La investigación deficiente de las denuncias sobre el uso de perfiles raciales constituyó una violación del derecho a no sufrir discriminación. La ausencia de un mecanismo de denuncia independiente obstaculizó la obtención de verdad, justicia y reparación por los abusos discriminatorios de la policía. Un tribunal resolvió que los campamentos de protesta permanentes estaban protegidos por el derecho a la libertad de reunión. Se impusieron restricciones desproporcionadas a algunas manifestaciones. El gobierno puso en marcha un programa de admisión humanitaria para personas afganas en situación de vulnerabilidad y sus familias. Una sentencia judicial estableció que la Ley de Telecomunicaciones de Alemania era incompatible con el derecho a la privacidad. Se derogó el artículo 219a del Código Penal, relativo a “publicitar el aborto”. Alemania apoyó el establecimiento de un mecanismo financiero internacional para cubrir daños y pérdidas relacionados con el clima.
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