Tayikistán 2020
© Amnesty International
Volver a Tayikistán

Tayikistán 2020

Las autoridades ejercieron un control férreo sobre las noticias y los datos relacionados con la pandemia de COVID-19 y restringieron la libertad de expresión, acusando a los medios de comunicación y a la sociedad civil de difundir información “falsa”. Los tribunales usaron legislación antiterrorista para bloquear el acceso a algunos medios de comunicación independientes con base en el extranjero. Un periodista fue encarcelado por “incitar a la discordia religiosa”. Los equipos de protección individual que recibía el personal sanitario en los hospitales, las residencias de mayores y los centros de detención eran insuficientes, como lo era también la protección ofrecida a las personas sobrevivientes de violencia de género dentro y fuera del ámbito familiar.

Información general

Las autoridades negaron durante mucho tiempo la aparición de la COVID-19 y el alcance de los contagios, pero impusieron restricciones como cerrar las fronteras y prohibir las visitas a todos los centros de detención. Las remesas enviadas por emigrantes, que representaban un tercio del producto interior bruto, cayeron más del 50%, suscitando temor a la escasez de alimentos. En septiembre, el Fondo Monetario Internacional informó de que Tayikistán estaba sufriendo “graves efectos” por la pandemia. El presidente Emomali Rahmon, sin oposición en la práctica, fue reelegido en octubre.

Libertad de expresión

Bloquear los fondos de información basados en Internet y, de manera intermitente, la conexión a Internet seguía siendo un recurso habitual de las autoridades en su campaña contra las voces críticas. En enero, el presidente firmó una nueva Ley para Combatir el Extremismo que otorgaba a las autoridades amplios poderes para restringir la libertad de expresión. Trece organismos gubernamentales tenían autorización para solicitar al organismo regulador, el Servicio de Comunicaciones, el bloqueo de sitios web sin supervisión judicial.

En febrero, el Tribunal Supremo concluyó que Akhbor, sitio web de noticias independiente con sede en el extranjero, servía de plataforma a “terroristas y extremistas” y debía ser bloqueado. En la práctica, esta decisión hizo que los periodistas que trabajaban para Akhbor pasaran a ser miembros de una organización “extremista” prohibida y, en consecuencia, pudieran ser procesados. En noviembre, el redactor jefe de Akhbor afirmó que había tenido que cerrar el sitio web por los riesgos que representaba para la seguridad de todas las personas relacionadas con él, incluidos sus lectores.

Las autoridades continuaron formulando cargos de “incitación a la discordia” y “terrorismo y extremismo” contra periodistas y titulares de blogs que publicaban contenido crítico sobre asuntos políticamente delicados.

En abril, un tribunal de la capital, Dushambé, declaró al periodista independiente Daler Sharipov culpable de “incitar a la discordia religiosa” por publicar y difundir extraoficialmente su disertación sobre el islam, y lo condenó a un año de cárcel. El fiscal lo había acusado de publicar artículos “extremistas” y estar vinculado a una organización extremista. Él había negado los cargos, pero admitiendo que podía haber “cometido errores” en la disertación; no recurrió la condena.1

Restricciones a los medios de comunicación durante la pandemia

Las autoridades controlaban estrictamente lo que se contaba y se compartía sobre la pandemia de COVID-19 y aprobaron nueva legislación para combatir la difusión de información “falsa” sobre contagios de coronavirus.

En junio, el Parlamento aprobó cambios en el Código Administrativo para sancionar con fuertes multas a periodistas, titulares de blogs u otras personas que difundieran información “inexacta” y “engañosa” sobre la pandemia en redes sociales o medios de comunicación.

Estas reformas hacían que los usuarios de aplicaciones de mensajería para móviles corrieran riesgo de procesamiento por compartir información “poco fiable” y facultaban a los servicios de seguridad para vigilar correspondencia privada. Quienes quisieran compartir su experiencia de la COVID-19 en redes sociales debían tener un certificado oficial que confirmara su diagnóstico o se exponían a un juicio por difusión de información “falsa”.

Presos y presas de conciencia

En abril, la salud del abogado de derechos humanos Buzurgmekhr Yorov empeoró bruscamente con síntomas compatibles con COVID-19. Aunque luego mejoró, fuentes anónimas informaron unos meses después de que seguía estando mal de salud y de que las autoridades penitenciarias lo estaban castigando por relacionarse con otros internos y ofrecerles asesoramiento jurídico.

Derecho a la salud

Según organismos de la ONU con presencia en Tayikistán, a fecha de 8 de junio habían contraído COVID-19 1.701 trabajadores y trabajadoras de la salud (el 36% de la población infectada en todo el país), de los que 619 eran personal médico y 548 personal de enfermería; asimismo, Radio Ozodi publicó una lista oficial de 10 profesionales médicos que habían muerto en la región de Jatlon. La falta de equipos de protección individual (EPI) fue la razón principal, como confirmaron profesionales de la salud de forma anónima en redes sociales, quienes también se quejaron de que las autoridades les habían prohibido compartir información relacionada con la COVID-19. No obstante, en julio las autoridades insistieron en que ni un solo profesional médico había muerto de la enfermedad.

Fuentes anónimas también denunciaron la falta de EPI para el personal sanitario del ejército, el sistema penitenciario, los hogares infantiles y las residencias de mayores. La COVID-19 preocupaba especialmente en los centros de detención, criticados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2019 por el hacinamiento crónico, las deficientes instalaciones sanitarias y la falta de asistencia médica adecuada. Estas condiciones, que no habían mejorado desde entonces, facilitaban la propagación de enfermedades infecciosas entre la población reclusa.

Después de cerrarse las fronteras, miles de trabajadores y trabajadoras migrantes se vieron atrapados en aeropuertos, campamentos improvisados o automóviles detenidos en las fronteras y centros de confinamiento, sin acceso a instalaciones sanitarias ni médicas adecuadas.

Violencia por motivos de género

El gobierno no combatía eficazmente la violencia de género en el ámbito familiar ni garantizaba protección adecuada a las personas sobrevivientes.

Los centros de crisis informaron de un aumento alarmante de los casos de violencia de género dentro y fuera del ámbito familiar durante la pandemia. El Centro de Mujeres Gulrukhsor de Juyand, en el norte del país, recibió 142 solicitudes sólo en mayo, el triple que el mes anterior.

En octubre, un tribunal de Dushambé declaró culpable de difamación a una joven diseñadora que había acusado a su exempleador de violencia física y amenazas verbales de violación. El periódico que había publicado su caso fue igualmente declarado culpable de difamación. El tribunal condenó a ambos a pagar una indemnización. Las autoridades no investigaron las denuncias a pesar de que existían indicios convincentes.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Sin acceso a estructuras de apoyo y recursos comunitarios, que ya eran muy escasos, las personas LGBTI, especialmente las jóvenes, no podían irse de su casa y tenían que convivir con familias que no las apoyaban y, en muchos casos, las maltrataban.


  1. Tayikistán: Periodista independiente, encarcelado durante un año (EUR 60/2206/2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional