Resumen

Las autoridades detuvieron a más de una docena de periodistas y activistas que habían expresado críticas al gobierno o al rey. También detuvieron a manifestantes que reclamaban su libertad y la de otras personas, y bloquearon un sitio web de activistas en el extranjero. Un nuevo refugio estatal para mujeres en peligro de ser asesinadas por miembros de su familia ayudó a decenas de ellas; no obstante, otras mujeres sufrieron detención administrativa por cargos discriminatorios, y las mujeres que no estaban casadas corrían el riesgo de que les quitaran a sus bebés tras dar a luz. La edad mínima de las mujeres para contraer matrimonio “en casos especiales” se elevó de 15 a 16 años. Se autorizó a los trabajadores y trabajadoras migrantes del sector doméstico a volver a sus lugares de origen sin pagar una multa cuando no tuvieran permisos válidos, pero siguieron sin recibir protección adecuada frente a los abusos de quienes los empleaban y de las agencias intermediarias. Jordania continuó acogiendo a más de 2,8 millones de personas refugiadas, pero se impidió la entrada en el país a muchas procedentes de Siria y se incrementó el número de profesiones prohibidas a quienes no tuvieran la nacionalidad jordana. Se impusieron condenas a muerte, pero no hubo ejecuciones.

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