El país continuaba careciendo de una legislación integral contra la discriminación. La definición de violación seguía sin basarse en el consentimiento. El Parlamento aprobó enmiendas a la Ley de Fronteras del Estado que violaban el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre los Refugiados. Las parejas del mismo sexo sufrían discriminación en virtud de la Ley de Nombres.
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