Resumen

El estado de excepción vigente en Turquía fue el telón de fondo de las violaciones de derechos humanos. La disidencia fue reprimida de forma implacable. Entre quienes sufrían esa represión había periodistas, activistas políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuaron denunciándose actos de tortura, aunque en menor número que durante las semanas posteriores al intento de golpe de Estado de julio de 2016. La impunidad generalizada impidió que se llevara a cabo una investigación efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Continuaron los abusos cometidos por grupos armados, incluidos dos ataques en enero. Sin embargo, a diferencia de lo habitual en años anteriores, no hubo más atentados con explosivos contra miembros de la población general. No se encontró ninguna solución a la situación de las personas desplazadas en el sudeste del país. Turquía siguió acogiendo a una de las mayores poblaciones de personas refugiadas del mundo, con más de tres millones de personas refugiadas registradas procedentes únicamente de Siria, pero persistía el riesgo de devolución.

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