Alemania 2020
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Alemania 2020

El descubrimiento de actividades de extrema derecha en el seno de la policía y las fuerzas de seguridad suscitó preocupación por la protección de los derechos humanos de las minorías. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó a las autoridades alemanas a investigar la aplicación de criterios raciales por parte de la policía. Las autoridades no elaboraron una estrategia integral contra los crímenes de odio. Las llamadas a la línea nacional de atención telefónica sobre violencia contra las mujeres aumentaron considerablemente durante las restricciones impuestas para prevenir la propagación de la COVID-19. Una sentencia judicial histórica estableció que la obligación del Servicio Federal de Inteligencia de respetar los derechos humanos consagrada en la Constitución era aplicable a las actividades extraterritoriales. Alemania continuó siendo uno de los pocos países de la Unión Europea que aceptaba reubicar a solicitantes de asilo.

Información general

En febrero, un hombre abatió a tiros a nueve personas de ascendencia extranjera en dos bares de shisha en Hanau y después mató a su madre y se suicidó en su domicilio. Antes del ataque había publicado en Internet un manifiesto racista y antisemita. El fiscal federal se hizo cargo del caso y trató el ataque como un atentado terrorista.

Discriminación

En marzo, tras el ataque de Hanau, el Consejo de Ministros estableció un comité contra el racismo y la extrema derecha. En septiembre, el comité escuchó la opinión de expertos en sesiones a las que asistieron representantes de organizaciones de migrantes y personalidades académicas.

Las organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciando que la policía sometía a controles de identidad discriminatorios a las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas. En marzo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia pidió que se llevara a cabo un estudio sobre la aplicación policial de criterios raciales. En julio, el ministro federal del Interior rechazó la necesidad de un estudio alegando que “los controles de identidad discriminatorios eran ilegales”.

Ni las autoridades federales ni las estatales establecieron un procedimiento independiente de presentación de quejas para investigar las conductas discriminatorias e ilegítimas de la policía. Al terminar el año, en seis estados federales se seguía sin requerir a los agentes de policía llevar placas identificativas individuales.

En mayo, el Ministerio Federal del Interior informó de que, en 2019, los crímenes de odio habían aumentado más de un 5%, hasta alcanzar la cifra de 8.585, y los crímenes de odio antisemitas, un 13%. Ni las autoridades federales ni las estatales elaboraron una estrategia integral contra los crímenes de odio que incluyera impartir capacitación obligatoria contra el racismo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Durante el año continuaron las investigaciones sobre más de 100 cartas de amenaza, incluso de muerte, enviadas principalmente a mujeres políticas, profesionales de la abogacía y activistas contra el racismo entre agosto de 2018 y finales de 2020. En la mayoría de ellas, los remitentes firmaban como “Clandestinidad Nacionalsocialista 2.0“, en referencia a los asesinatos racistas cometidos por el grupo así llamado entre 2000 y 2007. Las direcciones se habían obtenido en bases de datos de la policía, lo que suscitaba temores en relación con las garantías de protección de datos, así como de infiltración en las fuerzas de seguridad. El Servicio de Contrainteligencia Militar también investigó a más de 500 soldados sospechosos de usar símbolos nacionalsocialistas prohibidos y de tener vínculos con redes de “ultraderecha” que defendían la violencia; se centró especialmente en el Comando de Fuerzas Especiales.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En abril comenzó ante el Tribunal Regional Superior de Coblenza el primer juicio sobre las torturas infligidas por funcionarios sirios. Dos miembros de la Dirección General de Inteligencia de Siria fueron acusados de crímenes de lesa humanidad, incluidos 58 casos de asesinato y al menos 4.000 de tortura.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En mayo, el Parlamento Federal aprobó una ley que prohibía las denominadas “terapias de conversión” para cambiar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género. Aunque se consideraba que mejoraba los derechos de las personas LGBTI, la ley fue criticada por ONG y especialistas por quedarse corta en algunas cuestiones, pues, entre otras cosas, limitaba la prohibición a las personas menores de 18 años. Preocupaba además que permitiera exenciones en el caso de las familias que trataran de “curar” a sus hijos o hijas, mientras no “incumplieran de manera flagrante su deber de diligencia”.

En septiembre, el gobierno federal presentó un anteproyecto de ley para proteger a bebés y niños y niñas nacidos con variaciones de las características sexuales frente a los denominados “tratamientos normalizadores”. Aunque abordaba las violaciones de derechos humanos de las personas intersexuales relacionadas con los procedimientos médicos, la ley no preveía la indemnización de las que habían sido sometidas a tratamientos innecesarios e irreversibles. Tampoco introducía nuevas medidas para poner fin a la patologización de los cuerpos intersexuales.

Violencia por motivos de género

Según cifras preliminares del Ministerio Federal de la Familia, la Tercera Edad, la Mujer y la Juventud, las llamadas a la línea nacional de atención telefónica sobre violencia contra las mujeres aumentaron un 20% en abril, cuando se aplicaron por primera vez las restricciones para prevenir la propagación de la COVID-19, y se mantuvieron en ese nivel elevado en comparación con el primer trimestre del año.

Derecho a la privacidad

En mayo, el Tribunal Constitucional Federal confirmó que la vigilancia del tráfico mundial de Internet llevada a cabo por el Servicio Federal de Inteligencia era inconstitucional. En una sentencia histórica, el Tribunal falló que las autoridades estatales, incluidos los servicios de inteligencia, estaban obligadas por los derechos consagrados en la Constitución —como la privacidad de las comunicaciones— con independencia de que la persona objeto de su actuación fuera alemana o extranjera y de dónde estuviera radicada. Se concluyó que las disposiciones de la Ley del Servicio Federal de Inteligencia sobre vigilancia no selectiva eran demasiado imprecisas. El régimen alemán de supervisión de los servicios de inteligencia se consideró inadecuado. El tribunal señaló la ausencia de salvaguardias para la protección de grupos como periodistas y profesionales de la abogacía. Estaba previsto que la ley se revisara a finales de 2021.

Libertad de reunión

En abril, el Tribunal Constitucional Federal resolvió que la normativa sobre la COVID-19 que prohibía las reuniones públicas de más de dos personas de distintas unidades familiares no podía interpretarse como una prohibición total de las protestas. Lo que tenían que hacer las autoridades locales era sopesar las restricciones sanitarias teniendo en cuenta el derecho a la libertad de reunión pacífica. Se podrían permitir las manifestaciones si cumplían los requisitos de salud pública, como la obligación de guardar la distancia física.

Libertad de expresión

En abril y junio se aprobaron modificaciones de la Ley de Aplicación del Ordenamiento Jurídico en las Redes, que regulaba el modo en que las grandes plataformas de Internet debían gestionar determinados contenidos punibles en virtud del Código Penal alemán. Aunque parte de ellas fueron bien acogidas en general porque mejoraban la protección de la libertad de expresión de los usuarios, algunos expertos expresaron el temor de que ampararan denuncias a usuarios ante la Oficina Federal de Investigación Criminal por crear contenido legítimo pero evaluado de manera equivocada por el proveedor de la plataforma.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

En diciembre, Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil condenaron la decisión de los ministros del Interior de los estados federales de permitir que las personas declaradas culpables de algún delito o consideradas “atacantes potenciales” fueran deportadas a Siria a pesar de que su derecho a la integridad física estaba en peligro allí.

Al final del año habían sido admitidas en Alemania 1.293 personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de las islas griegas. En aplicación del régimen de admisión humanitaria voluntaria de la Declaración UE-Turquía, llegaron 1.178 personas refugiadas sirias, y 216 personas refugiadas fueron reasentadas en virtud del programa de reasentamiento del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Rendición de cuentas de las empresas

En 2019, el gobierno había iniciado un proceso de supervisión en dos fases para examinar el grado de aplicación de los procedimientos y políticas de diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las grandes empresas alemanas. En agosto de 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó los resultados de la segunda fase. De acuerdo con ellos, únicamente del 13% al 17% de las empresas ejercían en grado suficiente la diligencia debida en materia de derechos humanos. En el marco del plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos de Alemania, adoptado en 2016, el gobierno anunció que consideraría la posibilidad de implementar medidas legislativas si menos de la mitad de las empresas ejercían la diligencia debida en grado suficiente.

Las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el extranjero por empresas alemanas o con su implicación continuaron teniendo dificultades para obtener acceso a recursos judiciales.

Transferencias irresponsables de armas

En marzo se prolongó hasta el final del año una moratoria de la exportación de armas a Arabia Saudí. La moratoria no era extensiva a ninguno de los demás países implicados en el conflicto en Yemen. Se siguió permitiendo la exportación de piezas y componentes alemanes para proyectos armamentísticos europeos conjuntos destinados a Arabia Saudí.

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional