Sri Lanka 2020
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Sri Lanka 2020

Continuaron impunes las violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, y el gobierno incumplió los compromisos asumidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto a la justicia y la reconciliación. En consecuencia, la justicia quedó paralizada y prevaleció la impunidad, incluso por homicidios y otras violaciones al parecer vinculados a la familia Rajapaksa, en el poder. Fueron en aumento los actos de intimidación y hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, profesionales del derecho y responsables de investigación penal. Se recibieron noticias sobre muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales. La violencia contra las mujeres siguió siendo generalizada. Los trabajadores y trabajadoras de la minoría tamil malayaha se vieron afectados de manera desproporcionada por la pérdida de salarios durante la pandemia de COVID-19, y sus esfuerzos por conseguir mejor remuneración fueron rechazados.

Información general

Los resultados electorales de 2019 suscitaron preocupación entre los defensores y defensoras de los derechos humanos dadas las denuncias de violaciones graves de estos derechos cometidas durante el periodo 2005-2015, en que Mahinda Rajapaksa ocupó la presidencia. Su hermano, el presidente Gotabaya Rajapaksa, había sido secretario de Defensa durante la última fase del conflicto armado interno, que terminó en 2009. Ambas partes en el conflicto —las fuerzas armadas de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil— fueron acusadas de crímenes de guerra y otros abusos y violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos.

Poco después de las elecciones, el gobierno comunicó su intención de dejar de apoyar la Resolución 40/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y todas las resoluciones conexas sobre la promoción de la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka después de la guerra. En octubre se reformó la Constitución, con graves repercusiones para las instituciones independientes, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Policía, y para la independencia de la judicatura y la policía del país.

Desapariciones forzadas

El gobierno anunció su intención de revisar la Ley sobre la Oficina de Personas Desaparecidas, organismo permanente establecido durante el anterior gobierno de conformidad con los compromisos asumidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo mandato incluía investigar la suerte de “las personas desaparecidas” del país. En enero se dejó de facilitar a las familias de las personas desaparecidas las ayudas provisionales recomendadas por la Oficina que el anterior gobierno venía ofreciendo, con lo que se intensificó la presión económica que éstas soportaban.

Los abogados que llevaban casos de desaparición forzada fueron víctimas de actos de intimidación y ataques en las redes sociales, en especial en el caso de “los 11 de la Marina” y en el “caso Navatkuli”, en los que los autores de los hechos eran presuntamente miembros de las fuerzas armadas de Sri Lanka. Ninguno de estos dos casos avanzó casi nada a lo largo del año. Tras meses de retraso, comenzó el juicio sobre la desaparición del periodista Prageeth Eknaligoda ante la Sala Permanente del Tribunal Superior. Mientras se desarrollaba, los testigos comparecieron también ante la Comisión Presidencial de Investigación sobre “victimización política”, con lo que se temía que la investigación paralela pudiera interferir en la causa judicial en curso. En diciembre, el presidente de la República eligió al presidente de la Comisión Presidencial de Investigación para dirigir la Oficina de Personas Desaparecidas, nombramiento que intensificó las dudas sobre el futuro, el grado de compromiso y la independencia de los mecanismos nacionales.

Impunidad

Se avanzó poco —por no decir nada— en la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos cometidos durante el conflicto armado y el periodo posterior al conflicto. Sri Lanka no estableció, como había prometido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un mecanismo judicial con un abogado especial para investigar las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No hubo avances notables en las investigaciones sobre el homicidio del periodista Lasantha Wickrematunge en 2009 y del deportista Wasim Thajudeen en 2012.

En marzo, el presidente Gotabaya Rajapaksa indultó al sargento Sunil Rathnayaka, condenado a muerte en 2015 por un tribunal superior srilankés que lo había declarado culpable del asesinato de ocho civiles tamiles, tres de ellos niños, ocurrido en diciembre de 2000 en la localidad de Mirusuvil (distrito de Jaffna). Este indulto estaba en línea con la promesa electoral del presidente de absolver y liberar a quienes calificaba de “héroes de guerra”, recluidos por cargos “sin fundamento”.

En junio, Vinayagamoorthi Muralitharan (conocido como Karuna), ex número dos de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y ahora simpatizante del partido en el gobierno, se jactó de haber matado a entre 2.000 y 3.000 miembros del ejército de Sri Lanka en una sola noche durante el conflicto armado. La policía abrió una investigación sobre esas declaraciones, pero no investigó los crímenes de guerra que presuntamente había cometido. Al concluir el año, la investigación no había producido ningún resultado. Más adelante, Vinayagamoorthi Muralitharan fue designado para ocupar un cargo en el equipo personal del primer ministro Mahinda Rajapaksa. A lo largo del año fueron igualmente ascendidos y nombrados para puestos de poder en la administración varios oficiales del ejército que, según distintas investigaciones de la ONU, podrían haber sido responsables de delitos de derecho internacional.

Durante todo el año se intensificó la represión contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que pretendían pedir responsabilidades por violaciones de derechos humanos. Inmediatamente después de las elecciones presidenciales, se prohibió salir del país a más de 700 agentes de la Dirección de Investigaciones Penales. En julio fue detenido el exdirector de este organismo, Shani Abeysekara, por presunta ocultación de pruebas. El subinspector que lo acusó confesó más tarde ante un juez que lo había hecho bajo presión. Durante su periodo como director de la Dirección de Investigaciones Penales, Shani Abeysekara había llevado numerosos casos penales sobre violaciones de derechos humanos, algunos de ellos al parecer vinculados a la familia Rajapaksa, en el poder. Mientras estaba bajo custodia, Abeysekara dio positivo en las pruebas de COVID-19, pero se le negó acceso a atención médica hospitalaria durante varios días.

Libertad de expresión y de asociación

A lo largo del año fueron en aumento los actos de intimidación y hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, profesionales del derecho y responsables de investigación penal. Las organizaciones de derechos humanos recibían sin previo aviso visitas de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que les preguntaban por su trabajo y sus fuentes de financiación. A lo largo del año se registraron al menos 18 visitas de ese tipo, realizadas en zonas del norte, el este y el oeste de Sri Lanka, y 13 actos de intimidación contra periodistas. Dharisha Bastians, exdirectora de un periódico de propiedad estatal y corresponsal del New York Times, estaba siendo investigada por haber informado sobre una serie de casos y cuestiones de derechos humanos.

En abril, en el contexto de la pandemia de COVID-19, la policía advirtió que emprendería acciones legales contra cualquier persona que criticara en las redes sociales a las autoridades y obstaculizara el desempeño de su labor. Tras esta advertencia fueron detenidas varias personas por sus comentarios en las redes sociales. Ramzy Razeek fue detenido y recluido tras haberse expresado pacíficamente en una publicación de Facebook. Ante el deterioro de su salud, quedó en libertad bajo fianza cinco meses más tarde. Al concluir el año seguía siendo investigado. También continuaba pendiente de resolución la causa judicial abierta en 2019 contra el autor de relatos Shakthika Sathkumara. El destacado abogado Hejaaz Hizbullah fue detenido en abril como presunto autor de varios delitos en aplicación de la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo de Sri Lanka. Al terminar el año seguía recluido de manera arbitraria, sin que se hubiera presentado ante ningún tribunal prueba alguna que lo implicara en actividades delictivas. El poeta musulmán Ahnaf Jazeem fue detenido en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo por un poemario que había publicado. Al final del año seguía recluido y sin asistencia letrada. Pese a la promesa del anterior gobierno de derogarla y sustituirla, continuaba en vigor la Ley de Prevención del Terrorismo, que había sido utilizada de manera arbitraria contra la minoría musulmana tras los atentados con explosivos del 21 de abril de 2019.

Miles de personas fueron detenidas sin ningún fundamento jurídico por violaciones del toque de queda impuesto a causa de la COVID-19. La policía utilizó también fuerza excesiva para detener a activistas que protestaban en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter de manera pacífica y observando estrictamente las normas sobre la COVID-19, sin darles la oportunidad de dispersarse por voluntad propia.

La pandemia también dio lugar al recrudecimiento del discurso antimusulmán en las redes sociales y en los medios de comunicación generalistas, en ocasiones por parte de altos cargos del gobierno. Aunque las directivas nacionales vigentes permitían los enterramientos, las autoridades obligaron a la incineración de musulmanes fallecidos a causa de la COVID-19 pese a ser ésa una práctica prohibida por el credo musulmán. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre el tratamiento de los cadáveres en el contexto de la COVID-19 permitían tanto los enterramientos como las cremaciones.

Uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales

Se registraron actos de brutalidad policial en numerosas zonas del país. En uno de los casos, ocurrido en el sur, la víctima fue un muchacho musulmán menor de edad y con discapacidades. En el norte se atacó a las minorías étnicas tamiles.

Al menos 14 presos murieron y más de un centenar resultaron heridos a causa de los medios letales empleados por las autoridades para reprimir las protestas que se desataron en varias cárceles ante la propagación de la COVID-19. También hubo detenidos bajo custodia policial que murieron abatidos a tiros, al parecer cuando intentaban huir. Varias personas presuntamente implicadas en delitos de drogas fueron objeto de ejecución extrajudicial, al parecer, en incidentes de “fuego cruzado” con la policía.

Violencia contra mujeres y niñas

Continuaron impunes los actos de violencia sexual y de género pese a las reiteradas promesas de abordar el asunto formuladas por los sucesivos gobiernos. Sólo durante los 15 primeros días del año se denunciaron ante la policía 142 violaciones y 42 casos de “abusos sexuales graves” contra niños y niñas.

Discriminación

Los trabajadores y trabajadoras agrícolas de la minoría tamil malayaha y sus familias seguían sufriendo marginación y pobreza, y se vieron particularmente afectados por la falta de ingresos durante la pandemia de COVID-19. Muchos pidieron préstamos o tuvieron que empeñar joyas para afrontar gastos básicos de subsistencia, y muchos jóvenes de esa comunidad perdieron su empleo como jornaleros en pueblos y ciudades. En las plantaciones, los niños y niñas se vieron privados de acceso a la educación online durante la pandemia por falta de ordenadores y de acceso a Internet en sus hogares. A pesar de que en 2019 las empresas de exportación de té de Sri Lanka habían obtenido un récord de beneficios de 353.000 millones de rupias srilankesas (1.900 millones de dólares estadounidenses) y de la promesa del presidente Rajapaksa, los trabajadores tamiles no consiguieron el aumento de salario que pedían —de 700 rupias (3,8 dólares) a 1.000 rupias (5,4 dólares) diarias—, al paralizarse las conversaciones entre las empresas de té y el gobierno, circunstancia que las primeras achacaron a la pandemia.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Se siguieron utilizando artículos del Código Penal que prohibían las “relaciones carnales contra natura” y las “faltas graves a la moral” para perseguir, hostigar y discriminar al colectivo LGBTI. En octubre, organizaciones de derechos denunciaron que desde 2017 la policía y los funcionarios médicos judiciales habían obligado como mínimo a 7 personas LGBTI a someterse a exámenes anales y vaginales para demostrar denuncias de relaciones homosexuales.

Pena de muerte

En 2019, el expresidente Maithripala Sirisena firmó las órdenes de ejecución de 4 personas condenadas a muerte por delitos de drogas. El Tribunal Supremo les concedió una suspensión temporal de la pena mientras se tramitaban los recursos. Al concluir 2020, el caso seguía sin resolverse y se había prorrogado el aplazamiento de las ejecuciones. Sri Lanka no había llevado a cabo ninguna ejecución desde 1976.

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional