Malta 2016/2017

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Malta 2016/2017

Comenzó a aplicarse un nuevo régimen de recepción para las personas migrantes y solicitantes de asilo, que se alejaba de la detención preceptiva y automática de quienes entraban irregularmente en Malta. Sin embargo, suscitaba preocupación que las garantías frente a la detención ilegítima y arbitraria continuaran siendo insuficientes. El aborto seguía estando prohibido en todas las circunstancias.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En enero y febrero, el ACNUR —la agencia de la ONU para los refugiados— y las ONG nacionales acogieron con satisfacción algunos elementos del nuevo marco jurídico y normativo sobre la recepción de solicitantes de asilo y migrantes en Malta. Dicho marco se había aprobado al final de 2015 y se había incorporado a través de enmiendas a las leyes sobre inmigración y refugiados, de reglamentos y de un nuevo documento político del Ministerio de Interior y Seguridad Nacional.

El nuevo marco puso fin al problemático régimen de detención preceptiva, automática y a largo plazo aplicado a las personas solicitantes de asilo y migrantes que entraban irregularmente en Malta. Sin embargo, se mantuvo un periodo de detención de unas 70 horas en alguno de los nuevos Centros de Recepción Inicial para solicitantes de asilo y migrantes a su llegada, durante el cual estas personas eran examinadas médicamente, identificadas y evaluadas para determinar si quedaban en libertad o continuaban en detención. Aunque esta detención inicial normalmente no debía durar más de siete días, podía alargarse por razones de salud. El nuevo marco introducía asimismo motivos legales para la detención, la asistencia letrada gratuita, la posibilidad de impugnar las órdenes de detención y la revisión automática de dichas órdenes.

Persistieron los motivos de preocupación relacionados con la interpretación de los motivos legales para la detención, la falta de claridad sobre los casos en que serían aplicables alternativas a la detención y la falta de garantías de un uso proporcionado de la detención. En particular, el ACNUR señaló que algunas de las nuevas directrices para las autoridades de inmigración no estaban en plena consonancia con el derecho y las normas internacionales y podían dar lugar a detenciones arbitrarias.

No hubo llegadas irregulares por mar de personas refugiadas y migrantes directamente desde el norte de África, ya que la mayoría eran rescatadas en el mar y desembarcadas en Italia. Sin embargo, 29 personas que necesitaban asistencia médica urgente durante su rescate en alta mar fueron llevadas a Malta. Como parte de la Operación Tritón de Frontex (agencia de control de fronteras marítimas de la UE) y de la Operación Sofía (EUNAVFOR MED, operación militar de la UE en el sur del Mediterráneo central), las fuerzas armadas de Malta continuaron participando en el rescate de personas refugiadas y migrantes que cruzaban el Mediterráneo central en embarcaciones sobrecargadas y no aptas para navegar. Al final de noviembre, más de 1.600 personas habían llegado a Malta en avión o en transbordador para pedir asilo. Más de un tercio de esas personas eran libias.

Las que fueron aceptadas en virtud del programa de reubicación de la UE (80 personas hasta el final de noviembre) permanecieron retenidas unas 70 horas para su examen médico en alguno de los nuevos Centros de Recepción Inicial, a pesar de las críticas del ACNUR.

En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Malta había infringido el artículo 5.4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho a que un tribunal examine con celeridad la legalidad de la detención. Las demandantes eran dos mujeres somalíes que habían estado detenidas desde agosto de 2012 hasta agosto de 2013 por su entrada irregular en Malta en aplicación del antiguo régimen de recepción, y no habían tenido acceso a un recurso adecuado para impugnar la legalidad de su detención.

En junio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria publicó un informe sobre Malta basado en una visita al país realizada el año anterior. En él constataba que se habían introducido cambios legislativos para reformar el carácter automático de la detención, pero también señalaba que los programas dirigidos a la integración de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en la sociedad maltesa seguían siendo insuficientes.

En noviembre, el Ministerio de Interior y Seguridad Nacional anunció una revisión de los nuevos certificados de protección temporal por motivos humanitarios, concedidos a las personas cuya solicitud de asilo había sido rechazada. Las ONG señalaron con preocupación que esta decisión podía complicar el acceso de las personas afectadas a servicios básicos, como la educación y la salud. El ACNUR recomendó precaución a la hora de efectuar repatriaciones derivadas de la revisión, ya que conocía casos de personas a las que debería haberse concedido protección internacional y en cambio se les había expedido un certificado de protección temporal humanitaria.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto seguía estando prohibido en todas las circunstancias y se privaba a las mujeres de acceder a él incluso cuando su vida corría peligro.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Malta había infringido el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, garantiza el acceso a un abogado en las etapas iniciales de interrogatorio policial. Un hombre condenado había denunciado que no había tenido acceso a asistencia letrada durante su interrogatorio bajo custodia policial en la fase previa al juicio.

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