Italia 2023

Hubo nuevos informes de tortura y malos tratos a manos de personal penitenciario y agentes de policía. Quienes hacían activismo en favor de la justicia climática afrontaron restricciones desproporcionadas del derecho de reunión pacífica. La violencia por motivos de género continuó estando en unos niveles inaceptablemente elevados. Se restringió de manera significativa, incluso con medidas ilegales, el acceso al asilo. Persistían los motivos de preocupación relativos a los discursos y crímenes de odio, y las salvaguardias contra la discriminación eran insuficientes. El acceso al aborto continuó siendo difícil en algunas zonas del país. Existía el riesgo de que Italia no cumpliera sus objetivos de reducción de emisiones de carbono.

Tortura y otros malos tratos

En junio quedaron bajo arresto domiciliario cinco agentes de la policía de Verona en el marco de una investigación sobre actos de tortura con el agravante de odio racial, principalmente contra personas de nacionalidad extranjera. También se estaba investigando a varios policías por delitos violentos, y se trasladó a otros muchos agentes, incluida la jefa de la policía local, a otros destinos porque no habían denunciado los abusos cometidos por sus colegas. En marzo fueron suspendidos más de 20 miembros del personal penitenciario a quienes se estaba investigando por presuntas torturas en la prisión de Biella. Continuó el juicio de 105 integrantes del personal penitenciario y otros funcionarios acusados de múltiples delitos, entre ellos tortura, tras la represión de una protesta en la prisión de Santa Maria Capua Vetere en abril de 2020. Otros dos funcionarios que habían elegido someterse a un procedimiento judicial abreviado fueron absueltos en junio.

Un anteproyecto de ley para derogar el delito de tortura suscitó preocupación por que Italia se estuviera preparando para dar marcha atrás en sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho a no sufrir tortura.¹

Libertad de expresión y de reunión

Se estaba debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley, respaldado por el gobierno, que penalizaba el vandalismo y los daños en edificios y bienes históricos durante las manifestaciones. En abril, el relator especial de la ONU sobre defensores y defensoras ambientales en virtud del Convenio de Aarhus criticó el proyecto de ley e instó a las autoridades a abstenerse de restringir de manera desproporcionada los actos pacíficos de desobediencia civil de manifestantes en favor de la justicia climática. En noviembre, otro proyecto de ley respaldado por el gobierno propuso sanciones más duras para quienes, en determinadas circunstancias, intervinieran en la organización de bloqueos de carreteras en el contexto de manifestaciones.

La policía hizo uso de fuerza excesiva contra manifestantes en algunas ocasiones. En julio, en Piamonte, la policía empleó gas lacrimógeno de manera innecesaria e indiscriminada contra una protesta mayoritariamente pacífica convocada contra un proyecto de tren de alta velocidad.

Violencia contra mujeres y niñas

Hubo 97 homicidios de mujeres en episodios de violencia de género intrafamiliar, de los que 64 fueron obra de la pareja o expareja de la víctima. Se propusieron medidas de protección reforzadas para prevenir las agresiones, entre otras cosas, como respuesta al homicidio de una joven a manos de su exnovio en la localidad de Pordenone (región de Friuli-Venecia Julia) en noviembre. Tras haber visitado el país en junio, en un informe publicado en diciembre la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó la escasez de refugios para mujeres víctimas de violencia de género y la falta de fondos para los proveedores de ese servicio.

El Parlamento no armonizó la legislación sobre la violación con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

La ruta del Mediterráneo central continuó siendo la ruta migratoria más peligrosa del mundo: en ella murieron ahogadas o desaparecieron durante el año 2.498 personas que trataban de llegar a Europa, lo que supuso un espectacular aumento respecto a la cifra de 1.417 personas de 2022. La mayoría de ellas habían salido de Libia y Túnez. Más de 157.600 personas, de las que más de 17.300 eran personas menores no acompañadas, llegaron de manera irregular por mar, frente a aproximadamente 105.000 en 2022.

Miles de las personas que desembarcaron en Italia fueron rescatadas por las autoridades italianas. Sin embargo, preocupaba el hecho de que Italia no siempre cumplía con sus obligaciones en materia de búsqueda y salvamento. En febrero, al menos 94 personas, incluidos 34 niños y niñas, murieron ahogadas cerca de la playa de Steccato di Cutro (Calabria), en aguas territoriales italianas. Seis horas antes de que el barco se hundiera, Frontex —la Agencia Europea de Fronteras Exteriores— había compartido información sobre la embarcación con las autoridades italianas, que no habían iniciado la operación de rescate inmediatamente. Estaban en curso investigaciones penales para determinar las responsabilidades.

Las ONG que realizaban rescates en el mar seguían sujetas a requisitos innecesarios, como tener que solicitar un puerto de desembarco y dirigirse a él inmediatamente después de cada rescate, lo que limitaba las posibilidades de salvar a más personas en una misma operación. En algunos casos, las autoridades obligaron a los barcos de salvamento de ONG a navegar más de 1.000 km para llegar a los puertos asignados para el desembarco cuando había puertos adecuados más cerca. En enero, y de nuevo en diciembre, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió al gobierno que revocara esas medidas.²

En marzo, el gobierno actualizó la lista de “países de origen seguros”; añadió Nigeria y confirmó Túnez a pesar de los testimonios de violaciones de derechos humanos generalizadas en ambos países. En mayo, el Parlamento abolió los permisos de protección especial —una forma de protección subsidiaria destinada principalmente a las personas solicitantes de asilo que en caso de repatriación correrían peligro— y redujo significativamente los permisos por otros motivos. También introdujo procedimientos fronterizos acelerados para examinar las solicitudes de asilo de las personas procedentes de países considerados “seguros”. Algunas de las nuevas disposiciones infringían las normas internacionales. En octubre, los tribunales ordenaron la puesta en libertad de varias personas detenidas en aplicación de los nuevos procedimientos fronterizos acelerados y resolvieron que no se podía privar de libertad a solicitantes de asilo únicamente por su procedencia de países presuntamente seguros. El gobierno recurrió esas sentencias. En octubre, el Parlamento aprobó más medidas dirigidas a restringir el acceso al asilo y ampliar las posibilidades de expulsión.

En noviembre, la primera ministra italiana y su homólogo albanés acordaron establecer en Albania dos centros de detención de personas migrantes y solicitantes de asilo, afirmando que estarían bajo jurisdicción italiana, lo que suscitó preocupación en relación con la detención arbitraria, la devolución y el acceso efectivo al asilo.

Cooperación con Libia

Continuó el apoyo a las autoridades libias para que contuvieran a personas en su país, con medidas como renovar el memorándum de entendimiento que habían firmado, a pesar de las abrumadoras pruebas de violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes desembarcadas en Libia. En marzo, un naufragio en la zona de búsqueda y salvamento libia que se cobró más de 30 vidas volvió a ilustrar la incapacidad de las autoridades libias de cumplir con sus responsabilidades en materia de búsqueda y salvamento. Pese a ello, el Parlamento amplió en junio el apoyo a la Guardia Costera Libia para aumentar su capacidad de hacer interceptaciones en el mar.³

Criminalización de la solidaridad

La causa contra las tripulaciones del Iuventa y de otras embarcaciones de salvamento de ONG por facilitar la migración irregular en relación con operaciones de rescate efectuadas en 2016 y 2017 continuaba abierta ante el tribunal de Trapani (Sicilia) al terminar el año. Esta vista preliminar ya se había extendido 18 meses.

Discriminación

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial manifestó su preocupación por los discursos de odio racistas; los discursos políticos racistas, incluso de miembros del gobierno; la proliferación de incidentes de odio racistas, y los numerosos casos de abusos y malos tratos de motivación racista contra minorías étnicas y personas migrantes a manos del funcionariado encargado de hacer cumplir la ley.

En noviembre, un centro de observación judío informó de un aumento significativo de los incidentes antisemitas en octubre, tras el comienzo del nuevo conflicto en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.

No se amplió la legislación sobre los discursos y los crímenes de odio para proporcionar a las personas LGBTI, las mujeres y las personas con discapacidad las mismas protecciones de que disponían las víctimas de odio por motivos racistas, religiosos, étnicos y nacionalistas.

Los hijos e hijas de personas extranjeras nacidos o criados en Italia continuaban sin tener acceso efectivo a la nacionalidad italiana. A consecuencia de ello, más de 1,5 millones de menores sufrían discriminación a la hora de acceder a sus derechos.

Derechos sexuales y reproductivos

En varias regiones persistían los obstáculos para acceder al aborto, principalmente a causa del elevado número de personal médico y sanitario que se negaba a prestar ese servicio. Preocupaba la proliferación de proyectos de ley nacionales y regionales centrados en la protección del feto.

Derecho a un medioambiente saludable

Las temperaturas sin precedentes alcanzadas en julio, mucho más probables a causa del cambio climático, dieron lugar en el sur de Italia a un aumento de la mortalidad del 7% respecto a la media. En junio, el gobierno publicó un nuevo plan nacional para la energía y el clima. Hubo expertos que señalaron que el plan no establecía una reducción suficiente de las emisiones, podía permitir el aplazamiento de la eliminación gradual del uso del carbón a 2028 y mostraba las dificultades que el país estaba teniendo para conseguir el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones de carbono para 2030. Quebrantando el compromiso adquirido por Italia en 2021, el gobierno continuó invirtiendo en proyectos de combustibles fósiles en el extranjero y subvencionó significativamente el uso de ese tipo de combustibles.

Transferencias irresponsables de armas

En noviembre, el gobierno suspendió las nuevas licencias para la exportación a Israel de armas y material militar. Sin embargo, continuaron las exportaciones vinculadas a licencias otorgadas en el pasado a pesar de los crecientes indicios de ataques ilegales de Israel contra la población civil y bienes de carácter civil en la Franja de Gaza ocupada.