Se sometió a personas presas a tortura y a tratos crueles e inhumanos, como desatención médica, retrasos en el tratamiento médico a modo de represalia y negación del contacto con familiares. Las autoridades continuaron imponiendo restricciones a la libertad de expresión y de asociación y recluyendo a personas por ejercer estos derechos. El gobierno no protegió adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras migrantes frente a la explotación, no tomó medidas adecuadas para abordar la crisis climática, y restringió el acceso a la atención médica a los niños y niñas apátridas.
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