Resumen

Las autoridades continuaron restringiendo indebidamente la libertad de expresión con medidas como enjuiciar y encarcelar a personas críticas con el gobierno y prohibir determinadas publicaciones. Se seguía discriminando a la minoría bidun, a la que se negaban los derechos asociados a la ciudadanía. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban sin gozar de protección adecuada contra la explotación y los abusos. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte y, tras un paréntesis de cuatro años, se reanudaron las ejecuciones.

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