Federación Rusa 2016/2017

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Federación Rusa 2016/2017

Se intensificaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Continuaron los procesos judiciales de quienes habían participado en protestas contra el gobierno en la plaza de Bolotnaya, lo que suscitó mayor preocupación aún por el respeto a las normas sobre juicios justos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos se exponían a ser sancionados con multas o procesados por sus actividades. Se inició el primer proceso penal por incumplimiento de la ley sobre “agentes extranjeros”. Varias personas fueron acusadas en aplicación de la legislación contra el extremismo por criticar políticas gubernamentales y por poseer o mostrar en público material supuestamente extremista. Hubo denuncias de tortura y otros malos tratos en instituciones penitenciarias, y la falta de atención médica adecuada en las cárceles ponía en peligro la vida de las personas recluidas en ellas. Continuaron denunciándose graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las operaciones de seguridad en el Cáucaso Septentrional. En Chechenia, quienes criticaban a las autoridades se exponían a ser procesados y a sufrir agresiones físicas a manos de agentes no estatales, que acosaban también a los defensores y defensoras de los derechos humanos que informaban desde la región. Rusia fue objeto de críticas internacionales en relación con las denuncias de crímenes de guerra cometidos por sus tropas en Siria. La Corte Penal Internacional continuó su examen preliminar de la situación en Ucrania, que incluía los delitos cometidos en el este del país y Crimea. Rusia no respetaba los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

El 7 de julio se aprobaron una serie de reformas de la legislación contra el extremismo conocidas como “paquete Yarovaya”. Estas reformas eran en gran medida contrarias a las obligaciones internacionales de Rusia en materia de derechos humanos, pues prohibían cualquier tipo de actividad misionera fuera de las instituciones religiosas especialmente designadas para ello, obligaban a los proveedores de tecnologías de la información a guardar registros de todas las conversaciones durante seis meses y de los metadatos durante tres años, alargaban la pena máxima por extremismo de 4 a 8 años de cárcel e incrementaban de 5 a 10 años de prisión la pena por incitar a terceros a participar en disturbios masivos.

Libertad de reunión

En marzo, la legislación que regulaba las concentraciones públicas se modificó para prohibir las caravanas de vehículos “no autorizadas”. Esta nueva disposición se utilizó en agosto para procesar a un grupo de campesinos de la región de Kubán, en el sur de Rusia, que se dirigían en tractores y automóviles privados a la capital del país, Moscú, para protestar contra el acaparamiento de tierras por empresas de explotación agrícola. Su líder, Aleksei Volchenko, permaneció 10 días sometido a detención administrativa por manifestarse sin autorización1 tras haber participado en una reunión entre los campesinos y el adjunto regional plenipotenciario del presidente. Otras personas asistentes a la reunión fueron multadas o sometidas durante cortos periodos a detención administrativa.

Cuatro personas seguían cumpliendo condena por participar en una manifestación en la plaza moscovita de Bolotnaya el 6 de mayo de 2012; además, se presentaron cargos contra otras dos en relación con aquellos sucesos. El 5 de enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la detención de Yevgeniy Frumkin durante 15 días por “no acatar órdenes policiales” tras participar en la manifestación de Bolotnaya había sido arbitraria y que se había infringido su derecho a la libertad de reunión pacífica. El Tribunal concluyó que su detención y la sanción administrativa que se le había impuesto eran “manifiestamente desproporcionadas” y tenían como fin disuadir a otras personas y a él de participar en manifestaciones o hacer política de oposición.

El 12 de octubre se acusó a Dmitry Buchenkov de un delito de participación en disturbios masivos y se formularon contra él seis cargos de empleo de “fuerza no letal” contra agentes de policía durante la manifestación de la plaza de Bolotnaya. Dmitry Buchenkov aseguró que, cuando sucedieron los hechos de los que se lo acusaba, estaba en Nizhny Novgorod y que no había participado en la protesta. Al concluir el año seguía detenido, situación en que se encontraba desde diciembre de 2015.

Libertad de asociación: defensores y defensoras de los derechos humanos

A lo largo del año, decenas de ONG independientes que recibían financiación del extranjero fueron incluidas en la lista de “agentes extranjeros”, entre ellas el Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial.

Las ONG seguían expuestas a ser sancionadas con multas administrativas por incumplir la legislación sobre “agentes extranjeros”. El 24 de junio, Valentina Cherevatenko, fundadora y presidenta de la Unión de Mujeres del Don, supo que se había iniciado un procedimiento penal en su contra por “evasión sistemática de deberes impuestos por ley a organizaciones sin ánimo de lucro que llevan a cabo tareas de agente extranjero”, delito penado con hasta dos años de prisión. Era la primera vez que se aplicaba el artículo correspondiente del Código Penal, introducido en 2012. Al terminar el año, la investigación seguía abierta. El personal de la Unión de Mujeres del Don fue interrogado a menudo por investigadores, que también inspeccionaban todas las publicaciones de la organización.

Las autoridades fiscales exigieron el pago de 2.222.521 rublos (31.000 €) a Lyudmilla Kuzmina —bibliotecaria jubilada y coordinadora de la sección de Samara del observatorio electoral Golos—, tras clasificar como beneficios la subvención que Golos había recibido de la organización estadounidense USAID —previamente declarada “indeseable”— y afirmar que Lyudmilla Kuzmina había mentido al declarar que el dinero procedía de una subvención. El 14 de marzo de 2016, las autoridades fiscales ganaron su recurso contra la sentencia del 27 de noviembre de 2015 del Tribunal de Distrito de Samara, según la cual Lyudmilla Kuzmina no había defraudado el dinero al gobierno ni lo había utilizado en beneficio propio. Tras el fallo en favor de las autoridades fiscales, unos agentes judiciales confiscaron el automóvil de Lyudmilla Kuzmina, quien también dejó de percibir su pensión.

Libertad de expresión

Continuó haciéndose un uso excesivo de la legislación contra el extremismo, hasta el punto de violar el derecho a la libertad de expresión. Según la ONG Centro SOVA, el 90% de las sentencias condenatorias dictadas en aplicación de la legislación contra el extremismo eran por la publicación o difusión de contenidos en redes sociales. El 3 de noviembre, tras una petición del Centro SOVA y otras ONG, el pleno del Tribunal Supremo presentó directrices sobre la aplicación de la legislación contra el extremismo que especificaban que sólo debían considerarse incitación al odio las afirmaciones que incluyeran elementos violentos, como incitación al genocidio, a la represión generalizada, a la deportación o a la violencia.

El 20 de febrero, Yekaterina Vologzheninova, dependienta de comercio de Ekaterimburgo, en la región de los Urales, fue declarada culpable de “incitar al odio y la enemistad por motivos de etnia” en aplicación del artículo 282 del Código Penal por criticar en Internet —principalmente difundiendo artículos de medios de comunicación ucranianos— la anexión de Crimea por parte de Rusia y la intervención del ejército ruso en Dombás, en el este de Ucrania. Yekaterina Vologzheninova, madre soltera y única cuidadora de su anciana madre, tuvo que cumplir 320 horas de “trabajo correctivo” no remunerado. El juez también ordenó la destrucción de su ordenador por ser un “arma del delito”.

El 2 de noviembre comenzó el juicio de Natalya Sharina, presa de conciencia y directora de la Biblioteca de Literatura Ucraniana de Moscú, de gestión estatal. Se la acusaba de “incitar al odio y la enemistad mediante el uso indebido de su cargo”, en aplicación del artículo 282 del Código Penal, y de usar fondos de la biblioteca de forma fraudulenta, delitos por los que podría ser condenada hasta a 10 años de prisión. Supuestamente se habían encontraron libros clasificados como “extremistas” entre el material no catalogado de la biblioteca. Natalya Sharina permanecía bajo arresto domiciliario desde el 30 de octubre de 2015.

Cáucaso Septentrional

Continuaron denunciándose graves violaciones de derechos humanos en el Cáucaso Septentrional, incluidas desapariciones forzadas y presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante operaciones de seguridad. Los defensores y defensoras de los derechos humanos también corrían peligro. El 9 de marzo, dos integrantes de la organización de derechos humanos Grupo Móvil Conjunto, así como su chófer y seis periodistas de medios de comunicación rusos, noruegos y suecos, sufrieron una agresión cuando viajaban de Osetia del Norte a Chechenia. Cuatro automóviles obligaron a detenerse al minibús que los transportaba cerca de un control de seguridad de la frontera administrativa entre Ingusetia y Chechenia. Veinte hombres enmascarados los arrastraron fuera del vehículo y los golpearon con brutalidad y, a continuación, incendiaron el minibús. Dos horas después, la oficina del Grupo Móvil Conjunto en Ingusetia fue saqueada. El 16 de marzo, el director de un hotel de la capital de Chechenia, Grozni, se dirigió al líder del Grupo Móvil Conjunto, Igor Kalyapin, y le pidió que abandonara el establecimiento, dado que “no le gustaba” el líder checheno, Ramzan Kadyrov. A continuación, una multitud enfurecida asestó puñetazos a Igor Kalyapin y le arrojó huevos, pasteles, harina y desinfectante.

El 5 de septiembre, Zhalaudi Geriev, periodista independiente conocido por sus críticas a los dirigentes chechenos, fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal de Distrito de Shali, en Chechenia, por posesión de 167 gramos de marihuana. Durante el juicio se retractó de su confesión del cargo de posesión de drogas y afirmó que tres hombres vestidos de civil lo habían aprehendido el 16 de abril, lo habían metido en un automóvil y lo habían llevado a un bosque a las afueras de Grozni, donde lo habían torturado antes de entregarlo a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que lo obligaron a “confesar”.

Los dirigentes chechenos continuaban ejerciendo presión directa sobre el poder judicial. El 5 de mayo, Ramzan Kadyrov convocó una reunión de todos los jueces y obligó a cuatro de ellos a dimitir. No hubo respuesta de las autoridades federales.

Juicios injustos

El 26 de mayo, tras un juicio sin las debidas garantías, el Tribunal Supremo de Chechenia condenó a 22 años y medio y 20 años de prisión, respectivamente, a los ciudadanos ucranianos Mykola Karpyuk y Stanislav Klykh. Las condenas fueron confirmadas en apelación por el Tribunal Supremo ruso. Ambos fueron declarados culpables de ser líderes y combatientes de un grupo armado que, al parecer, había matado a 30 soldados rusos durante el conflicto de Chechenia, entre 1994 y 1996. Los dos afirmaron haber sido torturados tras su detención en marzo y agosto de 2014, respectivamente. Sus abogados no pudieron hablar con ellos ni obtener información básica sobre su paradero hasta varios meses después de su detención. Stanislav Klykh, que no tenía historial de enfermedades mentales, parecía gravemente alterado durante todo el juicio (que había empezado en octubre de 2015), posiblemente como resultado de haber sufrido torturas.2 El abogado de Mykola Karpyuk alegó que se habían dejado fuera del sumario pruebas decisivas que apoyaban la coartada de su cliente. El juez no permitió que se entrevistase a testigos en Ucrania.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo práctica generalizada y sistemática, tanto durante el periodo inicial de detención como en las colonias penitenciarias.

El 30 de agosto, Murad Ragimov y su padre fueron golpeados y torturados durante dos horas en la cocina de su domicilio en Moscú por agentes de la Unidad Especial de Respuesta del Ministerio del Interior. Los agentes acusaron a Murad Ragimov de matar a un policía en Daguestán y de haber sido combatiente del grupo armado Estado Islámico en Siria. Un primo suyo fue esposado a la mesa de la cocina mientras los agentes lo torturaban a él golpeándolo con una porra eléctrica y asfixiándolo con una bolsa de plástico. Finalmente, los agentes afirmaron haber hallado drogas en los bolsillos de Murad Ragimov, que fue trasladado a la comisaría de policía; al concluir el año, permanecía detenido a la espera de ser juzgado por cargos de drogas.

Ildar Dadin dijo a su esposa en una carta que había sufrido tortura y otros malos tratos en la colonia penitenciaria de Segezha, en la región rusa de Karelia. Contó que había sido golpeado en varias ocasiones por grupos de entre 10 y 12 guardias penitenciarios, y en una ocasión también por el director de la colonia. Relató que le habían metido la cabeza en un retrete, lo habían colgado de las esposas y lo habían amenazado con violarlo. Desde su llegada a la colonia, en septiembre, hasta el final del año, fue encerrado en siete ocasiones en una celda de castigo. A raíz de sus denuncias, las autoridades penitenciarias realizaron una inspección que concluyó que no se habían producido malos tratos. Ildar Dadin fue la primera persona a la que se impuso, en 2015, una sentencia condenatoria por participar en una manifestación pacífica en aplicación del artículo 212.1 del Código Penal, que tipificaba como delito incumplir la normativa sobre la celebración de reuniones públicas. Fue condenado a tres años de prisión, reducidos en apelación a dos y medio.

Privación de atención médica adecuada

A lo largo del año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en 12 causas distintas que se había sometido a tortura u otros malos tratos a personas presas en Rusia, al no proporcionarles una atención médica adecuada en cárceles y centros de prisión preventiva. El 27 de abril, en un informe al Consejo de la Federación, el fiscal general afirmó que la falta de fármacos antirretrovirales en las cárceles ponía en peligro la vida de las personas presas con VIH. Según un informe de la ONG Zona Prava publicado en noviembre, los servicios médicos penitenciarios adolecían de una grave falta de fondos, lo que daba lugar a escasez de fármacos antirretrovirales para tratar el VIH. El informe también afirmaba que muchas enfermedades no se diagnosticaban hasta que se volvían graves y que el personal médico del servicio de prisiones no era lo bastante independiente. Aunque en teoría la ley contemplaba la excarcelación anticipada por motivos de salud, sólo se le concedía a uno de cada cinco presos que la solicitaban.

Amur Khakulov falleció a principios de octubre en un hospital penitenciario de la región de Kirov, en Rusia central, debido a un fallo renal. El 15 de junio, un tribunal se había negado a excarcelarlo por motivos médicos, pese a que un panel de profesionales de la salud había recomendado su puesta en libertad. Llevaba detenido desde octubre de 2005 y, según su familia, había desarrollado una afección renal crónica durante su reclusión.

Conflicto armado: Siria

En colaboración con el gobierno sirio, Rusia llevó a cabo en Siria ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil (incluidas zonas residenciales, instalaciones médicas y convoyes de ayuda humanitaria), que causaron miles de muertos y heridos entre la población civil.

Justicia internacional

El 14 de noviembre, la fiscal de la Corte Penal Internacional afirmó que la situación en los territorios de Crimea y Sebastopol constituía un conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania. Además, estaba estudiando si podía decirse lo mismo de la situación en el este de Ucrania.

El 16 de noviembre, el presidente Putin anunció que Rusia renunciaba a ser Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que había firmado en el año 2000 pero no había llegado a ratificar.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Rusia continuó devolviendo a personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo a Uzbekistán y a otros países, pese al riesgo real de que sufrieran tortura y otros malos tratos.3 En muchos casos se las expulsaba por permanecer en el país tras superar el plazo de estancia marcado por su visado o por no tener los documentos exigidos por el Código Administrativo, con lo que el tribunal no estaba obligado a tener en cuenta la gravedad del delito cometido, las circunstancias de la persona ni las posibles consecuencias que pudiera tener para ella la expulsión del país, y la persona en cuestión no tenía derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito.

El 1 de julio, el solicitante de asilo uzbeko Olim Ochilov fue devuelto de Rusia a su país, incumpliendo de manera flagrante las medidas provisionales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 28 de junio para detener su devolución a Uzbekistán, donde corría un riesgo real de ser torturado.

  1. Farmers and truck drivers imprisoned for a peaceful protest against corruption (EUR 46/4760/2016)
  2. Peligra la salud de una víctima de juicio injusto (EUR 46/4398/2016)
  3. Fast-track to torture. Abductions and forcible returns from Russia to Uzbekistan (EUR 62/3740/2016); La devolución de un solicitante de asilo de Rusia a Uzbekistán es una violación flagrante del derecho internacional (EUR 62/4488/2016)

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