Persistieron las amenazas contra periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Aunque mejoraron las condiciones de acogida para las personas refugiadas y migrantes, muchas continuaban durmiendo a la intemperie. El Consejo de Ministros aprobó planes de acción relativos a la inclusión de la población romaní y a los derechos de las personas LGBTI. El acceso de las víctimas civiles de la guerra a justicia y reparación seguía siendo limitado.
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