Jordania 2019
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Jordania 2019

Las autoridades detuvieron a más de una docena de periodistas y activistas que habían expresado críticas al gobierno o al rey. También detuvieron a manifestantes que reclamaban su libertad y la de otras personas, y bloquearon un sitio web de activistas en el extranjero. Un nuevo refugio estatal para mujeres en peligro de ser asesinadas por miembros de su familia ayudó a decenas de ellas; no obstante, otras mujeres sufrieron detención administrativa por cargos discriminatorios, y las mujeres que no estaban casadas corrían el riesgo de que les quitaran a sus bebés tras dar a luz. La edad mínima de las mujeres para contraer matrimonio “en casos especiales” se elevó de 15 a 16 años. Se autorizó a los trabajadores y trabajadoras migrantes del sector doméstico a volver a sus lugares de origen sin pagar una multa cuando no tuvieran permisos válidos, pero siguieron sin recibir protección adecuada frente a los abusos de quienes los empleaban y de las agencias intermediarias. Jordania continuó acogiendo a más de 2,8 millones de personas refugiadas, pero se impidió la entrada en el país a muchas procedentes de Siria y se incrementó el número de profesiones prohibidas a quienes no tuvieran la nacionalidad jordana. Se impusieron condenas a muerte, pero no hubo ejecuciones.

Información general

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el resultado del Examen Periódico Universal sobre Jordania en una sesión en la que el país aceptó 149 de las 226 recomendaciones recibidas, argumentando que las otras 77 ya estaban contempladas en su marco jurídico o que eran difíciles de implementar debido a los desafíos que entrañaba la seguridad y la acogida de personas refugiadas. En abril, el primer ministro Omar al Razaz envió a todos los ministerios y asociaciones oficiales un memorando con instrucciones para aplicar las 149 recomendaciones aceptadas.

Jordania siguió formando parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el conflicto armado de Yemen.

Libertad de expresión y reunión

En febrero, la cámara baja del Parlamento declinó aprobar un anteproyecto de ley sobre delitos informáticos presentado por el gobierno, basándose en que las definiciones eran imprecisas y en que algunas disposiciones contradecían el Código Penal. La definición del discurso de odio era excesivamente amplia y podía coartar gravemente la libertad de expresión. Del 17 al 31 de marzo, las autoridades bloquearon el acceso local al sitio web alurdunyya.net, creado por activistas de Jordania en el extranjero con la intención de documentar los acontecimientos políticos y las detenciones de activistas en el país.

Las autoridades continuaron hostigando y deteniendo a activistas y periodistas que criticaban al gobierno o al rey Abdalá. Entre marzo y junio detuvieron a dos periodistas y a más de una docena de activistas que, en su mayoría, tenían vínculos con una coalición de activistas de la esfera política llamada Al Hirak al Shaabi (Movimiento Popular). Algunas de estas personas fueron acusadas de delitos como difamar y desautorizar al rey por Internet, y juzgadas ante el Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania. De septiembre a noviembre se detuvo al menos a siete activistas por publicaciones en redes sociales en las que aparecían participando en protestas o criticando al gobierno. Según información publicada en medios de comunicación, decenas de las personas detenidas durante el año continuaban privadas de libertad a su término.

En junio se detuvo a un mínimo de 20 manifestantes que pedían la libertad de las personas detenidas, con el argumento de que no habían obtenido el permiso necesario para celebrar una protesta pública. Quedaron en libertad a las pocas horas, después de haber tenido que firmar declaraciones en las que se comprometían a no participar en acciones que “alteraran la seguridad pública”.

En mayo, las autoridades habían detenido ya al menos a 20 manifestantes que exigían la libertad de personas detenidas a quienes consideraban “presos y presas políticos”, así como mejores condiciones de vida para la población jordana en general, y que se enfrentaron a las acusaciones de “trabajar para cambiar la estructura del Estado” y usar “lenguaje soez”. En algunos casos, estas personas continuaban en prisión al final del año, acusadas de “blasfemia”.

En septiembre, miles de docentes hicieron huelga durante un mes para exigir mejoras salariales. El ministro del Interior prohibió que celebraran una manifestación con el argumento de que alteraría el tráfico. A pesar de ello se congregaron miles de docentes, y las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno y, en algunos casos, porras para disolver la concentración. La huelga terminó con un acuerdo salarial. El 5 de octubre, el primer ministro se disculpó públicamente con el colectivo docente y expresó el compromiso del gabinete de implementar las recomendaciones de una investigación sobre presuntos abusos abierta por el Centro Nacional de Derechos Humanos, la institución nacional de derechos humanos jordana.

Derechos de las mujeres

Dar Amneh, refugio para mujeres en peligro de ser asesinadas por miembros de su familia establecido por el Ministerio de Desarrollo Social jordano en julio de 2018, había ayudado a un total de 86 mujeres al final de octubre. El refugio ofrecía una alternativa a la detención administrativa de las mujeres en situación de riesgo en forma de “custodia de protección”. Sin embargo, las mujeres no podían salir del centro sin el permiso del gobernador provincial. Persistieron los motivos de preocupación por la falta de órdenes de protección y de actuaciones penales ante las amenazas de violencia de familiares.[1]

Los gobernadores provinciales continuaron aplicando la Ley de Prevención del Delito para someter a mujeres a detención administrativa, a menudo durante meses y por motivos discriminatorios, como “ausentarse del hogar” sin el permiso de un tutor masculino, o por tener relaciones sexuales extramatrimoniales (zina), mendigar o carecer de hogar. El 14 de octubre, la oficina del primer ministro informó de que 85 mujeres habían sido sometidas a detención administrativa tras ser acusadas de zina en 2019.

Las mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio estaban expuestas a sufrir detención arbitraria y a que les quitaran a su bebé tras dar a luz. Amnistía Internacional documentó casos de mujeres solteras a quienes la policía del Departamento de Protección de la Familia les había quitado a su bebé en el hospital poco después del parto. Estos niños y niñas recién nacidos eran puestos después bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social sin el consentimiento de sus madres y sin una evaluación individual de riesgos.

Derechos de la infancia

En abril, el Senado aprobó una reforma del Código sobre la Condición Personal que elevaba de 15 a 16 años la edad mínima de las mujeres para contraer matrimonio “en casos especiales”. Tales casos, que incluían situaciones en que el matrimonio era “necesario” y “en interés” de ambas partes, requerían autorización judicial y sólo eran aplicables a las niñas. La edad mínima necesaria para contraer matrimonio seguía siendo los 18 años para ambos sexos.

La legislación sobre ciudadanía continuaba discriminando a los niños y niñas de madre jordana y padre extranjero, a quienes, a diferencia de los de padre jordano y madre extranjera, se negaba la nacionalidad.

El Departamento de Protección de la Familia y el Ministerio de Desarrollo Social continuaban obligando a madres solteras a separarse de sus bebés después de dar a luz, sin tener en cuenta el interés superior del niño o la niña.[2]

Derechos de las personas migrantes

En marzo, el Ministerio de Trabajo anunció que iba a revisar el sistema de kafala (patrocinio), por el que los trabajadores y trabajadoras migrantes del servicio doméstico quedaban ligados a quienes los contrataban, y a abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por contratantes y agencias intermediarias. En septiembre entraron en vigor nuevas medidas del Ministerio de Trabajo que concedían a los trabajadores y trabajadoras migrantes sin permiso válido un periodo de gracia para volver a su país de origen sin tener que pagar una multa y reducían de 600 a 500 dinares jordanos (de 846 a 705 dólares estadounidenses) la cuota exigida a las entidades empleadoras por el permiso de trabajo de una persona migrante empleada en el servicio doméstico.

Las personas migrantes que trabajaban en el sector doméstico continuaron sin recibir protección adecuada frente a los abusos cometidos por quienes las empleaban y por las agencias intermediarias, y también siguieron en peligro de sufrir detención arbitraria a manos del Estado. Unas 600 trabajadoras migrantes domésticas sometidas a detención administrativa quedaron en libertad en la primera mitad del año. Habían sido detenidas por abandonar sin permiso la residencia en la que trabajaban o no pagar la multa impuesta por haber superado el periodo de estancia en el país señalado en sus visados.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Jordania seguía acogiendo a gran número de personas refugiadas: alrededor de 655.000 sirias, más de 10.000 palestinas procedentes de Siria, más de dos millones de personas palestinas residentes desde hacía tiempo en el país—la inmensa mayoría con la nacionalidad jordana—, y más de 87.000 de otras nacionalidades. Basándose en listas oficiales jordanas, el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, informó de que 28.889 personas refugiadas sirias habían regresado de forma voluntaria a Siria durante 2019. Jordania, que no era Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, continuó aplicando estrictos criterios para la entrada de nuevas personas refugiadas sirias, que dejaron fuera a muchas.

El 14 de octubre, el Ministerio de Trabajo elevó de 11 a 39 el número de profesiones prohibidas a las personas sin la nacionalidad jordana en busca de empleo. Entre éstas figuraban personas refugiadas palestinas que residían desde hacía tiempo en el país, en su mayoría procedentes de la Franja de Gaza, y que seguían privadas, además, de otros derechos y servicios básicos.

Pena de muerte

Continuaron imponiéndose condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones.


[1] Imprisoned women, stolen children: Policing sex, marriage and pregnancy in Jordan (MDE 16/0831/2019)

[2] Imprisoned women, stolen children: Policing sex, marriage and pregnancy in Jordan (MDE 16/0831/2019)