Resumen

Durante 2019 siguió reprimiéndose la disidencia, real o supuesta, a pesar de que el estado de excepción se había levantado en julio de 2018, tras dos años en vigor. Miles de personas se hallaban sometidas a detención prolongada y punitiva en espera de juicio, en muchos casos, sin que existieran pruebas creíbles de que hubieran cometido algún delito reconocible según el derecho internacional. El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica estaba gravemente restringido, y las personas consideradas críticas con el gobierno —sobre todo, periodistas, activistas de la esfera política y defensores y defensoras de los derechos humanos— eran privadas de libertad o acusadas falsamente de delitos. Las autoridades siguieron prohibiendo manifestaciones de manera arbitraria y haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza para disolver protestas pacíficas. Hubo denuncias creíbles de tortura y desaparición forzada. Turquía sometió a devolución (refoulement) a personas refugiadas sirias, aunque seguía albergando a más población refugiada que ningún otro país.

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