Resumen

Las autoridades seguían restringiendo el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y detuvieron y enjuiciaron a personas que expresaban críticas u oposición, en aplicación de leyes penales sobre difamación, blasfemia y antiterrorismo. Continuaban la tortura y otros malos tratos en los centros de detención. Los juicios ante el Tribunal de Seguridad del Estado eran injustos. Las mujeres estaban discriminadas en la ley y en la práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos. Las personas migrantes que trabajaban en el servicio doméstico sufrían explotación y abusos. Jordania acogía a más de 655.000 personas refugiadas de Siria, pero cerró sus fronteras a nuevas llegadas en junio. Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.

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