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Corea del Sur 2019

Entre otros importantes procesos judiciales, el Tribunal Constitucional resolvió —en un paso de dimensiones históricas para los derechos de las mujeres— que la penalización del aborto era inconstitucional. También entró en vigor una alternativa al servicio militar, de conformidad con el fallo emitido por el Tribunal Constitucional en 2018. Al concluir el año, el Tribunal Constitucional estaba debatiendo de nuevo sobre la pena de muerte. Continuaba en vigor el artículo 92.6 de la Ley Penal Militar, que la ONU y algunos de sus Estados miembros habían recomendado revocar. Dicha ley favorecía que las personas LGBTI fueran discriminadas y estigmatizadas y sufrieran violencia y acoso en el ejército, pues penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre hombres adultos.

Información complementaria

Se levantaron con fuerza voces de jóvenes que pedían urgentemente acciones con respecto a una nueva agenda de derechos humanos que abordara, entre otros asuntos, el cambio climático. El grupo Jóvenes por la Acción Climática lideró un movimiento de huelgas por el clima, que pedía al gobierno acciones inmediatas para abordar la inminente crisis climática. El 21 de septiembre, unas 5.500 personas participaron en una huelga climática celebrada en el centro de Seúl, que incluyó una acción de “muertes simuladas”. En junio se congregaron en el Festival de Cultura Queer de Seúl unas 150.000 personas, la cifra más alta desde que el festival comenzó a celebrarse, en el año 2000. En agosto tuvo lugar sin incidentes el Festival Anual de Cultura Queer de Incheon, que en 2018 se había visto empañado por agresiones de contramanifestantes. El tercer Festival de Cultura Queer de Busan fue cancelado debido a la oposición de la oficina del gobierno del distrito de Haeundae-gu.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El artículo 92.6 de la Ley Penal Militar seguía tipificando como delito las relaciones sexuales entre hombres, con lo que institucionalizaba la discriminación y reforzaba prejuicios sistemáticos en el ejército.[1] Esto contribuía a crear un ambiente en el que quienes no se ajustaban a las normas de género existentes —como gays, hombres bisexuales, mujeres transgénero y personas no binarias— tenían enormes dificultades para cumplir el servicio militar obligatorio sin sufrir acoso, hostigamiento, discriminación y actos de violencia a manos de sus superiores y de sus iguales. Al concluir el año, el Tribunal Constitucional estaba revisando un recurso colectivo contra el artículo 92.6 (la cuarta revisión desde 2002).

Aunque el gobierno afirmó que las directrices sobre el reconocimiento de cambio de género no eran vinculantes jurídicamente, éstas incluían requisitos que podían violar el derecho de las personas transgénero a la intimidad, a la salud y a formar una familia. Entre ellos figuraban la necesidad de haberse sometido a una operación de reasignación de sexo, la de no tener hijos o hijas menores de edad y la de no haber contraído matrimonio para que se reconociera la corrección del género.

Si la persona no conseguía que se reconociera legalmente el cambio de género, éste no se podía modificar tampoco en su documento nacional de identidad, esencial en la vida diaria de Corea del Sur para obtener documentos oficiales, acceder a servicios esenciales, buscar empleo o comprar una vivienda. Esta discrepancia entre el género del documento de identidad y el aspecto de su titular podía dar lugar a actos de discriminación o disuadir a la persona de solicitar servicios públicos necesarios.

Tanto la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos como la red nacional Equality Act —constituida por 128 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil— pidieron la aprobación de leyes exhaustivas que prohibieran expresamente la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, el gobierno no emprendió acciones al respecto.

Derechos de las mujeres

En abril, el Tribunal Constitucional ordenó al gobierno despenalizar el aborto y reformar la legislación, sumamente restrictiva, del país sobre esta práctica antes de que terminara 2020.[2] Hasta ese momento se podía castigar con multas o penas de prisión tanto a la mujer o la niña que se sometía a un aborto como al doctor o doctora que se lo practicaba.

En marzo —y pese a que las autoridades japonesas afirmaban que el asunto había quedado resuelto ya en tratados y acuerdos—, un tribunal de distrito de Corea del Sur retomó una causa judicial contra el gobierno de Japón, interpuesta en diciembre de 2016 por 11 sobrevivientes del sistema militar de esclavitud sexual que Japón mantuvo antes de la Segunda Guerra Mundial y durante su transcurso. En noviembre, Amnistía Internacional presentó al tribunal un informe amicus curiae en el que argumentaba que las sobrevivientes y víctimas merecían una reparación y un recurso efectivo por esta grave violación de los derechos humanos. Además, el informe afirmaba que la inmunidad del Estado no eximía a Japón de la necesidad de reconocer y aceptar plenamente la responsabilidad por su sistema militar de esclavitud sexual. En diciembre, el Tribunal Constitucional desestimó un recurso de apelación presentado por sobrevivientes para que se revisara la constitucionalidad de un acuerdo sobre esta cuestión alcanzado en 2015 por los gobiernos de Japón y Corea del Sur.

En septiembre, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de un tribunal inferior que había declarado culpable de violencia sexual a un conocido político. Esta sentencia contribuyó a impulsar el movimiento #Metoo, que había comenzado en 2018, cuando la fiscal Seo Ji-hyun dio a conocer el acoso sexual que sufría en el trabajo. Tanto activistas de los derechos de las mujeres como profesionales del derecho se congratularon de la sentencia, que hacía prevalecer el testimonio de la víctima e instaba a los jueces y juezas a tener en cuenta el contexto social y la desigualdad de género.

Las mujeres migrantes sufrían especial discriminación en la sociedad y en el hogar. Las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre los actos de violencia de género intrafamiliar que había sufrido una mujer de origen vietnamita y sobre la muerte —posiblemente, de hambre— de una mujer norcoreana resaltaron el peligro que corrían las mujeres migrantes y reavivaron el debate sobre la discriminación.

Objeción de conciencia

En diciembre, el Parlamento promulgó una reforma de la Ley sobre el Servicio Militar en aplicación de un fallo emitido en 2018 por el Tribunal Constitucional que exigía al gobierno aprobar un servicio civil sustitutorio antes de que concluyera 2019.[3] Sin embargo, la reforma promulgada seguía violando el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias, ya que imponía a los objetores de conciencia cargas poco razonables y excesivas. En concreto, la duración del servicio era desproporcionada —36 meses frente a los 21 o 18 del servicio militar—, y su gestión no quedaba completamente al margen de las autoridades militares.

Pese a que en 2018 el Tribunal Supremo había fallado que la objeción de conciencia era un “motivo justificado” para no cumplir el servicio militar, los tribunales inferiores siguieron condenando a objetores de conciencia: tres de ellos estaban en prisión, mientras que otros tres estaban pendientes de los correspondientes recursos de apelación cuando, al finalizar el año, el gobierno indultó a 1.879 objetores de conciencia.

Pena de muerte

En diciembre, Amnistía Internacional presentó un informe amicus curiae en la nueva causa judicial admitida por el Tribunal Constitucional para estudiar, por tercera vez, si la pena de muerte violaba los derechos a la vida y a la dignidad humana, reconocidos en la Constitución. En octubre, el diputado Lee Sang-min, del partido Minjoo, presentó ante la Asamblea Nacional el octavo proyecto de ley para la abolición de la pena de muerte. A lo largo de 20 años, se habían presentado otros siete proyectos de ley, ninguno de los cuales había sido sometido a votación ante la Asamblea Nacional en pleno, aunque la última ejecución había sido en 1997. El gobierno no había tomado ninguna iniciativa con vistas a la abolición de la pena capital, y en 2018 se había abstenido en la Asamblea General de la ONU, cuando se sometió a votación la séptima resolución que proponía establecer una moratoria sobre el empleo de la pena de muerte.

Libertad de reunión

Seguía pendiente la reforma de la Ley de Reunión y Manifestación, en aplicación de un fallo de 2018 del Tribunal Constitucional que había declarado inconstitucional la prohibición de celebrar reuniones o manifestaciones al aire libre en un radio de 100 metros del edificio de la Asamblea Nacional, de la residencia del primer ministro y de los “tribunales de todos los niveles”.


[1] South Korea: Serving in silence: LGBTI people in South Korea’s military (ASA 25/0529/2019)

[2] Corea del Sur: En una victoria histórica para los derechos de las mujeres, el máximo tribunal ordena la reforma de la ley del aborto (noticia, 11 de abril de 2019)

[3] South Korea marks international conscientious objection day with alternative service plan that fall short (ASA 25/0352/2019)