Sri Lanka 2016/2017

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Sri Lanka 2016/2017

Sri Lanka siguió cumpliendo su compromiso de rendir cuentas por los delitos de derecho internacional cometidos, aunque el proceso era lento. Siguió habiendo numerosos desafíos en materia de derechos humanos, entre ellos el uso por parte de las autoridades de la Ley de Prevención del Terrorismo para detener a personas sospechosas, la práctica de la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial y la impunidad de las desapariciones forzadas y otras violaciones. Las víctimas de violaciones perpetradas durante el conflicto armado tenían dificultades para reconstruir sus vidas y sus medios de subsistencia, dado que seguían sin aplicarse planes de ayuda humanitaria y reparación coherentes.

Información general

Sri Lanka inició un proceso de reformas constitucionales, y empezó a diseñar mecanismos de verdad, justicia y reparación y a acometer reformas jurídicas y procedimentales para abordar las graves violaciones y abusos de derechos humanos que habían proliferado en el país durante decenios, y evitar su repetición. Se iniciaron consultas públicas con respecto a estos mecanismos, pero no se facilitó lo suficiente la aplicación del proceso.

Detención y reclusión arbitrarias

Se siguió deteniendo a tamiles presuntamente vinculados con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, recurriendo para ello a la Ley de Prevención del Terrorismo, que permitía la detención administrativa durante periodos prolongados y, en los casos de tortura y otros malos tratos, hacía recaer la carga de la prueba sobre la persona detenida que los denunciaba. En 2015, el gobierno había prometido revocar esta ley y sustituirla por leyes antiterroristas acordes a las normas internacionales, pero al concluir 2016 seguía sin cumplir esa promesa. En octubre se sometió a la aprobación del Consejo de Ministros un proyecto de marco normativo y jurídico para una legislación sustitutiva que, aunque establecía salvaguardias contra la tortura, conservaba muchos de los elementos más controvertidos de la Ley de Prevención del Terrorismo.

En junio, el presidente Sirisena ordenó a la policía y a las fuerzas armadas que acataran las directivas de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, que tenían por objeto proteger a las personas detenidas en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo y de otras medidas de excepción, y erradicar prácticas que podían dar lugar a abusos, como que los agentes no se identificaran al efectuar detenciones, que transportaran a sospechosos en vehículos sin distintivos y que utilizaran centros de detención no oficiales. Asimismo, las directivas garantizaban el acceso de los detenidos a asistencia letrada, también durante los interrogatorios, aunque este punto no fue plenamente respetado.

A finales de agosto, el abogado de derechos humanos Lakshan Dias acusó al Departamento de Investigación Terrorista de la policía ante el Tribunal Supremo porque según él había violado estas directivas, dado que no le habían permitido ver a su cliente. En octubre, ante las protestas de los abogados, se retiró una enmienda del Código de Procedimiento Penal que habría impedido a los detenidos acceder a asistencia letrada hasta que la policía les tomara declaración.

Tortura y otros malos tratos

El relator especial de la ONU sobre la tortura visitó Sri Lanka en mayo, donde comprobó que la policía seguía practicando formas graves de tortura —aunque probablemente en menor grado que durante el conflicto armado—, y que los casos de tortura, tanto nuevos como anteriores, seguían impunes. También observó que las normas de procedimiento, tales como la detención arbitraria y sin juicio durante periodos prolongados, en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo, “casi invita[ba] a recurrir a la tortura y los malos tratos como método habitual de trabajo”. En agosto, de conformidad con lo establecido en la Convención de la ONU contra la Tortura, Sri Lanka formuló una declaración por la que reconocía la competencia del Comité de la ONU contra la Tortura para recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos consagrados en la Convención.

Uso excesivo de la fuerza

Siguieron recibiéndose noticias de uso excesivo de la fuerza en el contexto de la labor policial, y continuó la impunidad de casos anteriores. Tampoco se habían celebrado juicios en relación con los homicidios de manifestantes desarmados que reivindicaban agua potable, perpetrados por el ejército en agosto de 2013. En octubre, una juez determinó que estas muertes eran constitutivas de delito, y ordenó la celebración de nuevas vistas en 2017 para determinar si existían pruebas suficientes como para remitir el caso a juicio.

Desapariciones forzadas

En mayo, Sri Lanka ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero al concluir el año seguían sin aprobarse leyes nacionales que tipificaran como delito la desaparición forzada. La Comisión Presidencial para Investigar las Denuncias sobre Personas Desaparecidas se disolvió en julio, después de haber recibido más de 19.000 denuncias de civiles. Sin embargo, se avanzó poco en el esclarecimiento de la suerte que habían corrido las personas desaparecidas y el enjuiciamiento de los responsables. En agosto, el Parlamento aprobó, sin haber celebrado ninguna consulta pública, una ley por la que se creaba una Oficina de Personas Desaparecidas para ayudar a las familias a buscar a sus familiares y asumir la carga de trabajo que había dejado la Comisión.

Impunidad

Continuaron impunes los presuntos delitos de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado, así como otras muchas violaciones de derechos humanos, entre las que figuraban la ejecución extrajudicial de cinco estudiantes a manos de las fuerzas de seguridad (ocurrida en Trincomalee en enero de 2006) y el homicidio de 17 cooperantes de la ONG Acción contra el Hambre, perpetrado en Muttur en agosto de 2006

En mayo, en un caso de hábeas corpus sobre la desaparición de los activistas políticos Lalith Weeraraj y Kugan Muruganandan, ocurrida en diciembre de 2011, el ministro de Medios de Comunicación compareció como testigo y declaró que, en el momento de los hechos, se había basado en información del Ministerio de Defensa para afirmar que ambos activistas se encontraban bajo custodia del gobierno y que no se podía revelar su paradero. Seguía en curso la investigación sobre la implicación de agentes de inteligencia del ejército en la desaparición del humorista gráfico disidente Prageeth Eknaligoda, ocurrida en 2010. En agosto, un tribunal de la capital, Colombo, ordenó una nueva autopsia del cadáver de Lasantha Wickrematunge, director de un periódico que había sido asesinado en 2009.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En agosto volvieron a citar para interrogarla a Balendran Jeyakumari, activista contra las desapariciones forzadas, que en el pasado había permanecido ya un año recluida sin juicio, en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo. Seguía pesando sobre el defensor de los derechos humanos Ruki Fernando la orden judicial que le prohibía hablar sobre la investigación policial en curso acerca de su trabajo en favor de Balendran Jeyakumari, y al activista no se le devolvió el material electrónico que se le había confiscado.

Sandhya Eknaligoda, esposa del desaparecido humorista gráfico disidente Prageeth Eknaligoda, fue víctima de reiteradas amenazas y actos de intimidación —como protestas a las puertas del tribunal donde se celebraba la vista del recurso de hábeas corpus sobre su esposo—, así como de una campaña de colocación de carteles en los que se la acusaba de apoyar a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, emprendida a raíz de que la policía identificó a siete agentes de inteligencia del ejército como sospechosos de estar implicados en la desaparición.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación

En junio, en la ciudad de Negombo, el periodista Freddy Gamage recibió una paliza a manos de unos hombres que él mismo identificó como simpatizantes de un político. Previamente, había recibido ya amenazas debido a una serie de artículos que había escrito, en los que denunciaba la presunta corrupción del político en cuestión y sus vínculos con la delincuencia organizada. Uno de sus agresores, al que había señalado en una rueda de reconocimiento, lo amenazó de nuevo cuando se encontró con él en el tribunal. Seguían impunes las agresiones perpetradas en el pasado contra personal de los medios de comunicación, entre ellas —según ONG especializadas en medios de comunicación—, 44 homicidios desde 2004.

En el norte y el este del país, los activistas siguieron denunciando que las fuerzas de seguridad los sometían a acoso y vigilancia.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Sri Lanka inició un proceso de reforma constitucional concebido para garantizar sistemas de control del poder ejecutivo y un reparto más equitativo del poder entre las distintas etnias del país. En mayo se dieron a conocer los resultados de las consultas públicas celebradas sobre la nueva Constitución. Estaba previsto que se debatiera en el Parlamento un proyecto de Constitución a principios de 2017.

En julio, Sri Lanka aprobó la Ley de Derecho a la Información. En agosto, el Consejo de Ministros aprobó una Política Nacional para la Búsqueda de Soluciones Duraderas a los Desplazamientos Provocados por el Conflicto. El objetivo de esta política era proteger los derechos humanos, estableciendo directrices para la devolución de tierras confiscadas por el ejército, la creación de medios de sustento y oportunidades de generación de ingresos para las personas desplazadas y la facilitación de ayuda a los refugiados que volvieran. Asimismo, incidía en la no discriminación, el acceso a la justicia y la concesión de reparaciones. Estaba previsto que su aplicación comenzara en febrero de 2017.

Discriminación

La población tamil seguía denunciando que la policía la consideraba sospechosa de estar vinculada a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, por lo que aplicaba criterios étnicos para llevar a cabo su labor, y la sometía a vigilancia y a hostigamiento. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial concluyó que la Ley de Prevención del Terrorismo se utilizaba de forma desproporcionada contra los tamiles y que tenía efectos discriminatorios.

La población cristiana y musulmana denunció actos de hostigamiento, amenazas y violencia física a manos de particulares y simpatizantes de grupos políticos de tendencia budista cingalesa radical. La policía no actuó contra los agresores y, en algunos casos, culpó a las minorías religiosas de incitar a sus rivales. En junio se vinculó a un grupo que se hacía llamar Sinha Le (Sangre de León) con las protestas realizadas contra la construcción de una mezquita en la ciudad de Kandy. En junio, sus simpatizantes llevaron a cabo en las redes sociales una campaña de amenazas e intimidación contra Equal Ground, organización que reivindicaba derechos humanos y políticos para la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) de Sri Lanka.

También en junio, el Ministerio de Salud advirtió de que “las personas transgénero están, con frecuencia, marginadas social, económica, política y jurídicamente [...] y son vulnerables al acoso, la violencia, las agresiones sexuales y la discriminación sexual en el acceso a espacios públicos”. Asimismo, ordenó que se les facilitaran servicios de salud, y que se les expidieran certificados de reconocimiento de género acreditados por profesionales médicos para ayudarles a modificar sus certificados de nacimiento, a fin de que reflejaran el sexo con el que se identificaban.

Violencia contra mujeres y niñas

Continuaban impunes los actos de violencia contra mujeres y niñas, incluidas las violaciones perpetradas por personal militar y por civiles, entre ellas los actos de violencia doméstica, como la violación conyugal. Las defensoras de derechos humanos que apoyaban las reformas constitucionales pidieron que se revocara el artículo 16.1, que confirmaba leyes anteriores a la Constitución, aunque entraran en conflicto con ésta. Esto incluía principios de derecho personal musulmán que permitían el matrimonio precoz y no reconocían la violación conyugal.

Pena de muerte

Continuó la imposición de condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. En septiembre un ex parlamentario fue condenado a la pena capital por el asesinato de un rival político.

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