Resumen

Las autoridades reprimieron severamente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. En el periodo previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada en noviembre, las autoridades liberaron a 895 personas que estaban presas por motivos políticos, pero detuvieron a casi el triple, entre ellas a cientos vinculadas a convocatorias de protestas durante la COP27. Miles de personas que criticaban o se oponían al gobierno —o que se consideraba que lo hacían— continuaron detenidas arbitrariamente o fueron injustamente procesadas. No se investigaron adecuadamente al menos 50 muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas y respecto a las cuales existían informes de negación de atención médica o tortura. Se impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos y se llevaron a cabo ejecuciones. Seguía siendo frecuente la violencia sexual y de género, ante la pasividad de las autoridades para prevenirla y castigarla adecuadamente. Las autoridades reprimieron el derecho a la huelga de trabajadores y trabajadoras, y no adoptaron medidas de protección contra los despidos improcedentes por parte de las empresas. Se desalojó por la fuerza y se detuvo a residentes de asentamientos informales por protestar contra la demolición de viviendas. Las autoridades persiguieron a personas de religión cristiana que exigían el derecho a practicar su culto y a otras que profesaban creencias religiosas no autorizadas por el Estado. Se detuvo arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes por entrar o permanecer de forma irregular en Egipto, y decenas fueron devueltas a su país de origen.