Resumen

No se esclarecieron asesinatos y ataques perpetrados en el pasado contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación. El Tribunal Constitucional resolvió que las investigaciones sobre presuntas torturas y malos tratos no se ajustaban a las normas internacionales. La financiación de las ONG estaba en peligro y los medios de comunicación afines al gobierno llevaron a cabo campañas de difamación contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

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