Resumen

La respuesta del gobierno a la COVID-19 suscitó preocupación respecto al uso excesivo de la fuerza por la policía, el derecho de reunión pacífica y los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, entre otras cuestiones de derechos humanos. Continuaron el acoso y los enjuiciamientos contra defensores y defensoras de los derechos humanos. A raíz del asesinato de Samuel Paty, el gobierno introdujo medidas antiterroristas que violaban derechos humanos. Se siguió procesando a miles de personas por el ambiguo delito de desacato a funcionarios públicos. Se denunciaron comentarios racistas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Continuó la venta de armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos. Seguían sin adoptarse medidas para velar por el cumplimiento de la legislación sobre rendición de cuentas de las empresas. La respuesta del gobierno ante el cambio climático fue insuficiente.

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