Resumen

Las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de religión o creencias, y encarcelaron a decenas de personas que manifestaron su disidencia. Los juicios eran sistemáticamente injustos. La tortura y otros malos tratos eran práctica generalizada y quedaban impunes. Se aplicaron penas crueles, como flagelación y amputación. La discriminación y la violencia basadas en el género, las opiniones políticas, las creencias religiosas, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género eran generalizadas y contaban con el respaldo de las autoridades. Se ejecutó a centenares de personas, algunas en público, y había miles condenadas a muerte; muchas eran menores de 18 años en el momento del delito.

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