Líbano 2023

Las hostilidades transfronterizas entre el grupo armado libanés Hezbolá y las fuerzas israelíes se intensificaron tras los ataques efectuados el 7 de octubre por grupos armados palestinos de Gaza contra el sur de Israel. En el contexto de la persistente crisis económica, el gobierno libanés no protegió adecuadamente los derechos de la población a la salud, la seguridad social y la vivienda, lo que tuvo efectos especialmente devastadores en los grupos marginados. La impunidad seguía siendo generalizada, incluso para los responsables de la mortal explosión del puerto de Beirut en 2020. Las autoridades intensificaron el uso de la legislación penal sobre difamación e injurias para reprimir la libertad de expresión y tomar represalias contra quienes manifestaban críticas, en particular contra periodistas, sindicalistas y activistas. Asimismo, atacaron sistemáticamente los derechos de las personas LGBTI. Algunas autoridades fomentaron la hostilidad hacia las personas refugiadas.

Información general

Las consecuencias de la crisis económica iniciada en 2019 se agravaron. La inacción de las autoridades para hacerle frente dejó a millones de personas sin acceso a sus derechos, entre ellos la alimentación, el agua, la educación y la salud. Según UNICEF, el 86% de los hogares no podían adquirir artículos de primera necesidad. El 15 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional criticó la falta de acción de las autoridades libanesas con respecto a las urgentes reformas económicas necesarias para desbloquear un paquete de ayuda de miles de millones de dólares.

El estancamiento político obstaculizó la toma de decisiones: el gobierno siguió funcionando en calidad de interino y el Parlamento no pudo elegir presidente.

Desde el 7 de octubre, las hostilidades transfronterizas en el sur de Líbano se intensificaron considerablemente. Los bombardeos de las fuerzas israelíes causaron la muerte de al menos 20 civiles, y las armas disparadas por Hezbolá y otros grupos armados de Líbano contra el norte de Israel mataron al menos a 4 civiles israelíes.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Fuerzas israelíes

El ejército israelí lanzó proyectiles de artillería que contenían fósforo blanco en operaciones militares a lo largo de la frontera sur de Líbano entre el 10 y el 16 de octubre. Amnistía Internacional pidió que se investigara como posible crimen de guerra un ataque del 16 de octubre contra la localidad de Dhayra.¹

Tres periodistas de Líbano murieron en el sur del país mientras cubrían la información sobre las hostilidades. El 13 de octubre, la artillería israelí disparó contra el sur de Líbano y mató al periodista de Reuters Issam Abdallah e hirió a 6 periodistas más. Amnistía Internacional verificó más de 100 vídeos y fotografías, analizó fragmentos de armas del lugar de los hechos y entrevistó a 9 testigos. Los resultados del examen indicaban que se podía identificar visiblemente a esas personas como un grupo de periodistas y que el ejército israelí sabía o debería haber sabido que eran civiles, no obstante lo cual había efectuado 2 ataques con 37 segundos de diferencia. Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que en ambos casos los disparos constituían probablemente un ataque directo contra civiles que debía investigarse como crimen de guerra.² El 21 de noviembre, la reportera Farah Omar y el camarógrafo Rabih Maamari del canal de televisión Al Mayadeen, junto con su guía local, Hussein Akil, murieron en un ataque contra el pueblo de Teir Harfa, en el distrito de Tiro.

Derecho a la salud

El gobierno no mitigó los efectos de la crisis económica en el derecho a la salud de la población. Tras haber eliminado las subvenciones a la mayoría de los medicamentos en 2021 y 2022, los precios se dispararon. Como consecuencia, la demanda de medicamentos gratuitos o de bajo coste proporcionados por los centros públicos de atención primaria de salud aumentó drásticamente, mientras que la financiación gubernamental de los centros disminuyó, con lo que se negó a la población el acceso a medicamentos vitales. Los grupos marginados resultaron desproporcionadamente afectados.

Una investigación de Amnistía Internacional publicada en junio concluyó que el rápido aumento del número de muertes bajo custodia entre 2019 y 2022 se había debido en parte a la falta de atención médica adecuada.³ Las prisiones tenían muy poco personal médico y carecían de medicamentos básicos, y el gobierno no pagaba a los hospitales privados ni públicos para que trataran a las personas presas, lo que a veces los obligaba a rechazarlas incluso cuando era necesario un tratamiento de urgencia.

El gobierno aún no había adoptado un programa de protección social universal ni había tomado las medidas necesarias para financiarlo. Una parte significativa de la población, sobre todo la que trabajaba en el sector informal, carecía de todo tipo de protección social, y las ayudas a las personas con derecho a ellas solían ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Los limitados programas libaneses de ayuda monetaria para combatir la pobreza no pudieron atender a un gran número de personas en situación de extrema necesidad.

Derecho a la vivienda

El impacto de los terremotos de Turquía y Siria en febrero se sintió en todo Líbano. Muchos habitantes de las zonas afectadas, sobre todo de la ciudad costera libanesa de Trípoli, vivían ya en edificios en peligro de derrumbe. Las promesas del gobierno de evaluar la integridad estructural de los edificios y cubrir el coste de un alojamiento alternativo durante tres meses para quienes habitaran en viviendas consideradas en peligro no se materializaron. El 16 de octubre se derrumbó un edificio en la localidad de Mansourieh, en el distrito de Metn (gobernación de Monte Líbano), lo que causó la muerte de ocho personas.

Impunidad

La impunidad seguía siendo generalizada.

La investigación sobre la explosión del puerto de Beirut en 2020 permanecía suspendida desde diciembre de 2021 debido a acciones judiciales entabladas contra jueces a cargo de ella por figuras políticas citadas para ser interrogadas o acusadas en relación con el caso.⁴ El 25 de enero, dos días después de que el juez principal, Tarek Bitar, intentara reanudar la investigación, la fiscalía general presentó cargos contra él, entre ellos el de “usurpación de poder”, y ordenó la puesta en libertad de todos los detenidos en relación con la explosión. El Colegio de Abogados de Beirut y la Asociación Libanesa de Jueces afirmaron que la decisión de poner en libertad al resto de sospechosos era ilegal. En marzo, Australia emitió una declaración conjunta en nombre de 38 Estados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para expresar su temor de que la investigación nacional sobre la explosión se hubiera topado con obstrucción sistemática, injerencias, actos de intimidación y un estancamiento político.

No hubo avances significativos en la investigación del asesinato del activista e intelectual Lokman Slim, que había aparecido muerto a tiros en su automóvil el 4 de febrero de 2021 en el sur de Líbano.⁵ El 2 de febrero, especialistas en derechos humanos de la ONU expresaron su profunda preocupación por la falta de avances para garantizar la rendición de cuentas por el crimen.

Libertad de expresión

Las autoridades utilizaron cada vez con mayor frecuencia las leyes penales sobre difamación e injurias para reprimir las críticas y atacar con represalias, hostigamiento o intimidaciones a quienes las criticaban.

Amnistía Internacional documentó los casos de 10 periodistas, sindicalistas y activistas a quienes, debido a sus críticas, se había citado para un interrogatorio en relación con querellas por injurias y difamación interpuestas en su contra por personas poderosas. Los organismos de seguridad y militares que citaron e interrogaron a las personas señaladas no salvaguardaron su derecho al debido proceso y actuaron con conductas intimidatorias, como amenazas de detención o presiones para que firmaran un compromiso por el que dejarían de criticar a quienes habían presentado las querellas. Las disposiciones sobre difamación e injurias figuraban en el Código Penal, la Ley de Publicaciones y el Código de Justicia Militar y preveían penas de hasta tres años de prisión.

El 11 de julio, la periodista Dima Sadek fue condenada a un año de prisión y al pago de una multa por cargos penales de difamación e incitación tras haber criticado en Twitter (ahora X) a miembros de un partido político.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las autoridades atacaron sistemáticamente los derechos humanos de las personas LGBTI e incitaron a la violencia contra ellas.

En julio, nueve miembros del Parlamento presentaron un proyecto de ley para derogar el artículo 534 del Código Penal, que castigaba “toda relación sexual contra natura” con penas de hasta un año de prisión y una multa. Como respuesta, en agosto, un parlamentario y el ministro de Cultura presentaron dos proyectos de ley distintos que tipificaban explícitamente como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y la “promoción de la homosexualidad”.

En 23 de agosto, miembros de los Soldados de Dios, grupo radical cristiano, atacaron al público de un espectáculo drag en un bar de Beirut y amenazaron con ejercer más violencia contra las personas LGBTI. Las Fuerzas de Seguridad Interna llegaron allí durante el ataque, pero no arrestaron a nadie.

El 25 de agosto, 18 organizaciones de medios de comunicación emitieron una declaración conjunta contra la represión de las libertades, incluidos los ataques a las personas LGBTI.

El 5 de septiembre, la Coalición para la Defensa de la Libertad de Expresión en Líbano, integrada por 15 organizaciones libanesas e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, instó a las autoridades a desechar de inmediato las leyes propuestas contra las personas LGBTI y a poner fin a los ataques contra los derechos y las libertades.⁶

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Líbano seguía acogiendo el mayor número de personas refugiadas por habitante del mundo, con una cifra estimada de 1,5 millones procedentes de Siria, incluidas 795.322 inscritas en el registro del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y 13.715 de otras nacionalidades. Según el ACNUR, el 90% de la población refugiada siria vivía en condiciones de extrema pobreza.

En el primer semestre del año, el entorno hostil para las personas refugiadas se vio exacerbado por un alarmante aumento de la retórica contra ellas, en algunos casos alimentada por las autoridades y fuerzas políticas locales.

En abril y mayo, las Fuerzas Armadas Libanesas asaltaron casas de personas refugiadas sirias, registradas en su mayoría en el ACNUR o conocidas por este organismo, en zonas de todo Líbano, como Monte Líbano, Junia, Qob Elias y Bourj Hammoud, y expulsaron a casi todas ellas del país de inmediato. Algunas fueron detenidas o desaparecieron a su regreso a Siria. Amnistía Internacional supo por personas afectadas que no se les había concedido el derecho a impugnar su expulsión ni a argumentar su solicitud de protección.

El 11 de mayo, 20 organizaciones nacionales e internacionales pidieron a las autoridades que pusieran fin a las expulsiones sumarias a Siria, ya que quebrantaban el principio de no devolución (non-refoulement). También pidieron a la comunidad internacional que aumentara su ayuda a Líbano y reasentara a más personas refugiadas que vivían en el país.

En septiembre, las Fuerzas Armadas Libanesas asaltaron campos de refugiados en la región de la Becá y en la localidad de Arsal y confiscaron cajas de Internet, paneles solares y baterías.

Derecho a un medioambiente saludable

Las autoridades libanesas no consiguieron abandonar el gasóleo pesado para alimentar sus centrales eléctricas, como había previsto el Plan Eléctrico 2022 del gobierno. Al mismo tiempo, la escasez generalizada de electricidad estatal obligó a la población a depender de generadores privados de gasóleo, caros y muy contaminantes.

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