Asia y Oceanía 2017/2018
Volver a Asia y Oceanía

Asia y Oceanía 2017/2018

El panorama de los derechos humanos en la región de Asia y Oceanía se caracterizó fundamentalmente por las deficiencias de los gobiernos, a las que, sin embargo, se contrapuso a menudo un motivador y creciente movimiento de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

En muchos países se redujo el espacio de la sociedad civil. Los Estados reprimieron a quienes defendían los derechos humanos, a quienes ejercían el derecho y el periodismo y a otras personas: desde la oleada de represión sin precedentes que China lanzó contra la libertad de expresión hasta la intolerancia de Camboya y Tailandia ante cualquier forma de disidencia y las desapariciones forzadas de Bangladesh y Pakistán.

La impunidad generalizada fomentó y perpetuó las violaciones de derechos humanos —entre ellas homicidios ilegítimos y torturas—, negó justicia y reparación a millones de personas y propició crímenes de lesa humanidad y de guerra en países como Myanmar y Afganistán.

La crisis mundial de refugiados se agravó. Cientos de miles de personas de la región se vieron obligadas a huir de sus hogares y a enfrentarse a un futuro incierto y a menudo violento. La cifra total de personas refugiadas se incrementó a causa de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército de Myanmar en el norte del estado de Rajine, donde quemó poblaciones rohingyas enteras, mató tanto a personas adultas como a niños y niñas, y violó a mujeres y niñas. Debido a estas violaciones de derechos humanos masivas, más de 655.000 personas de etnia rohingya tuvieron que huir a Bangladesh escapando de la persecución. Las que se quedaron siguieron viviendo bajo un sistema de apartheid que las discriminaba de manera sistemática, restringía gravemente casi todos los aspectos de su vida y las segregaba del resto de la sociedad.

Bajo la presidencia de Filipinas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) cumplió 50 años en 2017. Sin embargo, sus gobiernos e instituciones guardaron silencio en relación con las violaciones de derechos humanos masivas de Filipinas, Myanmar y otros lugares de la región.

En este contexto, el creciente número de voces —a las que se sumaban cada vez más jóvenes— que se alzaron en la región de Asia y Oceanía para pedir respeto y protección para los derechos humanos permitió lograr ciertos avances e infundió esperanzas. En la República de Corea (Corea del Sur) se observaron mejoras con respecto a la actuación policial, y hubo sentencias judiciales positivas en varios países, como las relativas a la rendición de cuentas de las empresas en Corea del Sur, la igualdad de acceso al matrimonio en Taiwán y el derecho a la intimidad en India.

Asia Oriental

Ni las autoridades de Japón ni las de Mongolia y Corea del Sur protegieron de manera adecuada a los defensores y defensoras de los derechos humanos, y en China se los persiguió expresamente. En este país se observó una notable reducción del espacio de la sociedad civil, y en Hong Kong y Japón hubo indicios cada vez más preocupantes a este respecto.

En Japón, la protección de los derechos humanos se debilitó tras la aprobación en el Parlamento de una ley excesivamente amplia sobre “terrorismo” y otros delitos graves, pese a las duras críticas de la sociedad civil y la comunidad intelectual. Esta ley otorgaba a las autoridades amplias facultades de vigilancia que podían ser utilizadas de forma indebida para restringir los derechos humanos.

En Corea del Sur, tras el cambio de gobierno la policía nacional aceptó las recomendaciones de cambio del planteamiento general de la actuación policial, que tenían por objeto facilitar el ejercicio pleno y libre del derecho a la libertad de reunión pacífica. Aunque se encarceló a cientos de objetores de conciencia, un número cada vez mayor de tribunales inferiores reconocieron en sus fallos el derecho a la objeción de conciencia. Hubo además sentencias que reconocieron la responsabilidad de empresas multinacionales por las enfermedades o muertes de su personal atribuibles a causas laborales.

En China, la consagración del presidente Xi Jinping como el líder más poderoso que había tenido el país en muchos años se produjo en el marco de una situación de asfixia para la libertad de expresión e información. Cada vez con más frecuencia, las autoridades invocaron la “seguridad nacional” para justificar restricciones de derechos humanos y detenciones de activistas. Esta táctica se agudizó de manera considerable en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, donde bajo el liderazgo del nuevo secretario del Partido Comunista regional, Chen Quanguo, las autoridades hicieron especial hincapié en la “estabilidad social”, reforzando la vigilancia tecnológica y la presencia en las calles de patrullas armadas y controles de seguridad, y aplicando una serie de políticas invasivas que violaban los derechos humanos. En la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, las autoridades crearon centros de detención bajo diversos nombres —“centros contra el extremismo”, “centros de estudio político” o “centros de educación y transformación”— en los que se recluía arbitrariamente y durante periodos indefinidos a personas y se las obligaba a estudiar leyes y políticas chinas.

En la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), la ciudadanía siguió sufriendo graves violaciones de derechos humanos, algunas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Los derechos a la libertad de expresión y de circulación fueron severamente limitados, y hasta 120.000 personas siguieron recluidas arbitrariamente en campos penitenciarios para presos y presas políticos donde se las sometía a trabajos forzados, tortura y otros malos tratos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades chinas continuaron reprimiendo la disidencia con una intensidad sin precedentes, sometiendo a activistas y abogados y abogadas de derechos humanos a una implacable campaña de detenciones, reclusiones y encarcelamientos arbitrarios, torturas y otros malos tratos. Siguieron utilizando la “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, una modalidad de detención secreta en régimen de incomunicación que permitía a la policía mantener recluida a una persona durante hasta seis meses fuera del sistema formal de detención y sin acceso a un abogado de su elección, a sus familiares ni a nadie del exterior, lo que la dejaba expuesta a sufrir torturas y otros malos tratos. Esta forma de detención se utilizaba para obstaculizar las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos profesionales del derecho, activistas y fieles de cultos religiosos.

Asimismo, el gobierno continuó encarcelando a quienes intentaban conmemorar pacíficamente la represión de la plaza de Tiananmén, ocurrida los días 3 y 4 de junio de 1989 en Pekín, la capital, y en la que cientos —si no miles— de manifestantes murieron o resultaron heridos tras disparar el Ejército Popular de Liberación contra civiles desarmados. El premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió bajo custodia en julio.

En Hong Kong, el uso reiterado de cargos imprecisos contra figuras destacadas del movimiento en favor de la democracia pareció ser una campaña de represalia orquestada por las autoridades para castigar e intimidar a quienes defendían la democracia o las cuestionaban.

Personas en movimiento

En Japón, donde el número de solicitudes de asilo continuaba aumentando, el gobierno comunicó en febrero que había aprobado 28 solicitudes de las 10.901 presentadas en 2016, cifra que representaba un incremento del 44% con respecto a 2015. Entretanto, y para paliar la escasez de mano de obra, el país empezó a aceptar a las primeras de las 10.000 personas de nacionalidad vietnamita que serían admitidas a lo largo de tres años en el marco de un programa de migración laboral duramente criticado por defensores y defensoras de los derechos humanos, por considerar que propiciaba numerosos abusos.

En Corea del Sur, una serie de muertes de trabajadores migrantes suscitó preocupación por la seguridad en los lugares de trabajo. En Corea del Norte, las autoridades continuaron enviando a personas a trabajar a otros países, entre ellos China y Rusia, aunque algunos países dejaron de renovar o emitir visados de trabajo a personas norcoreanas a fin de cumplir con las nuevas sanciones impuestas por la ONU a las actividades económicas de Corea del Norte en el extranjero en respuesta a los ensayos de misiles realizados por el país.

Discriminación

En China, la represión religiosa siguió siendo particularmente dura en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang y en las zonas de población tibetana.

En Corea del Sur, la población LGBTI continuaba estando ampliamente discriminada en la vida pública. Durante el servicio militar obligatorio, los gays eran víctimas de violencia, acoso e insultos; se condenó a un soldado por haber mantenido relaciones homosexuales.

En Japón, aunque la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género, reales o percibidas, seguía siendo generalizada, en los municipios hubo ciertos avances. Las autoridades de la ciudad de Osaka reconocieron por primera vez a una pareja homosexual como progenitores de acogida, y dos municipios más avanzaron hacia el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo.

Por su parte, Taiwán, gracias a un histórico fallo de su más alto tribunal, estaba cerca de convertirse en el primer país asiático que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, dando así un paso importante para los derechos LGBTI. Los jueces resolvieron que la ley taiwanesa sobre el matrimonio era inconstitucional en tanto que discriminaba a las parejas del mismo sexo, y dieron a los parlamentarios un plazo de dos años para reformar o promulgar la legislación pertinente. En consecuencia, el Parlamento de Taiwán estaba estudiando un proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pena de muerte

China siguió siendo el país que llevaba a cabo más ejecuciones, aunque las estadísticas sobre la pena capital continuaban clasificadas como secreto de Estado.

En Taiwán, el Tribunal Supremo desestimó el recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía General para que se sometiera a un nuevo juicio a Chiou Ho-shun, el preso que más tiempo había permanecido condenado a muerte en la historia contemporánea del país. Chiou Ho-shun, condenado a muerte desde 1989, afirmaba haber sido torturado y obligado a “confesar” durante los interrogatorios policiales.

En julio, Mongolia se convirtió en el país número 105 que abolía la pena de muerte para todos los delitos. Sin embargo, en noviembre el presidente propuso al Ministerio de Justicia reinstaurar la pena capital en respuesta a dos casos de violación y asesinato.

Asia Meridional

En toda Asia Meridional, los gobiernos invocaron el orden público, la seguridad nacional y la religión para atacar a minorías religiosas, criminalizar la libertad de expresión, perpetrar desapariciones forzadas, utilizar profusamente la pena de muerte y violar los derechos de la población refugiada. La impunidad era generalizada y la libertad de expresión sufrió ataques. Esgrimiendo difusos conceptos como el de “seguridad nacional” para silenciar a la población, los gobiernos atacaron a periodistas, a defensores y defensoras de los derechos humanos y a otras personas por expresar pacíficamente sus creencias.

También empezó a ser tendencia la criminalización de la libertad de expresión en Internet. En Pakistán se sometió a desaparición forzada a cinco blogueros críticos con el gobierno y se detuvo a otros por haber hecho comentarios críticos con el ejército o haber expresado ideas consideradas “contrarias al islam”. Asimismo, se abrieron causas penales por críticas al gobierno del país o a la familia de la primera ministra, y el gobierno propuso una nueva Ley de Seguridad Digital que limitaría aún más el derecho a la libertad de expresión en Internet e impondría sanciones más duras. En Afganistán, donde la penetración de Internet era una de las más bajas de la región de Asia y Oceanía, se aprobó una nueva Ley de Delitos Informáticos que criminalizaba la libertad de expresión.

El incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales tuvo importantes consecuencias. En Pakistán, al no armonizarse la legislación con las normas internacionales, la población sufría discriminación generalizada, tenía limitados los derechos laborales y una seguridad social escasa. India ratificó dos convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo infantil, pero los activistas siguieron criticando la reforma de la legislación nacional sobre este tipo de trabajo, ya que permitía emplear a niños y niñas como trabajadores en empresas familiares. En Nepal, dos años después del devastador terremoto que sacudió al país, el gobierno seguía fallando a miles de sobrevivientes marginados, que languidecían en frágiles refugios provisionales.

En octubre, Pakistán fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y prometió comprometerse con los derechos humanos. Sin embargo, no abordó directamente sus graves problemas de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, la pena de muerte, las leyes sobre la blasfemia, el uso de tribunales militares para juzgar a civiles, la falta de derechos de las mujeres y las amenazas al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Tanto en Afganistán como en Bangladesh, India y Pakistán, entre otros países, los grupos armados perpetraron homicidios, secuestros y otros abusos. En Afganistán, el número de víctimas civiles, sobre todo entre las minorías religiosas, seguía siendo elevado. En Pakistán, donde los grupos armados atacaban a la población musulmana chií, un atentado con bomba contra una mezquita chií de Quetta se cobró la vida de al menos 18 personas.

Durante unas históricas elecciones locales, en Nepal se produjeron violaciones de derechos humanos, como detenciones y reclusiones arbitrarias, y las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes en un acto electoral.

En India, en el estado de Jammu y Cachemira, las fuerzas de seguridad mataron a ocho personas en las protestas que se produjeron durante unas elecciones parciales para cubrir un escaño del Parlamento, y los militares golpearon a un votante al que después mantuvieron atado durante más de cinco horas al capó del jeep militar que conducían, al parecer como advertencia al resto de los manifestantes. En las manifestaciones, las fuerzas de seguridad continuaron utilizando escopetas de perdigones, intrínsecamente imprecisas, con las que dejaron ciegas o hirieron a varias personas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En India, las autoridades criticaron abiertamente a los defensores y defensoras de los derechos humanos, lo que contribuyó a crear un clima de hostilidad y violencia hacia ellos. Se utilizó legislación represiva para suprimir la libertad de expresión, y se lanzaron cada vez más ataques contra quienes ejercían el periodismo y contra la libertad de prensa.

En Afganistán, grupos armados y agentes estatales amenazaban constantemente la vida y la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y hubo actos de violencia y censura contra periodistas.

En Pakistán, las autoridades no protegieron a periodistas, blogueros, activistas ni a la sociedad civil, que sufrían hostigamiento, intimidación, amenazas, campañas de desprestigio y agresiones constantes por parte de agentes no estatales. Por el contrario, las autoridades restringieron aún más el trabajo de decenas de ONG, y atacaron a un buen número de activistas, a quienes sometieron incluso a tortura y desaparición forzada.

En Bangladesh, el gobierno intensificó la represión del debate público y de las críticas, y el personal de prensa fue víctima de actos de hostigamiento y acciones judiciales en aplicación de leyes draconianas. El gobierno no exigió responsabilidades a los grupos armados que llevaron a cabo una campaña de homicidios de blogueros laicos de amplia repercusión. Eran frecuentes las amenazas de muerte contra activistas, que en algunos casos tuvieron que huir del país.

En Maldivas se intensificó la represión del debate público y las autoridades hostigaron a periodistas, activistas y medios de comunicación. Al parecer, el gobierno estaba detrás del incesante ataque contra el Estado de derecho que puso en peligro la independencia de la judicatura.

Impunidad

La impunidad estaba extendida y arraigada en toda Asia Meridional. Sin embargo, en Nepal, un tribunal de distrito condenó a cadena perpetua a tres militares por el asesinato de Maina Sunuwar, una muchacha de 15 años que había muerto bajo custodia militar en 2004 tras ser torturada en el contexto del conflicto armado que había terminado en 2006 y que a lo largo de 10 años había enfrentado a los maoístas con las fuerzas del gobierno. Estas condenas supusieron un importante avance en la capacidad del sistema de justicia para abordar los graves abusos cometidos durante el conflicto, y fueron la primera señal de justicia para las víctimas.

En India, el Tribunal Supremo ordenó a la Oficina Central de Investigaciones que investigara más de 80 presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía y las fuerzas de seguridad perpetradas en el estado de Manipur entre 1979 y 2012, y afirmó que el largo tiempo transcurrido no era razón para dejar de investigar esos casos.

Desapariciones forzadas

En Pakistán continuaron las desapariciones forzadas, cuyas víctimas corrían considerable riesgo de tortura y otros malos tratos e incluso de muerte. No se tenía constancia de que ninguna de las personas responsables de los cientos o miles de casos denunciados a lo largo de los últimos años en todo el país hubiera comparecido ante la justicia.

En Sri Lanka, pese al compromiso asumido en 2015 por el gobierno de ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado y acometer reformas para evitar futuras violaciones de derechos humanos, los avances eran lentos y las desapariciones forzadas siguieron impunes. El gobierno tampoco avanzó en su compromiso de revocar la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo, que permitía la detención secreta y en régimen de incomunicación. Sin embargo, el Parlamento aprobó la reforma de la Ley sobre la Oficina de Personas Desaparecidas, creada para ayudar a las familias de las personas desaparecidas a localizarlas.

En Bangladesh, se perpetraron desapariciones forzadas; a menudo las víctimas pertenecían a partidos políticos de oposición.

Personas en movimiento

En diferentes partes de Asia Meridional se negaron los derechos a la población refugiada y migrante.

Bangladesh había abierto las fronteras a más de 655.000 rohingyas que huían de la campaña de limpieza étnica de Myanmar. Sin embargo, si se obligaba a volver a Myanmar a la población rohingya refugiada, ésta quedaría a merced del mismo ejército que la había expulsado, y seguiría enfrentándose al mismo arraigado sistema de discriminación y segregación constitutivo de apartheid que la había dejado en tal situación de vulnerabilidad.

En Afganistán, el número de personas internamente desplazadas superó los 2 millones, mientras que unos 2,6 millones de personas refugiadas afganas vivían fuera del país.

Discriminación

En toda Asia Meridional, las voces disidentes y las personas pertenecientes a minorías religiosas eran cada vez más vulnerables a ataques multitudinarios. En India se denunciaron varios casos de linchamiento de personas musulmanas, lo que provocó indignación por la creciente ola de islamofobia que se vivía bajo el gobierno nacionalista hindú. En varias ciudades se celebraron manifestaciones contra las agresiones a la población musulmana, pero el gobierno dio pocas muestras de condenar esa violencia. Las comunidades indígenas adivasis continuaron siendo desplazadas por proyectos industriales en India.

En Bangladesh, el gobierno adoptó una actitud rayana en la indiferencia ante los ataques contra minorías religiosas. Con frecuencia se rechazaba sin más a quienes acudían a las autoridades para pedir ayuda tras haber recibido amenazas.

En Sri Lanka aumentó el sentimiento nacionalista budista, y se llevaron a cabo ataques contra la población cristiana y musulmana. En Maldivas, el gobierno recurrió a la religión para enmascarar sus prácticas represivas, que incluían ataques contra miembros de la oposición y planes de reinstauración de la pena de muerte.

En Pakistán, las comunidades marginadas sufrían discriminación en la ley, las políticas y la práctica a causa de su sexo, su religión, su nacionalidad, su orientación sexual o su identidad de género. Las leyes paquistaníes sobre la blasfemia, que establecían la pena de muerte obligatoria por “blasfemar contra el profeta Mahoma”, seguían siendo incompatibles con varios derechos. Estas leyes se usaban a menudo indebidamente y de forma desproporcionada contra las minorías y contra otras personas —víctimas de acusaciones a menudo falsas—, y violaban el derecho internacional de los derechos humanos. Un hombre fue condenado a muerte por haber publicado presuntamente contenidos en Facebook que se consideraron “blasfemos”. Se trataba de la condena más dura dictada jamás en Pakistán por un delito informático.

Discriminación por motivos de género

En India, aunque el Tribunal Supremo prohibió la práctica del triple talaq (divorcio islámico instantáneo), otros fallos judiciales socavaron la autonomía de las mujeres. Así, el Tribunal Supremo desvirtuó una ley promulgada para proteger a las mujeres contra la violencia en el seno del matrimonio. Cuando varias sobrevivientes de violación —algunas de ellas niñas— pidieron permiso a los tribunales para interrumpir sus embarazos después del plazo de 20 semanas señalado por la ley, éstos autorizaron algunos abortos, pero denegaron otros. El gobierno central ordenó a los estados que instituyeran consejos médicos permanentes para decidir con mayor rapidez sobre esos casos.

En Pakistán hubo una larga serie de casos espeluznantes, como el de una adolescente que fue violada por orden de un consejo de aldea en “venganza” por otra violación que, presuntamente, había cometido su hermano. Aunque los integrantes del consejo fueron detenidos por haber dado esta orden, las autoridades no pusieron fin a la impunidad de la violencia sexual ni abolieron los consejos de aldea que prescribían venganzas consistentes en delitos de violencia sexual. Pakistán también siguió penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

En Afganistán persistió la violencia contra las mujeres y las niñas, y aumentó el número de mujeres castigadas en público por grupos armados en aplicación de la sharia (ley islámica).

Pena de muerte

En Maldivas, en medio de una crisis política que se agudizaba, las autoridades anunciaron que iban a reanudar las ejecuciones después de más de 60 años. Al terminar el año no se había consumado ninguna ejecución.

En Pakistán se había ejecutado a cientos de personas desde el levantamiento de la suspensión no oficial de las ejecuciones en 2014. Existía además la grave preocupación de que no se hubiera respetado el derecho a un juicio justo de muchas de las personas ejecutadas. En contravención del derecho internacional, los tribunales condenaron a muerte a personas con discapacidad intelectual, personas que tenían menos de 18 años en el momento del delito y personas declaradas culpables a partir de “confesiones” extraídas bajo tortura u otros malos tratos.

Conflicto armado

La situación continuó deteriorándose en Afganistán, donde el número de víctimas civiles siguió siendoelevado, la crisis de desplazamiento interno se agravó y los talibanes controlaban más territorio que en ningún otro momento desde 2001. Desde 2014, Pakistán, Irán y los países de la Unión Europea habían devuelto a Afganistán a decenas de miles de personas refugiadas afganas contra su voluntad.

El gobierno de Afganistán y la comunidad internacional dieron muy pocas muestras de preocupación por la difícil situación de la población civil. Así, ante las protestas multitudinarias contra la violencia y la inseguridad que estallaron tras uno de los atentados más mortíferos (una bomba en Kabul, el 31 de mayo, que se cobró la vida de más de 150 personas y dejó cientos de heridos), las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud y mataron a varios manifestantes.

La nota positiva la puso la solicitud de la fiscal de la Corte Penal Internacional, al pedir que se abrieran investigaciones preliminares sobre los delitos presuntamente cometidos por todas las partes en el conflicto armado en curso en Afganistán. Esta decisión constituyó un paso importante a la hora de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos desde 2003 y de ofrecer a las víctimas verdad, justicia y reparación.

Sudeste Asiático y Oceanía

Se demonizó y criminalizó a muchas de las personas que actuaron para pedir respeto por los derechos humanos y rendición de cuentas por su violación, lo que redujo el espacio de la sociedad civil. La policía y las fuerzas de seguridad persiguieron a defensores y defensoras de los derechos humanos. Persistió la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros malos tratos y las desapariciones forzadas.

La campaña de violencia de las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población rohingya del norte del estado de Rajine, constitutiva de crímenes de lesa humanidad, generó una crisis humanitaria y de derechos humanos en el país que se extendió al vecino Bangladesh.

En Filipinas aumentó el desgobierno y la violencia. El desprecio por los derechos humanos en la “guerra contra las drogas” que mostró el presidente se tradujo en homicidios masivos, sobre todo de personas de entornos pobres y marginales, incluidos niños y niñas. Ante el alcance de estos homicidios y la impunidad imperante, se alzaron cada vez más voces para pedir una investigación internacional. La prolongación en diciembre de la ley marcial en la isla de Mindanao suscitó el temor a que pudiera utilizarse el gobierno militar para cometer nuevos abusos contra los derechos humanos. El gobierno intentó reinstaurar la pena de muerte.

En Indonesia aumentaron considerablemente los homicidios de presuntos narcotraficantes a manos de la policía.

Por su parte, Australia continuó defendiendo de palabra los derechos humanos mientras infligía un trato cruel, inhumano y degradante a las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Los gobiernos del sudeste asiático y de Oceanía no hicieron valer los derechos económicos, sociales y culturales. En Laos, varios proyectos de infraestructura obligaron a la población de algunas localidades a trasladarse; en Camboya, el acaparamiento de tierras socavó el derecho a una vivienda adecuada, y en Singapur, las ONG criticaron las precarias condiciones de vida que soportaban los trabajadores y trabajadoras extranjeros.

En Papúa Nueva Guinea, las elecciones nacionales se vieron empañadas por denuncias de corrupción y por la dura respuesta de las autoridades, que incluyó actos violentos y detenciones arbitrarias.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, las personas que ejercían el activismo político pacífico y las personas fieles de cultos religiosos sufrieron violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y juicios por cargos imprecisos en los que no se respetaban las normas internacionales de justicia procesal. Algunos presos y presas de conciencia fueron sometidos a tortura y otros malos tratos.

En Camboya, la implacable represión del gobierno contra el activismo político y de la sociedad civil se intensificó ante la proximidad de las elecciones generales previstas para 2018. Se vigiló, detuvo y encarceló a defensores y defensoras de los derechos humanos; se cerraron medios de comunicación; se incrementó el hostigamiento a la sociedad civil mediante el uso indebido del sistema de justicia penal, y se aprobó una modificación a legislación existente que reforzó el poder de las autoridades frente a los partidos políticos. Asimismo, se utilizó la judicatura como arma política para silenciar a la disidencia, y, en un acto evidente de represión política, el Tribunal Supremo ordenó la disolución del principal partido de la oposición, pese a la proximidad de las elecciones.

En Tailandia, el gobierno militar siguió reprimiendo de manera sistemática la disidencia, impidiendo la libertad de expresión y reunión pacíficas y criminalizando y persiguiendo a la sociedad civil. En virtud de leyes y decretos draconianos se investigó y procesó a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas en favor de la democracia y otras personas, a quienes se sometió a prolongados juicios injustos ante tribunales militares.

En Malasia, el gobierno reprimió constantemente los derechos civiles y políticos: hostigó, detuvo y enjuició a sus detractores mediante el uso de legislación restrictiva, incrementó el uso de difusas y arbitrarias prohibiciones de viajar que violaban la libertad de circulación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y detuvo e investigó a activistas de los derechos indígenas y a periodistas por manifestarse pacíficamente contra los abusos.

Por su parte, el gobierno de Fiyi utilizó legislación represiva para silenciar a los medios de comunicación y limitar la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los cargos que pesaban contra varios empleados del diario Fiji Times se modificaron a una acusación de sedición en lo que constituyó una maniobra política concebida para silenciar a los pocos medios de comunicación independientes que quedaban en el país.

En Singapur, la reforma de la Ley de Orden Público confirió más poderes a las autoridades para restringir o prohibir las reuniones públicas, y la policía investigó a defensores y defensoras de los derechos humanos por haber participado en protestas pacíficas. También se presentaron cargos contra profesionales del derecho e intelectuales por haber criticado el poder judicial, y se impusieron restricciones a la libertad de prensa.

En Laos, los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica siguieron sometidos a graves restricciones, y se utilizaron disposiciones del Código Penal para encarcelar a activistas pacíficos.

En Vietnam se intensificó la represión de la disidencia, lo que obligó a un buen número de activistas a huir del país.

El espacio de la prensa libre se redujo aún más en Myanmar, donde se sometió a periodistas y personal de los medios de comunicación a intimidaciones y, en ocasiones, a detención, reclusión y procesamiento a causa de su trabajo.

Impunidad

En Malasia persistía la impunidad por las muertes bajo custodia y por el uso excesivo o innecesario de la fuerza y de armas de fuego. Se produjeron varias muertes bajo custodia, entre ellas la de S. Balamurugan, que, según informes, había sido golpeado por la policía durante los interrogatorios.

En Indonesia no se rindieron cuentas por el uso excesivo o innecesario de la fuerza durante manifestaciones masivas u otras operaciones de seguridad en la provincia de Papúa. En Fiyi, el gobierno no garantizó la rendición de cuentas por las torturas y otros malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad a personas detenidas.

En Timor Oriental, las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la ocupación indonesia (1975-1999) siguieron exigiendo justicia y reparación.

Campaña de violencia de Myanmar contra la población rohingya

Las fuerzas de seguridad lanzaron una campaña selectiva de limpieza étnica contra la población rohingya del norte del estado de Rajine que incluyó homicidios ilegítimos, violaciones y quema de poblaciones, constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Estas atrocidades cometidas en reacción ilegítima y desproporcionada a los ataques perpetrados en agosto por un grupo armado rohingya contra varios puestos de seguridad dieron lugar a la más grave crisis de refugiados desde hacía decenios en el sudeste asiático. El sufrimiento se vio agravado por las fuertes restricciones que Myanmar impuso a los grupos de ayuda que operaban en el estado de Rajine.

Más de 655.000 rohingyas huyeron a Bangladesh. Al concluir el año, el distrito bangladeshí de Cox’ Bazar albergaba a casi un millón de personas refugiadas rohingyas, algunas de las cuales habían huido de oleadas previas de violencia. La población rohingya que permaneció en Myanmar siguió viviendo bajo un régimen de apartheid que restringía gravemente sus derechos, entre ellos los de igualdad ante la ley, libertad de circulación y acceso a la salud, la educación y el trabajo.

Aunque los principales responsables de la violencia ejercida contra la población rohingya eran las fuerzas de seguridad de Myanmar, el gobierno civil encabezado por Aung San Suu Kyi se abstuvo de protestar o intervenir. Por el contrario, desacreditó al personal de ayuda humanitaria, al que acusó de ayudar a “terroristas”, al tiempo que negaba las violaciones de derechos humanos.

Pese al cada vez mayor número de pruebas de las atrocidades cometidas en Myanmar, la comunidad internacional —incluido Consejo de Seguridad de la ONU— no emprendió ninguna acción efectiva ni transmitió el mensaje claro de que el ejército tendría que rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad.

Personas en movimiento

Australia mantuvo su política de mano dura, confinando a cientos de personas solicitantes de asilo en centros de tramitación de ultramar en Papúa Nueva Guinea y Nauru, y rechazando a las que intentaban llegar al país por mar, incumpliendo su obligación internacional de protegerlas.

En Nauru seguían atrapadas personas refugiadas y solicitantes de asilo a las que el gobierno australiano había enviado allí —en la mayoría de los casos más de cuatro años atrás—, pese a las denuncias generalizadas de abusos físicos, psicológicos y sexuales. En el centro de tramitación de ultramar vivían cientos de personas, entre ellas decenas de niños y niñas, que eran sometidas a humillaciones, abandono y abusos y recibían una deficiente atención a su salud física y mental. En la comunidad vivían al menos otras 800 personas expuestas a graves riesgos para su seguridad y sin acceso adecuado a atención médica, educación y oportunidades de empleo.

A finales de octubre, el gobierno australiano suprimió los servicios que se prestaban en su centro de la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) con el fin de obligar a los refugiados y solicitantes de asilo que allí vivían a trasladarse más cerca de la ciudad, pese a los bien fundados temores por su seguridad que este traslado les inspiraba. En noviembre, los refugiados fueron trasladados por la fuerza a nuevas instalaciones, aún sin terminar, donde siguieron sufriendo penalidades, pues carecían de acceso adecuado a la salud, se enfrentaban a actos de violencia en la comunidad y no tenían ninguna perspectiva clara con respecto a su futuro.

Fiyi devolvió a personas a países donde podían correr peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Camboya rechazó 29 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas por personas montagnards, a las que devolvió a Vietnam, donde corrían el peligro de ser perseguidas.

Discriminación

En Australia, el sistema de justicia seguía sin proteger a la población indígena, en particular a los niños y niñas; la tasa de encarcelación era alta, y se denunciaron abusos y muertes bajo custodia. Se filtraron imágenes de vídeo que reveleban que en el Territorio del Norte se infligían malos tratos a niños y niñas indígenas, como rociarlos con gas lacrimógeno o someterlos a técnicas de inmovilización, asfixia y reclusión en régimen de aislamiento.

En Malasia, Papúa Nueva Guinea y Singapur, la población LGBTI sufría discriminación. En Australia, pese a la introducción de nuevas penas, aumentaron las noticias sobre discursos de odio contra la población LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y en cuestionamiento). En Indonesia, en la provincia de Aceh, dos hombres recibieron en público 83 azotes con vara cada uno por haber mantenido relaciones sexuales consentidas.

Numerosas activistas de derechos humanos fueron víctimas de hostigamiento, amenazas, encarcelamiento y violencia.

Papúa Nueva Guinea siguió siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, y aumentaron los informes de violencia contra las mujeres y las niñas, en ocasiones tras haber sido acusadas de brujería.

En Indonesia se usó la legislación sobre la blasfemia para condenar a personas de comunidades religiosas minoritarias por practicar pacíficamente su credo.

En Australia, el Parlamento aprobó en diciembre una ley sobre la igualdad de acceso al matrimonio. Sin embargo, el proceso de consulta postal elegido por el gobierno no reconoció la igualdad de acceso al matrimonio como un derecho humano y generó un debate público divisivo que dio lugar a enfrentamientos.

Pena de muerte

En Malasia hubo como mínimo cuatro ejecuciones. En Singapur se siguieron llevando a cabo ejecuciones en la horca por asesinato y narcotráfico. Una de las personas ejecutadas fue el ciudadano malasio Prabagaran Srivijayan, que aún tenía en Malasia un recurso de apelación pendiente de resolución.

Conflicto armado

En el norte de Myanmar, la constante de violaciones de derechos humanos a manos del ejército era similar a la situación del estado de Rajine, si bien recibió menos atención internacional. En los estados de Kachin y Shan del Norte se cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos contra la población civil, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, bombardeos indiscriminados, trabajos forzados y restricciones de acceso a la ayuda humanitaria. Los grupos armados étnicos cometieron abusos como secuestros y reclutamiento forzoso. Tanto el ejército como los grupos armados utilizaron armas de mecanismo similar al de las minas terrestres, que hirieron a civiles.

En Filipinas, en la ciudad de Marawi, se libraron durante cinco meses combates entre el ejército y una coalición extremista afín al grupo armado autodenominado Estado Islámico, lo que provocó el desplazamiento de cientos de miles de civiles, decenas de víctimas mortales entre la población civil y la destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras. Los extremistas atacaron a la población civil cristiana, perpetrando homicidios extrajudiciales y tomas masivas de rehenes, mientras que las fuerzas armadas detuvieron y sometieron a malos tratos a la población civil que huía.

Responsabilidad de las empresas

En Myanmar, las comunidades que vivían en las proximidades de la enorme mina de cobre de Letpadaung siguieron pidiendo la paralización de sus operaciones. Miles de familias que vivían cerca de la mina corrían peligro de ser desalojadas de sus hogares o tierras de cultivo por la fuerza, y las autoridades utilizaron leyes represivas para hostigar a los activistas y a la población local.

En Indonesia, en plantaciones propiedad de proveedores y filiales de Wilmar International —la mayor empresa mundial de comercialización de aceite de palma— el personal era sometido a explotación laboral. Entre otros abusos, se obligaba a las mujeres a trabajar largas jornadas, amenazándolas con recortar sus ya de por sí escasos salarios, y se empleaba a niños y niñas de tan solo ocho años para realizar tareas físicas peligrosas, mientras que algunas personas sufrieron lesiones provocadas por sustancias químicas tóxicas. La subsiguiente campaña de Wilmar International para ocultar estos abusos, con medidas como intimidar al personal para que negara los hechos denunciados, se benefició de la actitud del gobierno, que no investigó las denuncias contra la empresa.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional