Bélgica 2016/2017

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Bélgica 2016/2017

Las autoridades adoptaron una amplia diversidad de nuevas leyes y políticas tras los atentados perpetrados en marzo en la capital, Bruselas. Las organizaciones de la sociedad civil continuaron recibiendo informes sobre uso de perfiles étnicos por la policía. Las condiciones penitenciarias seguían siendo malas, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos criticó a Bélgica por su tratamiento de los delincuentes con enfermedad mental.

Seguridad y medidas antiterroristas

El 22 de marzo, tres hombres mataron a 32 personas e hirieron a varios cientos más en dos ataques suicidas con explosivos, coordinados entre sí, en Bruselas. Tras los ataques, las autoridades intensificaron la aplicación del amplio conjunto de medidas de seguridad anunciado tras los atentados cometidos en París (Francia) en 2015.

Las autoridades extendieron aún más el alcance de las disposiciones sobre delitos relacionados con el terrorismo, relajaron las garantías procesales y adoptaron nuevas políticas destinadas a combatir la “radicalización”. Algunas medidas suscitaban preocupación respecto al principio de legalidad, que incluía la transparencia jurídica y el respeto de las libertades de asociación y expresión.

En febrero, el gobierno federal anunció un nuevo marco normativo, denominado “Plan Canal”, para combatir la radicalización de varios municipios del área de Bruselas. El plan incluía el despliegue de un mayor número de efectivos policiales y el endurecimiento de los controles administrativos a las asociaciones.

En abril, el gobierno federal acordó establecer una base de datos que facilitara el intercambio de información entre organismos gubernamentales sobre personas sospechosas de haber viajado al extranjero para cometer delitos relacionados con el terrorismo. En julio, el gobierno anunció una base de datos similar para quienes propugnaran el odio. En diciembre, el Parlamento adoptó un proyecto de ley destinado a ampliar los poderes de vigilancia de la policía.

También en julio, el Parlamento federal amplió la disposición sobre incitación a cometer delitos relacionados con el terrorismo y suavizó las restricciones del uso de la detención preventiva para las personas sospechosas de delitos de terrorismo. En diciembre, el Parlamento aprobó legislación que penalizaba los actos de preparación para cometer delitos relacionados con el terrorismo, y aprobó también legislación sobre la conservación de los Registros de Nombres de Pasajeros.

Apenas se hicieron esfuerzos para evaluar el impacto de las nuevas medidas antiterroristas en los derechos humanos, pese a que el gobierno, durante el examen periódico universal de Bélgica en mayo, se comprometió a garantizar que dichas medidas respetaban los derechos humanos.

Condiciones penitenciarias

Las condiciones penitenciarias seguían siendo precarias debido al hacinamiento, el estado ruinoso de los centros y la falta de acceso a servicios básicos, incluida la asistencia médica. En abril empeoraron aún más las condiciones de reclusión y el acceso de los reclusos a la asistencia médica debido a una huelga de personal penitenciario que duró tres meses.

Aunque en octubre entraron en vigor reformas legislativas positivas, muchas personas con enfermedad mental que habían cometido delitos continuaron recluidas en cárceles ordinarias donde no recibían tratamiento y cuidados suficientes. En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la causa W.D. v. Belgium, resolvió que la detención de personas con enfermedad mental sin acceso a una asistencia adecuada seguía siendo un problema estructural. El Tribunal ordenó al gobierno que adoptara reformas estructurales en el plazo de dos años.

Discriminación

En abril, el Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades de Bélgica informó del auge de la discriminación contra personas de fe musulmana tras los atentados de Bruselas, sobre todo en el ámbito del empleo. Varias organizaciones de la sociedad civil y personas particulares denunciaron el uso de perfiles étnicos contra minorías étnicas y religiosas por parte de la policía.

El 9 de diciembre, el gobierno acordó un proyecto de ley destinado a reformar la ley sobre el reconocimiento legal de la identidad de género. De ser aprobado, este anteproyecto permitiría a las personas transgénero obtener el reconocimiento oficial de su identidad de género sobre la base de su consentimiento informado y sin necesidad de cumplir requisitos médicos.

Comercio de armas

Los gobiernos de la región continuaron concediendo licencias para vender armamento a las partes implicadas en el conflicto de Yemen, en particular a Arabia Saudí. En 2014 y 2015, según la información recibida, las licencias de exportación de armas de la región de Valonia destinadas a Arabia Saudí fueron —con diferencia— las de mayor valor.

Violencia contra mujeres y niñas

En marzo, Bélgica ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). En junio, las autoridades aprobaron un nuevo marco normativo con carácter vinculante en el que abordar la violencia intrafamiliar y de género se señalaba como una prioridad para las autoridades policiales y el ministerio fiscal.

En mayo, el Instituto Nacional de Criminalística y Criminología afirmó que el 70% de los casos documentados de violencia intrafamiliar no habían dado lugar a un procesamiento y que la política actual de la Fiscalía no había demostrado su eficacia para reducir el número de reincidentes.

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