Resumen

Continuaron los juicios injustos de manifestantes y de personas que criticaban en Internet al gobierno y familiares suyos, así como otras medidas contra la libertad de expresión. También siguieron celebrándose juicios colectivos de cantidades excesivas de personas, que en algunos casos constituían juicios masivos, así como otros juicios injustos. Se infligieron malos tratos y, en algunos casos, tortura, a personas privadas de libertad. La Defensoría del Pueblo del Ministerio del Interior, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía siguieron siendo ineficaces en la salvaguardia de los derechos humanos y el castigo de los abusos contra ellos. Las mujeres sufrían discriminación en la legislación. Las condiciones de reclusión eran deficientes. Los trabajadores y trabajadoras migrantes vivían en unas condiciones terribles, que los hicieron especialmente vulnerables a la infección durante la pandemia de COVID-19.

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