Resumen

Las autoridades intensificaron sus esfuerzos por reprimir la libertad de expresión, en particular contra los foros online, último espacio donde la población bahreiní aún podía criticar al gobierno. Continuaron los juicios colectivos injustos, tanto de personas acusadas de delitos de terrorismo como de manifestantes. Continuaron los procesos de desnaturalización (privación de la nacionalidad) de ciudadanos y ciudadanas, aunque se restituyó la nacionalidad bahreiní a cientos que anteriormente habían pasado a ser apátridas. Los derechos de la población trabajadora migrante continuaron restringidos, lo que la dejaba expuesta a explotación y abusos. Las mujeres seguían sin recibir un trato igualitario con respecto a los hombres en la ley y en la práctica. Se reanudaron las ejecuciones tras una pausa iniciada en enero de 2017. Las condiciones de reclusión seguían siendo precarias y en muchos casos constituían trato degradante e inhumano.

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