Kirguistán 2020
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Kirguistán 2020

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial. El gobierno no adoptó medidas adecuadas para proteger al personal sanitario durante la pandemia de COVID-19. Las sobrevivientes de la violencia de género afrontaban importantes obstáculos para acceder a la justicia. El preso de conciencia Azimjan Askarov murió tras contraer neumonía en prisión. Los defensores y defensoras de los derechos humanos eran objeto de represalias por su trabajo. Hubo propuestas legislativas que amenazaban con imponer más restricciones a las ONG. La policía dispersó una marcha pacífica de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Información general

El 18 de marzo se informó de los primeros casos de COVID-19, y se declaró el estado de emergencia del 22 de marzo al 10 de mayo. Las restricciones fueron severas; en algunos casos se confinó a la gente en sus bloques de apartamentos.

El país se sumió en un periodo de inestabilidad tras la impugnación general de los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre y su posterior anulación después de protestas multitudinarias. Varias personas detenidas fueron liberadas por los manifestantes. Entre ellas figuraba Sadyr Japarov, encarcelado en 2017 por toma de rehenes. En un contexto de enconadas disputas por el liderazgo, un grupo de parlamentarios lo nombró primer ministro el 10 de octubre. El presidente Sooronbai Jeenbekov dimitió bajo presión el 15 de octubre, y Sadyr Japarov fue confirmado entonces como presidente provisional, pero dejó el cargo en noviembre para concurrir a las elecciones presidenciales previstas para enero de 2021.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias verosímiles de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial. El periodista uzbeko Bobomurod Abdullayev fue arrestado el 9 de agosto en la capital, Bishkek, tras solicitar Uzbekistán su extradición. Se le negó el acceso a asistencia letrada, y posteriormente denunció que, el 11 de agosto, los investigadores lo habían torturado asfixiándolo con una toalla para obligarlo a firmar un documento. El 22 de agosto, Bobomurod Abdullayev fue devuelto a Uzbekistán, donde corría un peligro real de sufrir tortura, mientras su solicitud de asilo en Kirguistán seguía pendiente de resolución.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó en mayo y junio en los casos de Shukurillo Osmonov y Zhanysbek Khalmamatov, respectivamente, que Kirguistán no había llevado a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura. Shukurillo Osmonov afirmaba que cuatro agentes de policía lo habían sometido a tortura en 2011 para obligarlo a confesar su participación en disturbios masivos ocurridos en Osh en 2010, aunque estaba fuera del país en ese momento. Sus denuncias de tortura las examinó la misma persona que había estado a cargo de la investigación abierta contra él y no halló indicios de tortura, a pesar de los informes médicos y de las declaraciones de testigos presenciales. Posteriormente, Shukurillo Osmonov fue declarado culpable de incendio intencional, de causar disturbios y de asesinato.

Derecho a la salud: personal sanitario

Las autoridades no protegieron los derechos humanos del personal sanitario. Los trabajadores y trabajadoras de la salud no recibieron equipos de protección individual adecuados de manera oportuna, se esperaba que trabajaran un número excesivo de horas, fueron objeto de cuarentenas obligatorias e inseguras de tipo “carcelario” y siguieron recibiendo un salario bajo (que a menudo no cobraban en su debido momento). Asimismo, se restringió para ellos el pago de indemnizaciones por fallecimiento o enfermedad como consecuencia de la COVID-19, por lo que muchos que tenían derecho a ellas no las recibieron. Además, los que denunciaron las condiciones laborales y la falta de equipos de protección individual hicieron frente a represalias.

Violencia contra mujeres y niñas

Las sobrevivientes de la violencia de género afrontaban importantes obstáculos para acceder a la justicia, entre ellos la falta de un entorno protegido durante los procesos judiciales. Con frecuencia recibían amenazas de los fiscales u otras personas y, en muchos casos, retiraban las denuncias. Según el Ministerio del Interior, en 2019 se habían registrado 8.519 casos de violencia de género en el ámbito familiar con arreglo al Código de Faltas, pero sólo 554 habían llegado a los tribunales (los fallos judiciales no se comunicaron), y 560 seguían en fase de investigación. Los demás casos se archivaron, porque las presuntas víctimas habían retirado las denuncias o pedido a las autoridades judiciales que pusieran fin a los procedimientos. Según el Ministerio, entre enero y marzo de 2020 las denuncias de casos de violencia de género en el ámbito familiar aumentaron en un 65% en comparación con el mismo período de 2019. En junio se reformó el Código de Procedimiento Penal para permitir a la policía detener durante un periodo de hasta 48 horas a los autores de violencia de género en el ámbito familiar.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron haciendo frente a hostigamiento y represalias por su trabajo. El sistema de justicia penal entabló actuaciones contra Kamil Ruziev, líder de la organización de derechos humanos Ventus en la ciudad de Karakol, como represalia por su labor en favor de las víctimas de tortura. La policía lo arrestó el 29 de mayo delante de unos juzgados de Karakol por no llevar identificación, a sabiendas de que el documento que se le solicitaba había sido depositado en los juzgados. El 31 de mayo quedó bajo arresto domiciliario, acusado de presentar ante los tribunales una carta falsificada de un hospital para explicar por qué no había podido interponer una apelación en nombre de uno de sus clientes, a pesar de que el personal del hospital confirmó haberla escrito. La causa seguía abierta al terminar el año.

Presos y presas de conciencia

Según informes, Azimjan Askarov murió de neumonía en prisión el 25 de julio, a pesar de haberse solicitado reiteradamente su excarcelación por, entre otras razones, el riesgo que entrañaba para su salud la pandemia de COVID-19. Había sido condenado a cadena perpetua en septiembre de 2010 por cargos falsos en un juicio sin las debidas garantías. Afirmó haber sido sometido a tortura bajo custodia.

Libertad de asociación

En junio, el Parlamento aprobó en segunda lectura unas reformas de la Ley sobre ONG que imponían nuevos y onerosos requisitos de presentación de informes económicos. Su incumplimiento podía dar lugar a la disolución de la ONG afectada. Las reformas se aprobaron sin la debida consulta: el acceso de la sociedad civil al debate fue limitado a causa de las restricciones asociadas a la COVID-19 y no se ofreció la posibilidad de participar en él por Internet. Tenían que someterse a una tercera y última lectura, pero al concluir el año no se había fijado aún la fecha para ello.

Libertad de reunión

El 4 de marzo, el Tribunal de Distrito de Pervomaisky de Bishkek confirmó la decisión de las autoridades municipales de prohibir una marcha pacífica en conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, alegando que era necesario tomar medidas para prevenir la propagación de la COVID-19. El Tribunal resolvió que “las manifestaciones pacíficas perturbarían el estable funcionamiento de la vida cotidiana de la capital” y prohibió la celebración en Bishkek de todas las reuniones de más de 100 personas, excepto los actos oficiales, hasta el 1 de julio. La policía dispersó una marcha pacífica el 8 de marzo y arrestó a 70 activistas, a quienes mantuvo bajo custodia durante varias horas, tras lo cual presentó cargos contra 6 por el delito administrativo de desobediencia a un agente de la policía. La concentración prevista para el 8 de marzo se celebró finalmente dos días después, y la prohibición de las reuniones pacíficas se levantó hasta que, ese mismo mes, se declaró el estado de emergencia.

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