Resumen

Las autoridades restringieron aún más la libertad de expresión y enjuiciaron y encarcelaron a personas críticas con el gobierno en aplicación de leyes sobre difamación; entre esas personas había presos y presas de conciencia. Se seguía discriminando a la minoría bidun, a la que se negaban los derechos asociados a la ciudadanía. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban sin gozar de protección adecuada contra la explotación y los abusos. Los tribunales impusieron nuevas condenas a muerte; no se tuvo constancia de ninguna ejecución.

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