Resumen

Las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Las fuerzas de seguridad emplearon medios letales de manera ilegítima para sofocar las protestas, mataron a cientos de personas y detuvieron arbitrariamente a miles de manifestantes. Las autoridades detuvieron de forma arbitraria a más de 200 defensores y defensoras de los derechos humanos y en muchos casos les impusieron penas de cárcel y flagelación. Una nueva ley permitió a las mujeres iraníes casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad iraní a sus hijos e hijas, pero las mujeres seguían sufriendo discriminación, y las autoridades intensificaron la represión contra las defensoras de los derechos de las mujeres que hacían campaña contra la legislación relativa al uso obligatorio del velo. Las minorías étnicas y religiosas sufrían una arraigada discriminación. La tortura y otros malos tratos, incluso mediante la negación de atención médica, seguían siendo generalizados y sistemáticos, y se cometían con impunidad. Se aplicaban penas judiciales crueles, inhumanas y degradantes. Decenas de personas, varias de las cuales eran menores de 18 años en el momento del delito, fueron ejecutadas, a veces en público. Se vulneró de forma sistemática el derecho a un juicio justo. Las autoridades iraníes persistieron en cometer el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada al ocultar sistemáticamente la suerte y el paradero de varios miles de personas que habían sido ejecutadas extrajudicialmente y en secreto en la década de 1980 por su disidencia política.

Seguir leyendo