Resumen
Las autoridades siguieron deteniendo arbitrariamente a participantes en manifestaciones pacíficas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas. Las asociaciones continuaron sufriendo restricciones indebidas, y siguió vigente la legislación que restringía el derecho a fundar sindicatos. Se enjuició injustamente a miembros de la minoría religiosa musulmana ahmadí. Persistió la impunidad de los abusos cometidos en el pasado. Las personas migrantes corrían riesgo de expulsión colectiva. Los tribunales impusieron condenas a muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.
Situación de la pena de muerte
Abolicionista en la práctica
Retiene la pena de muerte en la legislación, pero lleva al menos 10 años sin llevar a cabo ejecuciones.
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