Resumen

Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas siguieron siendo objeto de investigaciones infundadas, procesamientos y sentencias condenatorias. Se empleó la legislación antiterrorista y sobre desinformación para coartar la libertad de expresión. La libertad de reunión pacífica estaba restringida ilegítimamente. El reparto de ayuda humanitaria tras los terremotos de febrero no dio respuesta adecuada a los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad. La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada. Aumentaron los discursos discriminatorios y estigmatizantes contra la población LGBTI y las personas refugiadas y migrantes en el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de mayo. El país continuaba albergando a la mayor población refugiada del mundo, parte de la cual seguía corriendo peligro de ser devuelta de manera ilegal. Las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de funcionarios del Estado continuaban sufriendo una cultura de impunidad. Hubo denuncias graves y creíbles de tortura y otros malos tratos. Millones de personas que vivían en la pobreza se beneficiaron de un programa de apoyo del gobierno.