Países Bajos 2019
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Países Bajos 2019

Continuaron las devoluciones a Afganistán. Las medidas de seguridad adoptadas en el contexto de la estrategia para combatir el terrorismo seguían siendo un motivo de preocupación acuciante. El gobierno anunció la introducción de armas de electrochoque (Taser) para uso diario, solicitada por la policía.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

La presión política para que aumentara el número de deportaciones siguió poniendo en peligro los derechos humanos. Países Bajos continuó devolviendo a Afganistán a solicitantes de asilo cuya solicitud había sido rechazada, incluidas familias con menores a su cargo, en incumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe devolver a personas a países o territorios donde tengan probabilidades de sufrir persecución.

La Cámara de Representantes aprobó en julio un anteproyecto de ley sobre la reforma de las normas de detención de inmigrantes, que al final del año estaba pendiente en el Senado. Debido a nuevas modificaciones, el proyecto de ley se remitiría (de nuevo) al Consejo de Estado en enero de 2020, y después la Cámara de Representantes debería volver a decidir sobre las nuevas propuestas. Aunque contenía leves mejoras, mantenía un régimen de detención de tipo “carcelario” en cuanto a instalaciones, condiciones de reclusión y uso de medidas disciplinarias, como esposas y celdas de aislamiento.

En Curaçao, uno de los países constituyentes del reino de los Países Bajos, las personas venezolanas que buscaban protección se veían privadas de sus derechos. Estaban expuestas a ser deportadas sin una evaluación individual de sus necesidades de protección y eran recluidas en centros de detención en terribles condiciones.

Seguridad y medidas antiterroristas

El ministro de Justicia impuso restricciones a las libertades individuales y revocó inicialmente la nacionalidad neerlandesa a 13 personas, basándose en supuestos riesgos para la seguridad nacional y no en delitos tipificados. Utilizó para ello dos nuevas leyes antiterroristas que eran incompatibles con los tratados internacionales de derechos humanos y limitaban los derechos a un recurso efectivo y a una vista imparcial. No obstante, varias personas impugnaron con éxito la decisión de revocar su nacionalidad, por lo que siguieron siendo neerlandesas.

Países Bajos continuaba recluyendo automáticamente, sin evaluación individuad previa, a las personas sospechosas o declaradas culpables de cargos de terrorismo en dos unidades especiales de detención de alta seguridad. Sin una evaluación que determinara que el ingreso en estas unidades era necesario y proporcionado, las medidas de seguridad adoptadas de manera habitual en ellas —como los registros corporales frecuentes e invasivos, el aislamiento prolongado y la vigilancia constante— podían constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Estaba pendiente la reforma de la controvertida Ley de Servicios de Inteligencia y Seguridad, en virtud de la cual tales servicios tendrían amplias facultades de vigilancia que constituían una amenaza para los derechos a la intimidad, a la libertad de expresión y a no sufrir discriminación. Las garantías contra el uso indebido de esas facultades eran insuficientes. La posibilidad de que se compartiera información con servicios de inteligencia de otros países y se tuviera acceso directo a bases de datos de informantes era motivo de gran preocupación.

Policía y fuerzas de seguridad

La policía solicitó que se le autorizara el uso de armas de electrochoque en el ejercicio de sus funciones diarias y que el gobierno dotara de armas Taser X2 a alrededor de 17.000 agentes de patrulla.

Según había demostrado un proyecto piloto de un año de duración concluido en 2018, la policía recurría a estas armas en situaciones en las que no existía peligro inminente para la vida ni riesgo de lesión grave (criterio internacionalmente reconocido para tal uso policial de la fuerza). En más de la mitad de los casos en que se usaban estas armas, se aplicaban descargas eléctricas en la modalidad de contacto directo (drive-stun) incluso cuando la persona estaba ya esposada, dentro de un vehículo o una celda policial, o en una celda de aislamiento de un hospital psiquiátrico. En dicha modalidad, las armas causaban un gran dolor a la persona, pero no la incapacitan. Utilizadas de este modo eran incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos. En noviembre, el ministro de Justicia anunció que se restringiría su utilización en la modalidad de contacto directo. Los datos sobre el empleo de armas Taser en la primera mitad de 2019 indicaban que sólo se habían utilizado en esta modalidad una vez.

Libertad de religión o de creencias

En julio entró en vigor la prohibición de llevar el rostro cubierto en determinados lugares públicos, lo que restringía el derecho a la libertad de religión y de expresión, sobre todo en el caso de las mujeres musulmanas.