Hungría 2019
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Hungría 2019

El gobierno aumentó su control sobre el poder judicial. Continuó en vigor una legislación restrictiva contra las ONG que ejercía un efecto paralizante en la sociedad civil. El acceso al país continuó gravemente restringido para las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

El gobierno se enfrentaba aún a oposición interna y al escrutinio internacional por su continuo retroceso en materia de derechos humanos y su incumplimiento de la legislación de la Unión Europea.

En enero continuaron las protestas contra una legislación aprobada por el Parlamento en diciembre de 2018 que permitía a las entidades empleadoras aumentar la cantidad de horas extraordinarias exigibles al personal y abría la posibilidad de retrasar el pago de esas horas hasta tres años. Las personas participantes en las protestas y los medios de comunicación la llamaban la “ley de la esclavitud”.

En mayo, la Asociación Europea de Magistrados y la Comisión Europea expresaron su preocupación por el debilitamiento del sistema de controles y contrapesos en los tribunales ordinarios mediante prácticas que socavaban aún más su independencia. En junio, el Parlamento aplazó indefinidamente sus planes de establecer un sistema separado de tribunales administrativos. Aunque el Tribunal Constitucional había resuelto que esta propuesta se ajustaba a la Ley Fundamental de Hungría (la Constitución), la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y otros órganos la habían criticado duramente por los riesgos de injerencia política que entrañaba. En diciembre, el Parlamento aprobó un “proyecto de ley general” que, entre otros cambios, permitía a las autoridades públicas impugnar decisiones de tribunales ordinarios en casos políticamente delicados presentando una demanda ante el Tribunal Constitucional, cuya composición era elegida por la mayoría parlamentaria gobernante.

Al final del año continuaba pendiente un proceso activado por el Parlamento Europeo en 2018 en virtud del artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europa y por el que se había remitido el caso de Hungría al Consejo Europeo tras considerarse que existía “un riesgo claro de violación grave” de los valores fundamentales de la UE.

Libertad de expresión y de asociación

El gobierno continuó atacando y difamando a defensores y defensoras de los derechos humanos y a organizaciones de la sociedad civil.

Seguía en vigor una legislación restrictiva contra ONG y activistas que defendían los derechos de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, que ejercía un efecto paralizante en la sociedad civil. En febrero, el Tribunal Constitucional resolvió que el delito de “ayuda a la inmigración ilegal”, introducido por la legislación conocida como “Stop Soros”, no era inconstitucional. En junio, la Comisión Europea remitió el caso de Hungría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando que la legislación “Stop Soros” violaba varias directivas de la UE. Seguía pendiente otro asunto que la Comisión Europea había llevado ante el Tribunal en diciembre de 2017 para impugnar la legislación que estigmatizaba a las ONG que recibían fondos del extranjero.[1]

El gobierno de Hungría continuó reprimiendo la libertad académica. En julio se aprobó legislación que incrementaba la influencia del gobierno en los institutos de investigación de la Academia de Ciencias de Hungría, lo que suscitó preocupación por la independencia de la investigación académica en el futuro. Al final del año seguía pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el presidente de la Academia.

Desde la formación, en noviembre de 2018, de un grupo de medios de comunicación afines al gobierno que controlaba el 80% del mercado de los medios informativos basado en los ingresos, las opiniones críticas con el gobierno eran limitadas, pues los medios estatales concedían gran prioridad a la información sobre figuras y opiniones afines al gobierno a costa de las de la oposición.

Discriminación: romaníes

En mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial concluyó que era alarmante la prevalencia del discurso de odio racista contra las personas romaníes, migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y otras minorías, incluso entre figuras públicas del más alto nivel. Asimismo expresó su preocupación por el alto índice de crímenes de odio contra romaníes; los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no investigaban suficientemente tales ataques ni ofrecían protección adecuada a las comunidades romaníes.

El Comité concluyó también que persistía la discriminación sistémica de la población romaní en muchos sectores, como la asistencia médica, la educación, la vivienda y el empleo. Gran número de romaníes continuaban viviendo en condiciones de pobreza extrema, en barrios segregados que carecían de infraestructuras y servicios adecuados.

Al introducir su reforma de la Ley de Educación Pública en julio, el gobierno no aprovechó la oportunidad para abordar la segregación educativa de los niños y niñas romaníes, que seguía aumentando. Al terminar el año continuaban pendientes los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea en 2016 en relación con este asunto.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Había figuras políticas, entre ellas el presidente del Parlamento, y ciertas personalidades públicas que atacaban con creciente frecuencia a las personas LGBTI con comentarios homófobos y discriminatorios.

A partir de julio, grupos ultraderechistas insultaron y agredieron en varias ocasiones a personas relacionadas con la organización y asistencia a los actos del Mes del Orgullo en Budapest y a otras actividades de organizaciones LGBTI. Según ONG y medios de comunicación, en algunos casos la policía no ofreció protección adecuada frente a estos ataques.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

Se siguieron dando pasos para criminalizar el hecho de no tener hogar. A pesar de las fuertes críticas expresadas dentro y fuera del país, el Tribunal Constitucional resolvió en junio que los cambios en la Ley Fundamental introducidos en 2018, en virtud de los cuales vivir en espacios públicos era ilegal, eran constitucionales.

En junio, el Parlamento rechazó una propuesta presentada con objeto de que se exigiera a los municipios a ofrecer alojamiento alternativo adecuado a las familias con menores a su cargo que sufrieran un desalojo forzoso, a pesar de que era su obligación con arreglo al derecho internacional.

Derechos de las mujeres

Tras su visita de febrero al país, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa concluyó que Hungría, al no elaborar una nueva estrategia nacional sobre igualdad de género y al introducir políticas que asociaban a las mujeres exclusivamente con asuntos familiares, entre otras cosas, estaba retrocediendo en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.

El gobierno presentó un plan de acción para la protección de la familia en febrero de 2019. Aunque incluía medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y mejorar el apoyo a las familias, el plan fue criticado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer y por grupos de derechos de las mujeres porque parecía favorecer a las familias de rentas medias y altas más que a las de rentas bajas.

Persistió la falta de medidas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, por lo que los enjuiciamientos por este tipo de delitos seguían siendo escasos y las víctimas sufrían a menudo estigmatización; además el trato insensible que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los jueces dispensaban a las víctimas hacía que se culpara a éstas y se dictaran sentencias basadas en prejuicios. El gobierno continuó desoyendo las presiones de la sociedad civil para que ratificara el Convenio de Estambul, al que calificaba de “gimoteo político”.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Hungría continuó restringiendo gravemente el acceso al país de personas refugiadas y solicitantes de asilo, limitando la admisión a sólo dos “zonas de tránsito” en la frontera con Serbia. Se rechazaron prácticamente todas las solicitudes de asilo presentadas por personas llegadas de un “país de tránsito seguro”, como Serbia, tras la introducción de nuevos criterios sobre inadmisibilidad en 2018.

Las personas solicitantes de asilo con causas pendientes eran confinadas en ambas “zonas de tránsito”, y aquellas cuya solicitud había sido rechazada y estaban en espera de deportación no recibían alimentos de las autoridades. Al final del año, 27 personas habían solicitado, con la ayuda del Comité Húngaro de Helsinki, medidas preventivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para comenzar a recibir alimentos. En junio, la Comisión Europea inició nuevos procedimientos de infracción por la falta de provisión de alimentos a las personas que estaban en espera de deportación tras haber sido rechazada su solicitud de asilo.

Varias organizaciones expresaron su preocupación ante los informes de uso excesivo de la fuerza y violencia por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, incluidos menores de edad, en el curso de “devoluciones sumarias” a Serbia, a menudo con el resultado de heridas y lesiones.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su profunda alarma ante los informes que indicaban que la prohibición internacional de devolver a personas a países donde podrían sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos (non-refoulement) no se respetaba plenamente en la legislación ni en la práctica.

En noviembre, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó, en la causa Ilias and Ahmed v Hungary, que Hungría no evaluaba los riesgos que corrían a su regreso las personas solicitantes de asilo expulsadas a Serbia. Sin embargo, no sostuvo su anterior conclusión de que el confinamiento de personas solicitantes de asilo en la zona de tránsito sin garantías o sin una decisión formal constituía detención arbitraria.[2]

Seguridad y medidas antiterroristas

En septiembre, el gobierno prorrogó otros seis meses “la situación de crisis causada por la inmigración masiva”, que llevaba en vigor desde 2015 y concedía facultades excepcionales a la policía y el ejército. Tras su visita al país en julio, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas migrantes instó al gobierno de Hungría a dejar inmediatamente de proclamar que se enfrentaba a una “situación de crisis” y a proteger los derechos de quienes solicitaban asilo.

Las autoridades instalaron miles de cámaras de videovigilancia por toda Budapest, Estaban integradas en sistemas de cámaras privadas y conectadas a una base oficial de datos, lo que suscitó preocupación por el derecho a la intimidad y la protección frente a la vigilancia masiva. En diciembre, el Parlamento aprobó una ley que permitía a la policía utilizar programas informáticos de reconocimiento facial para identificar a personas en controles de identidad.

Ahmed H., ciudadano sirio declarado injustamente culpable de cargos de terrorismo basados en una aplicación indebida de la ley, salió en libertad condicional en enero y pudo reunirse al fin con su familia en Chipre en septiembre. Había cumplido tres años y medio de cárcel tras ser juzgado en aplicación de la draconiana legislación antiterrorista de Hungría, y era objeto de una campaña de desprestigio por parte del gobierno. [3]


[1] Hungría: Medida de la UE muestra que la “campaña de intimidación” contra quienes defienden a las personas solicitantes de asilo no se tolerará (noticia, 25 de julio)

[2] European Court of Human Rights confirms Hungary failed to assess risks on return for asylum-seekers expelled to Serbia (EUR 27/1465/2019)

[3] Ahmed H finally home: What happened (noticia, 28 de septiembre)