Se impusieron nuevas restricciones a la libertad de expresión. Persistían la justicia selectiva y el procesamiento por motivos políticos de oponentes al gobierno. Se aprobaron leyes que ampliaban las facultades de vigilancia del gobierno y erosionaban aún más la independencia del poder judicial y los organismos de control oficiales. Las mujeres y las niñas seguían sufriendo discriminación y altos niveles de violencia. La ausencia de investigaciones eficaces sobre los casos de tortura y otros malos tratos continuó suscitando preocupación en los territorios escindidos y bajo control del gobierno.
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