Eslovaquia 2020
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Eslovaquia 2020

La discriminación de la comunidad romaní seguía siendo habitual. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió a favor de dos romaníes víctimas de malos tratos policiales. El Parlamento rechazó un proyecto de ley que restringía el acceso al aborto.

Información general

De las elecciones parlamentarias celebradas el 29 de febrero surgió un nuevo gobierno liderado por Igor Matovič, elegido de entre los representantes de una plataforma anticorrupción.

Ante la pandemia de COVID-19, el gobierno declaró el estado de emergencia en marzo y adoptó un amplio conjunto de medidas para evitar la propagación del virus.

En abril, un exsoldado fue declarado culpable de asesinar en 2018 al periodista de investigación Ján Kuciak y a su novia, Martina Kušnírová, cuyas muertes habían desatado protestas generalizadas. En septiembre, un tribunal absolvió al empresario Marián Kočner, acusado de ordenar el asesinato. El periodista investigaba denuncias de corrupción, algunas de ellas relacionadas con las actividades empresariales de Marián Kočner.

Discriminación: romaníes

Persistieron los prejuicios y la discriminación contra las comunidades romaníes, a las que se estigmatizó durante la pandemia de COVID-19 por considerarlas una amenaza para la salud pública.

En el caso específico de los asentamiento romaníes, las autoridades adoptaron medidas desproporcionadas y discriminatorias contra ellos en su respuesta al virus.1 En abril, realizaron pruebas de COVID-19 a la población de varios asentamientos con ayuda del ejército y ordenaron el confinamiento de cinco de ellos por razones de salud pública. La legalidad de estas cuarentenas obligatorias, para cuya aplicación se recurrió a la policía y el ejército, no estaba clara, por lo que se temía que fueran medidas de reclusión arbitraría. No se informó sin demora a la población de estos asentamientos sobre la duración y condiciones de la cuarentena. El acceso insuficiente a agua y saneamiento en los asentamientos romaníes informales y la falta de alojamiento alternativo adecuado eran problemas arraigados de los que las autoridades no se ocuparon debidamente en su respuesta a la COVID-19, por lo que a las comunidades afectadas les resultó mucho más difícil seguir las recomendaciones de salud pública.

En julio, el Ministerio de Educación escribió a la Comisión Europea en relación con los procedimientos de infracción en curso contra Eslovaquia por segregación y discriminación sistémicas de los niños y niñas romaníes en los centros escolares. En su carta, el gobierno reconocía la existencia de segregación racial en la educación en el país y establecía un conjunto de medidas para eliminarla, entre ellas la elaboración de una definición jurídica de la segregación.

Uso excesivo de la fuerza

Continuaron las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y malos tratos policiales contra romaníes. En mayo, el Ministerio del Interior abrió una investigación sobre unas denuncias según las cuales un agente de policía había golpeado a cuatro niñas y un niño romaníes que habían salido brevemente de una zona en cuarentena obligatoria en el pueblo de Krompachy.

En enero, en la causa A. P. v. Slovakia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió a favor de un adolescente romaní sometido a malos tratos por la policía en 2015 y criticó que las autoridades no hubieran investigado su denuncia de manera efectiva. En marzo, en la causa M. B. & Others v. Slovakia, el TEDH solicitó formalmente una respuesta de Eslovaquia en relación con los presuntos malos tratos infligidos a seis niños romaníes en una comisaría de policía de la ciudad de Košice en 2009.

En septiembre, el TEDH resolvió, en la causa R. R. & R. D. v. Slovakia, que dos hombres romaníes residentes en el asentamiento de Moldava nad Bodvou habían sufrido trato inhumano en junio de 2013 durante una operación policial en la que más de 30 personas habían resultado heridas. Asimismo, concluyó que las autoridades no habían respetado la prohibición de la discriminación al no investigar la planificación presuntamente discriminatoria de la operación.

Derechos de las mujeres y las niñas

Aumentaron las violaciones de derechos de las mujeres, a menudo cometidas con la excusa de proteger valores religiosos o tradicionales.

En febrero, el Parlamento, que se negaba a ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) a pesar de que Eslovaquia ya era Estado signatario, votó rechazarlo en su totalidad. Organizaciones dedicadas a la cuestión de la violencia contra las mujeres informaron de un incremento de la violencia de género en el ámbito familiar tras el brote de COVID-19.

La defensora del Pueblo expresó su preocupación en relación con el acceso oportuno y seguro de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia. Algunos proveedores de servicios de salud suspendieron la práctica de abortos, alegando la orden del gobierno de posponer las operaciones no esenciales en respuesta a la COVID-19.

En octubre, el Parlamento rechazó un proyecto de ley que imponía nuevos obstáculos al acceso al aborto, con el consiguiente peligro para la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas.


  1. Stigmatizing quarantines of Roma settlements in Slovakia and Bulgaria (EUR 01/2156/2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional