Tayikistán 2023
Se impusieron más restricciones sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión. Las autoridades seguían actuando contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes, blogueros y blogueras, y otras voces disidentes mediante la detención arbitraria y la prisión tras un juicio injusto. Se intensificó la represión de las prácticas religiosas ismailíes. La tortura y otros malos tratos seguían estando muy extendidos. Persistía la discriminación y marginación de las comunidades pamiri y jughi (romaní).
Información general
La frontera con Kirguistán permanecía cerrada debido a los enfrentamientos de 2021 y 2022.
Los cortes generalizados de suministro eléctrico en varias regiones y la subida de los precios seguían suscitando gran preocupación entre la población.
Los grupos internacionales de derechos humanos continuaban prohibidos en la práctica, lo que, junto con las duras represalias sufridas por las entidades locales de observación de los derechos humanos, limitó en gran medida la recopilación de información.
Libertad de expresión
Defensores y defensoras de los derechos humanos, blogueros y blogueras y los escasos medios de comunicación independientes que quedaban tuvieron que ejercer la autocensura para no exponerse a un enjuiciamiento por motivos políticos.
Las autoridades continuaron reprimiendo a los medios de comunicación independientes que eran críticos con el gobierno. En julio, el sitio web New Tajikistan 2, afín al opositor Grupo 24, y el portal de noticias Pamir Daily News fueron prohibidos como “organizaciones extremistas”. Esta calificación conllevaba el riesgo de responsabilidad penal para las personas que, dentro de Tayikistán, colaborasen con esos medios.
El 26 de mayo, Khurshed Fozilov, periodista que había informado sobre cuestiones sociales en el valle del Zarafshán, fue condenado a siete años de prisión tras un juicio a puerta cerrada celebrado en un centro de detención por su presunta participación en las actividades de organizaciones prohibidas.
También se actuó contra disidentes en el exilio intimidando a sus familias en Tayikistán. La periodista Anora Sarkorova y el periodista Rustami Joni, quienes informaban sobre violaciones de derechos humanos, se vieron presionados cuando, según informes, familiares suyos fueron objeto de intimidación, mensajes amenazadores, interrogatorio y acciones penales.
Libertad de reunión
No se tuvo noticia de ninguna protesta importante desde la brutal represión de manifestantes en el distrito de Rushán (Provincia Autónoma de Alto Badajshán), en mayo de 2022. Al parecer, las autoridades prohibieron las reuniones físicas y vigilaron las actividades en Internet organizadas para conmemorar a las víctimas en el primer aniversario de aquella actuación represiva.
También hubo represalias contra familiares de miembros de la oposición que protestaban desde el extranjero. Según Human Rights Watch, unas 50 personas fueron detenidas e interrogadas en Tayikistán después de que familiares suyos en Alemania participaran en protestas durante la visita del presidente Emomali Rahmon a ese país en septiembre. Según informes, los servicios de seguridad tayikos también intimidaron a activistas en la diáspora que protestaban por la deportación de Abdullohi Shamsiddin (véase infra) presionando a sus familiares en Tayikistán.
Libertad de asociación
El entorno operativo de las ONG siguió siendo muy restrictivo. Tras la represión en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán, cinco ONG fueron clausuradas por decisión judicial por sus supuestos vínculos con grupos delictivos. Entre ellas estaba el Colegio de Abogados de Pamir, cuyo director, el abogado y defensor de los derechos humanos Manuchehr Kholiknazarov, había sido condenado a 16 años de prisión en 2022 tras un juicio injusto.1 Cientos de ONG en todo el país fueron coaccionadas extraoficialmente por las autoridades o los servicios de seguridad para que suspendieran sus actividades o se disolvieran “voluntariamente”.
Además, las autoridades continuaron desacreditando a organizaciones informales en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán, calificándolas de grupos delictivos.
Libertad de religión o de creencias
En abril, según informes, el presidente Rahmon firmó un decreto que permitía a las autoridades enterrar los cadáveres de personas fallecidas en supuestas “operaciones antiterroristas” en fosas comunes sin señalizar, ubicadas en lugares designados por el Estado y no revelados a sus familiares, y sin ceremonias religiosas.
Se intensificó la represión de las prácticas religiosas de la minoría de fe ismailí de la Provincia Autónoma de Alto Badajshán, represión que ya había cobrado impulso en 2022 con la destrucción de símbolos religiosos, el cierre de lugares de culto y la prohibición de las festividades religiosas. Las autoridades continuaron penalizando la oración colectiva en domicilios particulares, amenazando con el procesamiento a educadores y educadoras religiosos, confiscando material de educación religiosa y, según informes, intentando sustituir determinadas prácticas ismailíes por las de la mayoría musulmana suní.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
La detención arbitraria y los juicios injustos seguían siendo habituales. El 23 de enero, varios procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron preocupación por la definición excesivamente amplia de organización terrorista en la legislación de Tayikistán. Los cargos relacionados con actos de presunto terrorismo permitían aplicar poderes excepcionales, medidas de excepción y restricciones del debido proceso.
Personas de nacionalidad tayika perseguidas por las autoridades en el extranjero y devueltas al país fueron a prisión tras juicios injustos. El 18 de enero, Alemania deportó a Abdullohi Shamsiddin, emigrante estrechamente relacionado con varios dirigentes del Partido del Resurgimiento Islámico de Tayikistán, prohibido arbitrariamente. Según fuentes no oficiales, tras su llegada a Tayikistán fue sometido a desaparición forzada y recluido en régimen de aislamiento por el Comité de Estado para la Seguridad Nacional. El 29 de marzo, un tribunal de la capital, Dushambé, condenó a Abdullohi Shamsiddin en un juicio a puerta cerrada a siete años de prisión por “llamamientos públicos a la alteración violenta del orden constitucional”.2
En julio se aumentó en 10 años la pena de prisión impuesta al abogado de derechos humanos Buzurgmehr Yorov. Acusado falsamente de representar a miembros del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán —prohibido arbitrariamente—, había sido condenado en 2016 a 28 años de prisión, una pena reducida 10 años posteriormente.
El 29 de septiembre, Nizomiddin Nasriddinov, activista que había cooperado con el prohibido Grupo 24, fue condenado a ocho años y medio de prisión, según informes, por cargos análogos tras su devolución a Tayikistán desde Bielorrusia el 8 de enero. Ni en este caso ni en el anterior hubo indicios o información oficial que indicaran que el juicio hubiera sido público.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos aún estaban muy extendidos. Según informes, eran utilizados por diversos servicios de seguridad, en particular el Comité de Estado para la Seguridad Nacional y el llamado Sexto Departamento del Ministerio del Interior, como medio de obtener “confesiones” e incriminar a terceras personas. Los métodos empleados incluían, al parecer, introducción de agujas bajo las uñas, descargas eléctricas, palizas, violencia sexual, privación de sueño, asfixia con bolsas de plástico e inyección de fármacos.
Abdukakhkhor Rozikov murió bajo custodia policial en la ciudad de Kulob el 2 de enero. Su muerte había sido consecuencia de tortura según la opinión generalizada, y existían fotografías y vídeos del cadáver que lo confirmaban. El 25 de julio, en una medida poco habitual para exigir cuentas a los perpetradores, 3 ex agentes de policía fueron condenados a sendas penas de 14 años de prisión por su implicación en esta muerte.
La población reclusa seguía denunciando abusos, como palizas, falta de acceso a comida y agua, y condiciones de frío y humedad en las celdas. Al parecer, muchos padecían tuberculosis y no recibían el tratamiento médico adecuado.
Discriminación
Comunidad pamiri
En abril, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por la marginación y la discriminación que sufría la minoría étnica y religiosa pamiri residente principalmente en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán. Aunque Tayikistán había adoptado la Ley de Igualdad y Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en 2022, la legislación no protegía a la población pamiri porque las autoridades negaban que fuera un grupo étnica o lingüísticamente diferenciado. Las autoridades continuaron asimilando a la fuerza a esta población, prohibiendo el uso de las lenguas pamiris y la afirmación de la identidad pamiri en centros estatales, escuelas, medios de comunicación, representaciones artísticas y espacios públicos.
Comunidad romaní/jughi
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial subrayó también la necesidad de una estrategia integral para abordar la marginación y los prejuicios de los medios de comunicación contra la comunidad jughi (romaní). La discriminación estructural era especialmente evidente en la educación, donde la tasa de matriculación jughi era baja.
Derecho a un medioambiente saludable
Tayikistán dependía de la ayuda económica internacional para cumplir sus objetivos climáticos, y los proyectos enfocados a la adaptación al cambio climático eran impulsados en gran medida por organizaciones internacionales. En agosto, el Banco Mundial señaló importantes problemas de salud y pérdidas económicas a causa de la contaminación del aire, que contribuía a una tasa de mortalidad de 78 muertes por cada 100.000 habitantes.