Resumen

El descubrimiento de actividades de extrema derecha en el seno de la policía y las fuerzas de seguridad suscitó preocupación por la protección de los derechos humanos de las minorías. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó a las autoridades alemanas a investigar la aplicación de criterios raciales por parte de la policía. Las autoridades no elaboraron una estrategia integral contra los crímenes de odio. Las llamadas a la línea nacional de atención telefónica sobre violencia contra las mujeres aumentaron considerablemente durante las restricciones impuestas para prevenir la propagación de la COVID-19. Una sentencia judicial histórica estableció que la obligación del Servicio Federal de Inteligencia de respetar los derechos humanos consagrada en la Constitución era aplicable a las actividades extraterritoriales. Alemania continuó siendo uno de los pocos países de la Unión Europea que aceptaba reubicar a solicitantes de asilo.

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