Continuó el deterioro de la libertad de los medios de comunicación, ya que había periodistas que sufrían intimidación, amenazas y litigios abusivos. Migrantes y solicitantes de asilo fueron objeto de devolución sumaria. Aumentó la violencia de género en el ámbito familiar. Los tribunales resolvieron que se había discriminado a las personas romaníes en los disturbios de 2019. Las personas con discapacidad sufrían discriminación persistente.
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