AUSTRIA 2017/2018

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AUSTRIA 2017/2018

Continuó decreciendo el número de solicitantes de asilo. Las autoridades siguieron expulsando a Afganistán a personas cuya solicitud de asilo había sido rechazada, a pesar de la inseguridad que reinaba en ese país. Se aprobaron enmiendas a la ley sobre reuniones públicas que hacían más probable la imposición de restricciones sobre el derecho de reunión pacífica.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes: devolución

De enero a agosto, 17.095 personas solicitaron asilo; el número se había reducido casi a la mitad respecto a las 32.114 personas que lo habían solicitado en el mismo periodo de 2016.

En octubre, el Parlamento reformó la ley de asilo para añadir automáticamente una orden de devolución a toda decisión de revocar a una persona el asilo o la condición de beneficiaria del estatuto de protección subsidiaria —por ejemplo si es declarada culpable de un delito—, lo que incrementó el riesgo de devolución (refoulement) o retorno forzoso de una persona a un país donde correría peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

Las autoridades continuaron expulsando a Afganistán a personas migrantes indocumentadas y solicitantes de asilo rechazadas a pesar del deterioro de las condiciones de seguridad en ese país. En el primer semestre, 67 personas fueron devueltas allí.

En septiembre, el ministro del Interior anunció la no renovación del programa de admisión humanitaria, señalando el gran número de casos de solicitud de asilo aún pendientes. Desde 2013, 1.900 personas refugiadas en situación de vulnerabilidad habían sido reasentadas con éxito a través del programa.

A lo largo del año se presentaron seis denuncias individuales ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en las que los solicitantes de asilo alegaban que su devolución a Italia y Bulgaria en aplicación del Reglamento Dublín III (por el que se establecen los criterios y mecanismos para determinar qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de asilo) violaría sus derechos humanos. Las autoridades expulsaron a una familia siria a Bulgaria en marzo y a una mujer somalí a Italia en junio, a pesar de que el Comité de Derechos Humanos había solicitado a Austria que se abstuviera de hacerlo.

Libertad de reunión

En junio, el Parlamento introdujo una enmienda a la legislación sobre reuniones públicas que otorgaba a las autoridades nuevos motivos vagamente definidos para prohibir dichas reuniones, como que una reunión fuera “contraria a intereses de política exterior”. Poco después, el ministro del Interior propuso la introducción de enmiendas adicionales de gran alcance, que incluían la imposición de multas y otras medidas administrativas a los organizadores que incumplieran la ley, así como el establecimiento de un número máximo de reuniones públicas permitidas en calles comerciales. Al término del año no se habían tomado medidas para introducir reformas adicionales a la ley.

Seguridad y medidas antiterroristas

En julio, el gobierno presentó una enmienda al Código de Procedimiento Penal que introduciría nuevos métodos de vigilancia de importantes consecuencias. La enmienda hizo temer por el derecho a la privacidad. Los métodos incluían programas informáticos para acceder a datos de teléfonos inteligentes y técnicas para interceptar el tráfico de telefonía móvil. Las autoridades estarían facultadas para usar muchas de esas técnicas sin autorización judicial previa.

Discriminación

En octubre entró en vigor una nueva ley que prohibía todo tipo de prenda que ocultara el rostro en espacios públicos. Aunque su finalidad era “promover la participación activa en la sociedad”, esta prohibición imponía restricciones desproporcionadas sobre los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de religión o creencias.

En junio, el Consejo Nacional de Austria rechazó una moción para abrir un debate sobre el matrimonio igualitario con independencia de la orientación sexual y la identidad de género. Las parejas del mismo sexo podían formar uniones civiles pero no casarse. En diciembre, el Tribunal Constitucional derogó fragmentos discriminatorios de la Ley del Matrimonio y la Ley de Uniones Civiles. Con la entrada en vigor de la derogación, el 1 de enero de 2019, las parejas del mismo sexo podrían casarse y las heterosexuales podrían formar uniones civiles.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional