algunas eran torturadas o violadas hasta que sus familias pagaban un rescate. Las mujeres y las niñas corrían especial riesgo de violación y otros actos de violencia sexual.

Las Fuerzas Armadas Árabes Libias y los grupos armados afines a ellas expulsaron a más de 6.000 personas refugiadas y migrantes del este de Libia a países vecinos sin el debido proceso ni oportunidad de recurrir contra la decisión de deportación o de solicitar protección internacional. Muchas fueron abandonadas en las fronteras terrestres sin comida ni agua.

Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, las agencias de la ONU suspendieron temporalmente los programas de repatriación y reasentamiento. Durante el año, sólo fueron evacuadas 811 personas refugiadas, mientras que 2.739 fueron devueltas a su país de origen.

Mientras las hostilidades se intensificaban en Trípoli y Tarhuma en mayo y junio, las milicias y los grupos armados obligaron a la población refugiada y migrante a participar en operaciones militares, para transportar armas y otros equipos a zonas de combate, poniendo así en peligro su vida y su seguridad.

En mayo, unos traficantes dispararon en Mazda, localidad situada 180 kilómetros al sur de Trípoli, contra un grupo de alrededor de 200 personas refugiadas y migrantes, de las que 30 murieron y otras resultaron heridas. En julio, las fuerzas de seguridad de la ciudad de Al Jums abrieron fuego contra un grupo de personas refugiadas y migrantes desarmadas detenidas que trataron de huir, matando a tres e hiriendo a dos.

Pena de muerte

La legislación libia mantenía la pena de muerte para un gran abanico de delitos no circunscritos al homicidio intencional. En mayo, sendos tribunales militares de las ciudades controladas por las Fuerzas Armadas Árabes Libias de Bengasi y Al Baida impusieron la pena de muerte a civiles tras juicios manifiestamente injustos. Las personas condenadas no tuvieron acceso a las pruebas presentadas contra ellas ni derecho a una defensa adecuada.


  1. Libia: Los ataques de represalia contra civiles deben cesar e investigarse (noticia, 5 de junio)
  2. Libia: Armamento pesado para dispersar manifestaciones pacíficas en las que se reclaman derechos económicos (noticia, 26 de agosto)
  3. Libia: Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben abordar en el examen periódico las torturas generalizadas (noticia, 10 de noviembre)
  4. Libia: Una discriminación histórica amenaza el derecho a la salud de las minorías del sur en la crisis de la COVID-19 (noticia, 20 de abril)
  5. “Entre la vida y la muerte”: Personas refugiadas y migrantes atrapadas en la espiral de abusos de Libia (MDE 19/3084/2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional