Kuwait 2016/2017

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Kuwait 2016/2017

Las autoridades restringieron aún más la libertad de expresión y enjuiciaron y encarcelaron a personas críticas con el gobierno en aplicación de leyes sobre difamación; entre esas personas había presos y presas de conciencia. Se seguía discriminando a la minoría bidun, a la que se negaban los derechos asociados a la ciudadanía. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban sin gozar de protección adecuada contra la explotación y los abusos. Los tribunales impusieron nuevas condenas a muerte; no se tuvo constancia de ninguna ejecución.

Información general

El 31 de diciembre de 2015, el Parlamento había aprobado una nueva ley que rebajaba la mayoría de edad de los 18 a los 16 años. Cuando se promulgara la ley, en enero de 2017, toda persona de 16 o 17 años que fuera detenida, sería juzgada como adulto y, en algunos casos, podría ser condenada a muerte.

El Comité de la ONU contra la Tortura examinó en julio el tercer informe periódico de Kuwait.1 El Comité expresó posteriormente su preocupación por unas propuestas de reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal que aumentaban a 4 días (el doble) el periodo de detención policial sin comparecencia ante un juez y de 10 a un máximo de 21 la detención preventiva en espera de juicio.

En julio, tras examinar el tercer informe de Kuwait sobre su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU formuló recomendaciones al gobierno, especialmente en relación con la reforma de las leyes penales sobre blasfemia e insultos; la penalización de la violencia en el ámbito familiar, incluida la violación conyugal, y la adopción de medidas para abordar la apatridia de los bidun.2

Kuwait seguía formando parte de la coalición internacional, encabezada por Arabia Saudí, que participaba en el conflicto armado de Yemen (véase el apartado sobre Yemen).

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades restringieron aún más la libertad de expresión. En enero entró en vigor una nueva ley sobre ciberdelitos que restringió aún más el ejercicio de la libertad de expresión en Internet, al penalizar las críticas pacíficas al gobierno, la judicatura y otras instituciones con hasta 10 años de prisión. También en enero, el Parlamento aprobó una ley sobre medios de comunicación electrónicos que regulaba todas las publicaciones en Internet, incluidos los servicios de noticias electrónicos, los periódicos en línea, la televisión, las redes sociales y los blogs, imponiéndoles la obligación legal de obtener una licencia del gobierno para operar. Las autoridades empezaron a aplicar la nueva ley en julio. En febrero, la Ley de Prensa y Publicaciones se modificó para incluir las publicaciones en Internet. En junio entró en vigor una nueva ley que prohibía presentarse como candidato al Parlamento a las personas declaradas culpables en sentencia firme de insultar a Dios, los profetas o el emir, lo que impedía de hecho la elección de algunos detractores del gobierno.

Abdulhamid Dashti, parlamentario chií de la oposición, fue despojado de su inmunidad parlamentaria en marzo. Se marchó al extranjero, pero se enfrentaba a procesamiento y a distintos juicios por varios cargos —algunos basados en sus críticas pacíficas a los gobiernos de Bahréin y Arabia Saudí en las redes sociales y otros medios de comunicación—, por los que podía ser condenado a más de 40 años de prisión en total. En diciembre, un tribunal de apelación anuló su absolución en una de las causas contra él y le impuso una condena de 10 años. No podía interponer un recurso mientras siguiera fuera de Kuwait.

Musallam al Barrak, ex parlamentario y destacado detractor del gobierno, seguía cumpliendo una pena de dos años de prisión por criticar al gobierno en un discurso y tenía también causas pendientes por otros cargos. En noviembre, el Tribunal de Apelaciones confirmó las condenas condicionales de prisión impuestas a 13 personas por publicar o recitar extractos del discurso de Musallam al Barrak.

En febrero, el Tribunal de Apelación confirmó la pena de un año de prisión, seguido de la expulsión de Kuwait, impuesta al activista de los derechos bidun Abdulhakim al Fadhli en 2015 por participar en una “reunión ilegal” pacífica. Al Fadhli fue detenido en abril para cumplir la condena, que el Tribunal de Casación confirmó en mayo. En junio, el Tribunal de Casación para Delitos Menores ordenó su libertad en espera de la revisión de su caso, y en septiembre confirmó la sentencia inicial. Abdulhakim al Fadhli, que había sido excarcelado en agosto tras cumplir una pena de tres meses de prisión impuesta en otro juicio, se entregó a las autoridades en septiembre, tras la sentencia del Tribunal de Casación para Delitos Menores.

Seguridad y medidas antiterroristas

Aumentó el número de detenciones y juicios por terrorismo. Los tribunales condenaron a muerte al menos a dos hombres y a penas de prisión a otras personas. En julio entró en vigor una ley de 2015 que exigía que todos los ciudadanos y todas las personas residentes en Kuwait entregasen muestras de su ADN a las autoridades, a pesar de los llamamientos internacionales para que se modificara la ley por ser desproporcionada y una violación del derecho a la privacidad. La ley penaba su incumplimiento o la ausencia de una excusa válida para entregar la muestra con penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 10.000 dinares kuwaitíes (33.150 dólares estadounidenses).

En mayo, el Tribunal de Casación confirmó la condena a muerte impuesta a un hombre declarado culpable de perpetrar el atentado con explosivos contra la mezquita Imam Sadiq de la ciudad de Kuwait en julio de 2015, aunque redujo la pena del otro acusado a 15 años de prisión. El Tribunal no había excluido como prueba en las actuaciones declaraciones presuntamente obtenidas bajo tortura y otros malos tratos.

En enero, el Tribunal Penal condenó a muerte a 2 hombres y a penas de entre cinco años de prisión y cadena perpetua a otros 20, por cargos que incluían “espiar para Irán y Hezbolá”. Algunos de los 26 hombres enjuiciados en la causa denunciaron que agentes de los servicios de seguridad los habían torturado cuando estaban en detención preventiva para obligarlos a hacer “confesiones”. El Tribunal no investigó las denuncias. En julio, un tribunal de apelación confirmó una de las condenas a muerte, redujo otras penas y absolvió a 9 de los enjuiciados. Posteriormente, las autoridades remitieron otra vez a juicio a 17 de ellos por nuevos cargos de terrorismo.

Privación de la nacionalidad

En abril, el Tribunal Administrativo de Casación rechazó el fallo del Tribunal Administrativo de Apelación por el que se declaraba incompetente para conocer de la demanda presentada por el ex parlamentario Abdullah Hashr al Barghash contra la decisión del gobierno de revocarle la nacionalidad kuwaití. En diciembre, el Tribunal de Casación rechazó su recurso.

Discriminación: bidun

Las autoridades seguían negando la ciudadanía kuwaití a más de 100.000 bidun (apátridas) residentes en Kuwait. En mayo, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que concedía la ciudadanía kuwaití a un máximo de 4.000 bidun y lo remitió al gobierno; al finalizar 2016 no se había promulgado aún la ley. El gobierno del Estado insular de Comoras declaró en mayo que estudiaría la posibilidad de conceder la “ciudadanía económica” a los bidun si recibía una solicitud oficial de las autoridades kuwaitíes.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. En mayo, el Comité para Asuntos Legislativos y Jurídicos aprobó una propuesta de reforma de la ley de ciudadanía que permitía que las kuwaitíes transmitieran su nacionalidad a sus hijos e hijas con independencia de la nacionalidad del padre. Al concluir el año aún no se había promulgado la reforma.

Derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes

Los trabajadores y trabajadoras migrantes, en especial los del servicio doméstico, la construcción y otros sectores, seguían sufriendo explotación y abusos con el sistema oficial de patrocinio laboral (kafala), que los ataba a sus empleadores y les impedía cambiar de trabajo o salir del país sin su permiso. En julio, las autoridades dictaron un decreto que establecía salarios mínimos para los trabajadores y trabajadoras domésticos, en su mayoría mujeres.

Pena de muerte

Los tribunales impusieron la pena de muerte por delitos como el asesinato y cargos de drogas. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.

  1. Kuwait: Amnesty International submission to the UN Committee against Torture (MDE 17/4395/2016)
  2. Kuwait: Amnesty International submission to the UN Human Rights Committee (MDE 17/4145/2016)

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