Irán 2023

Tras la sublevación “Mujer, Vida, Libertad”, de 2022, las autoridades siguieron restringiendo el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica e intensificaron la represión de las mujeres y las niñas que desafiaban las leyes sobre el uso obligatorio del velo. Las fuerzas de seguridad sofocaron las protestas con fuerza ilegítima y detenciones masivas. Se sometió a miles de personas a interrogatorio, detención arbitraria, procesamiento injusto y encarcelamiento por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Las desapariciones forzadas, y la tortura y otros malos tratos eran generalizados y sistemáticos. Las mujeres y las niñas, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas sufrían discriminación y violencia sistémicas. Se impusieron y aplicaron castigos crueles e inhumanos, incluida la flagelación. Se intensificó el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política y aumentaron las ejecuciones. Los juicios siguieron siendo sistemáticamente injustos. Persistió la impunidad sistémica de los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 y otros crímenes de derecho internacional.

Información general

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato del relator especial sobre Irán, quien, en su informe de febrero, había señalado la posible comisión de crímenes de derecho internacional —en particular de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, desaparición forzada, tortura, violación y violencia sexual, y persecución— durante la sublevación “Mujer, Vida, Libertad”, de 2022.

Se negó la entrada al país a la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán y a otros equipos independientes de personal experto de la ONU y de observación internacional de la situación de los derechos humanos.

En noviembre, en sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Irán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades que reformaran o derogaran la legislación sobre el uso obligatorio del velo y disolvieran la policía de la “moral”. También expresó preocupación por la impunidad del uso constante de fuerza letal en manifestaciones mayoritariamente pacíficas y pidió a las autoridades que abrieran investigaciones imparciales e independientes sobre los homicidios, la tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante las sucesivas protestas, para garantizar que los perpetradores comparecieran ante la justicia y las víctimas recibieran reparación.

En mayo, el ciudadano belga injustamente encarcelado Olivier Vandecasteele quedó en libertad y recibió permiso para salir del país gracias a un acuerdo entre Bélgica e Irán que hizo posible la excarcelación anticipada y el regreso a Irán del agente de inteligencia iraní Assadollah Asadi, quien cumplía una condena de 20 años de prisión en Bélgica por un atentado con bomba contra disidentes iraníes desbaratado en Francia. El acuerdo contribuyó a la persistente impunidad de la toma de rehenes y otros crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades iraníes (véase el apartado sobre Bélgica).¹

Irán siguió proporcionando apoyo militar a las fuerzas gubernamentales en el conflicto armado de Siria (véase el apartado sobre Siria).

También siguió suministrando drones a Rusia, que se emplearon para atacar y destruir infraestructura civil en Ucrania, y le transfirió tecnología y conocimientos de fabricación que le permitían producir ella misma esos drones.

Irán negó su implicación en los ataques de Hamás y otros grupos armados palestinos contra Israel del 7 de octubre, así como haber tenido conocimiento previo de ellos.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades censuraron medios de comunicación, interfirieron canales de televisión por satélite y siguieron bloqueando o restringiendo el acceso a aplicaciones móviles y plataformas de redes sociales, como Facebook, Google Play, Instagram, Signal, Telegram, WhatsApp, X (antes Twitter) y YouTube.

El Parlamento seguía estudiando un proyecto de Ley sobre la Protección de los Usuarios de Internet que vulneraba el derecho de la población a la privacidad y restringía aún más las libertades digitales y el acceso a Internet.

Se interrumpió el acceso a Internet y a las redes de telefonía móvil antes de protestas previstas y en el curso de ellas.

Las autoridades emplearon tácticas represivas para impedir la celebración de protestas multitudinarias en todo el país, y las fuerzas de seguridad sofocaron manifestaciones locales de menor envergadura con fuerza excesiva y detenciones masivas.

En mayo, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegítima contra habitantes de Gojag —localidad de la provincia de Hormozgán— que protestaban por la demolición de una casa, causándoles lesiones.

Durante el aniversario de la sublevación “Mujer, Vida, Libertad”, en septiembre, y antes de él, las autoridades reprimieron manifestaciones y actos conmemorativos con medidas como detener arbitrariamente a familiares de víctimas y obligar a miles de estudiantes universitarios a comprometerse por escrito a no participar en las protestas.²

Los ataques contra las protestas celebradas todos los viernes en la ciudad de Zahedán, provincia de Sistán y Baluchistán, alcanzaron el punto culminante el 20 de octubre, cuando las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de gas lacrimógeno, escopetas y cañones de agua contra miles de manifestantes y fieles religiosos, incluidos niños y niñas, y llevaron a cabo detenciones arbitrarias masivas.³

Se sometió a miles de personas, incluidos niños y niñas, a interrogatorios abusivos, detención arbitraria, procesamiento injusto y suspensión o expulsión de sus estudios o su trabajo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Entre las víctimas figuraban manifestantes, mujeres que se habían quitado el hiyab obligatorio en público, periodistas, profesionales de la interpretación y la música, escritores y escritoras, docentes y estudiantes de universidad, personas LGBTI y defensores y defensoras de los derechos humanos, como activistas en favor de los derechos de las mujeres, participantes en campañas contra la pena de muerte, profesionales de la abogacía y familias que buscaban verdad y justicia para las víctimas de homicidio ilegítimo.

Las autoridades seguían prohibiendo los partidos políticos independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, y tomaban represalias contra quienes hacían activismo en favor de los derechos laborales y contra los trabajadores y trabajadoras por hacer huelga y celebrar concentraciones pacíficas, incluso durante el Día Internacional del Trabajo.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Los juicios eran sistemáticamente injustos y daban lugar a la detención arbitraria de miles de personas. Entre las violaciones sistemáticas del debido proceso figuraban la negación del derecho a asistencia letrada desde el momento de la detención, la admisión como prueba de “confesiones” obtenidas mediante tortura y juicios sumarios que terminaban con penas de cárcel, flagelación y muerte.

El poder judicial desempeñaba un papel decisivo en el afianzamiento de la impunidad de la tortura, las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, ya que no era independiente y entre sus miembros había altos cargos que debían ser investigados por crímenes de derecho internacional.

Las autoridades trataron de seguir socavando la independencia del Colegio de Abogados iraní mediante cambios legislativos y otras medidas represivas.

Persistía impunemente la práctica de mantener recluidas de manera arbitraria a personas extranjeras y con doble nacionalidad para ejercer presión, lo que, en algunos casos, constituía un delito de toma de rehenes.

El arresto domiciliario arbitrario de los disidentes Mehdi Karroubi, Mir Hossein Musaví y Zahra Rahnavard entró en su decimotercer año.

Desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos

Las autoridades sometían de manera habitual a personas detenidas a desaparición forzada y reclusión en régimen de incomunicación, a menudo en instalaciones del Ministerio de Inteligencia, la Guardia Revolucionaria Islámica y varios órganos policiales.⁴

La tortura y otros malos tratos eran generalizados y sistemáticos e incluían palizas, azotes, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, negación de alimentos y agua y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. En la televisión estatal se emitieron “confesiones” obtenidas mediante tortura.

La población reclusa soportaba condiciones crueles e inhumanas, tales como hacinamiento extremo, condiciones de insalubridad, mala ventilación, infestaciones de ratones e insectos y acceso deficiente o nulo a ropa de cama, retretes e instalaciones de aseo.

Con frecuencia, las autoridades penitenciarias y fiscales negaban deliberadamente a personas presas la atención médica adecuada, incluso para lesiones causadas por tortura. Se ignoraron y dejaron impunes muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas, en un contexto de informes verosímiles de tortura y otros malos tratos, incluidas palizas y negación de atención médica. Dos de esas muertes fueron las de Ebrahim Rigi y Javad Rouhi, que se hallaban recluidos en relación con la sublevación de 2022.

El Código Penal Islámico conservaba castigos constitutivos de tortura y otros malos tratos, como la flagelación, la ceguera, la amputación, la crucifixión y la lapidación.

Los tribunales impusieron al menos 188 condenas de flagelación, de las que se ejecutaron al menos 9; se ejecutaron también 2 de amputación, y el Tribunal Supremo confirmó una de ceguera, según el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán.

Discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas

Las autoridades seguían tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda clase en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas, el empleo, la herencia y los cargos políticos.

La edad legal para el matrimonio de las niñas se mantenía en los 13 años, y su padre podía obtener permiso judicial para casarlas a la fuerza incluso a edad más temprana.

Las autoridades intensificaron la represión en todo el país contra las mujeres y las niñas que desafiaban la obligatoriedad del velo, introduciendo políticas que vulneraban sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, y restringieron su libertad de circulación.⁵ Entre las políticas punitivas figuraban: enviar más de un millón de SMS a mujeres amenazándolas con la confiscación de sus vehículos; inmovilizar automóviles de mujeres; negar a mujeres el acceso a empleo, educación, atención de la salud, servicios bancarios o transporte público, y llevar a mujeres a los tribunales, que imponían penas de prisión, multas y castigos degradantes, como lavar cadáveres. A raíz de avisos oficiales se cerraron a la fuerza más de 1.800 negocios por no aplicar el uso obligatorio del velo.

Se restableció la policía de la “moral”, lo que dio lugar a la intensificación del hostigamiento y la violencia contra las mujeres y las niñas en público.

En diciembre, el Consejo de Conveniencia intervino para que se aprobara el draconiano proyecto de Ley para Apoyar a la Familia mediante la Promoción de la Cultura de la Castidad y el Hiyab y lo remitió para su ratificación al Consejo de Guardianes, que lo devolvió al Parlamento otra vez a fin de que se hicieran nuevas modificaciones. El proyecto de ley preveía hasta 10 años de prisión para quienquiera que desafiara el uso obligatorio del velo y penalizaba a los actores no estatales —incluidas las empresas— que se negaran a aplicarlo.

El 28 de octubre, Armita Garawand, de 16 años, murió tras pasar 28 días en coma, a consecuencia, al parecer, de la agresión de un agente encargado de hacer cumplir las leyes sobre el uso obligatorio del velo. Las autoridades iraníes arrestaron a una periodista que estaba investigando el incidente, difundieron vídeos propagandísticos que les eximían de responsabilidad y sometieron a detención arbitraria, palizas u otras formas de hostigamiento a asistentes a actos de conmemoración de Armita.

Entre enero y abril, miles de niñas sufrieron envenenamiento y fueron hospitalizadas a consecuencia de unos ataques deliberados con gases químicos contra escuelas femeninas de todo el país que parecían constituir una campaña coordinada con la que castigar a las niñas por quitarse el hiyab obligatorio durante la sublevación de 2022. Las autoridades sometieron a padres y madres, alumnas, docentes y periodistas, entre otras personas, a violencia, intimidación y detención arbitraria por criticar su inacción para poner fin a los ataques y por buscar la verdad y pedir rendición de cuentas.

En abril, el Parlamento aprobó los principios generales del proyecto de Ley para la Prevención de los Daños a las Mujeres y la Mejora de su Seguridad ante Comportamientos Indebidos. Algunas de sus disposiciones se remitieron a los comités parlamentarios pertinentes para que las examinaran. El proyecto de ley se había presentado hacía más de un decenio para abordar la violencia contra las mujeres, pero el texto se suavizó para eliminar las menciones a la “violencia”. No definía la violencia de género en el ámbito familiar como delito, no penalizaba la violación conyugal ni el matrimonio precoz y no garantizaba que los hombres que asesinaran a sus esposas o hijas recibiesen castigos proporcionales.

Las autoridades no proporcionaban a las presas asistencia sanitaria adecuada a las necesidades específicas de las mujeres.

Discriminación

Minorías étnicas

Las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, sufrían una discriminación generalizada, que restringía su acceso a la educación, el empleo, una vivienda adecuada y los cargos políticos. La continua falta de inversión suficiente en las regiones pobladas por minorías étnicas agravaba la pobreza y la marginación.

El persa siguió siendo la única lengua utilizada en la enseñanza primaria y secundaria, pese a los reiterados llamamientos en favor de la diversidad lingüística.

Las fuerzas de seguridad mataron ilegítimamente y con impunidad a decenas de mensajeros transfronterizos kurdos desarmados (kulbars), entre las regiones del Kurdistán de Irán e Irak, y de porteadores de combustible baluchis (soukhtbar), en la provincia de Sistán y Baluchistán.

Minorías religiosas

Las minorías religiosas —bahaí, cristiana, derviche gonabadí, judía, musulmana suní y yaresana, entre otras— sufrían discriminación en la legislación y en la práctica, lo que afectaba a su acceso a la educación, el empleo, la adopción infantil, los cargos públicos y los lugares de culto. Se sometió a cientos de personas a detención arbitraria, procesamiento injusto, y tortura y otros malos tratos por profesar o practicar su fe.

Las personas cuyos progenitores eran clasificados como musulmanes por las autoridades corrían el riesgo de sufrir detención arbitraria, tortura o pena de muerte por “apostasía” si adoptaban otras religiones o el ateísmo.

Se sometió a la minoría bahaí a violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas por medios como la prohibición de acceder a la educación superior y el cierre forzoso de sus negocios o la confiscación de sus bienes, así como a detenciones arbitrarias masivas. Las autoridades impidieron los entierros bahaíes en un cementerio de Teherán que esta minoría llevaba decenios utilizando y enterraron por la fuerza a algunas personas bahaíes fallecidas en la cercana fosa común de Javarán, que se creía que contenía los restos de víctimas de las masacres penitenciarias de 1988, sin el conocimiento previo de sus familias y sin respetar las prácticas funerarias bahaíes.

Las autoridades efectuaron registros en casas iglesia y sometieron a personas convertidas al cristianismo a detención arbitraria y castigos como encarcelamiento y “exilio” interno.

Personas LGBTI

Las personas LGBTI sufrían discriminación y violencia sistémicas. Las relaciones homosexuales consentidas seguían estando tipificadas como delito, con castigos que iban de la flagelación a la pena de muerte.

Las “terapias de conversión” avaladas por el Estado, constitutivas de tortura y otros malos tratos, seguían estando muy extendidas y se aplicaban incluso a niños y niñas. Para obtener el reconocimiento legal de la identidad de género eran obligatorios la terapia hormonal y los procedimientos quirúrgicos, incluida la esterilización.

Las personas que no se ajustaban a las convenciones de género corrían el riesgo de ser criminalizadas y de que se les negara el acceso a la educación y el empleo.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Los 5 millones de personas afganas que se estimaba que vivían en Irán sufrían discriminación generalizada, que incluía restricciones en materia de educación, vivienda, empleo, atención médica, servicios bancarios y libertad de circulación.

Los medios de comunicación del Estado y algunas autoridades denostaban a las personas afganas solicitantes de asilo y promovían los discursos y crímenes de odio contra la población afgana de Irán.

En noviembre, las autoridades anunciaron que en agosto había comenzado la repatriación de migrantes de Afganistán “ilegales” y que, desde entonces, 450.000 habían regresado “voluntariamente” a su país.

Pena de muerte

Las ejecuciones aumentaron en comparación con 2022, y la cifra de ejecuciones por delitos relacionados con las drogas casi se duplicó.

Se impusieron condenas de muerte tras juicios manifiestamente injustos y por actos que, al no comportar homicidio intencional, no cumplían el criterio de “los más graves delitos”, entre ellos tráfico de drogas, corrupción económica, vandalismo y delitos formulados de un modo impreciso, como “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz).

La pena de muerte también se mantuvo para actos protegidos por el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la libertad de religión o de creencias, incluidos “insultar al Profeta”, beber alcohol y mantener relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo o fuera del matrimonio. El adulterio se seguía penalizando con lapidación.

Las autoridades emplearon la pena de muerte como instrumento de represión política contra manifestantes, disidentes y minorías étnicas.⁶

Se ejecutó a dos hombres por “apostasía” únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión a través de actividades en las redes sociales.

Se ejecutó arbitrariamente a seis hombres jóvenes en relación con la sublevación de 2022 tras simulacros de juicio manifiestamente injustos y basados en “confesiones” obtenidas mediante tortura.

Un número desproporcionado de las víctimas de ejecución pertenecía a la minoría oprimida baluchi.⁷

Se ejecutó a varias personas que eran menores de 18 años en el momento del presunto delito, entre ellas Hamidreza Azari, que tenía 17 cuando lo ejecutaron. Decenas más permanecían en espera de ejecución.

Impunidad

En mayo, el presidente anunció la formación de un comité especial no judicial para examinar los disturbios de 2022, en un contexto de preocupación por la imparcialidad y la independencia de sus miembros. El comité no realizó investigaciones que se ajustaran a las normas internacionales ni hizo públicas sus conclusiones.

Ningún funcionario público rindió cuentas por homicidios ilegítimos, tortura, desaparición forzada u otros crímenes de derecho internacional o violaciones graves de derechos humanos cometidos en 2023 o anteriormente.

Las autoridades continuaron encubriendo la tortura y otros malos tratos, incluida la violación y otras formas de violencia sexual, perpetrados por funcionarios del Estado contra manifestantes detenidos durante la sublevación de 2022 y presionaron a las víctimas para que retiraran sus denuncias, amenazándolas con represalias. También sometieron a familiares de víctimas de homicidio ilegítimo durante la sublevación a hostigamiento e intimidación, detención arbitraria, prohibición de ceremonias conmemorativas y destrucción de tumbas de sus seres queridos. Continuaron negando su responsabilidad en la muerte bajo custodia, en 2022, de Jina/Masha Amini y hostigaron a su familia.

Las autoridades continuaron ocultando la verdad sobre el ataque con misiles perpetrado en enero de 2020 contra el vuelo 752 de Ukraine International Airlines, en el que habían muerto 176 personas. En abril, tras un juicio secreto, un tribunal militar impuso una pena de 13 años de prisión a un mando del ejército y penas de entre uno y 3 años a otros 9. El caso se recurrió ante el Tribunal Supremo en agosto.

Persistía la impunidad de los crímenes de lesa humanidad relacionados con la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de varios miles de disidentes políticos en 1988, en las que muchos de los implicados ocupaban altos cargos, entre ellos el presidente.

Derecho a un medioambiente saludable

Especialistas en medioambiente criticaron la inacción de las autoridades a la hora de abordar la crisis ecológica de Irán, marcada por la pérdida de lagos, ríos y humedales; la deforestación; la contaminación atmosférica; la contaminación hídrica causada por el vertido de aguas residuales en las fuentes de agua urbanas, y el hundimiento del suelo.

Irán mantuvo elevados índices de producción y subvención de combustibles fósiles.