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Resumen

La respuesta del gobierno a la COVID-19 suscitó preocupación en materia de derechos humanos, incluido el derecho a la salud, y en relación con la promulgación de legislación de emergencia sin supervisión parlamentaria y con la colocación por parte de la policía de capuchas antiescupitajos. Aumentó la cifra de personas que accedieron a servicios de aborto en virtud de la ley de 2018, pero seguía habiendo lagunas. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura se mostró crítico con el apoyo disponible para los presos y presas con problemas de salud mental. El gobierno se comprometió a reemplazar el sistema de provisión directa de alojamiento compartido para quienes buscaban protección internacional y a celebrar un referéndum constitucional sobre vivienda.

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