Resumen

Las autoridades siguieron deteniendo arbitrariamente a participantes en manifestaciones pacíficas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas. Las asociaciones continuaron sufriendo restricciones indebidas, y siguió vigente la legislación que restringía el derecho a fundar sindicatos. Se enjuició injustamente a miembros de la minoría religiosa musulmana ahmadí. Persistió la impunidad de los abusos cometidos en el pasado. Las personas migrantes corrían riesgo de expulsión colectiva. Los tribunales impusieron condenas a muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.

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