Asia y Oceanía 2022
Hubo tenues destellos de esperanza para los derechos humanos en la región de Asia y Oceanía, con modestos logros en relación con los derechos de las mujeres y las personas LGBTI en varios países, una nueva ley que penalizaba la tortura en Pakistán y la abolición de la pena de muerte en Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, el panorama siguió siendo poco alentador en general. La población civil sufrió las peores consecuencias de la escalada del conflicto armado de Myanmar. Cada vez fueron más visibles en toda su plenitud las consecuencias para los derechos humanos del régimen talibán en Afganistán y, en concreto, el nefasto retroceso que sufrieron los derechos de las mujeres y las niñas. La crisis económica —agravada por la recesión derivada de la pandemia, la mala gestión económica y los conflictos armados dentro y fuera de la región— repercutió con fuerza en los derechos económicos y sociales de países tales como Afganistán, Laos y Sri Lanka, en los que era cada vez más difícil acceder a alimentación, atención médica y un nivel de vida adecuado. Disminuyó el grado de tolerancia hacia la disidencia, mientras las autoridades de numerosos países endurecían las restricciones sobre la libertad de expresión y asociación y detenían de manera arbitraria a quienes las criticaban. En toda la región, la población salió a la calle a protestar contra la injusticia, las privaciones y la discriminación, pero en países como Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia, sus protestas fueron recibidas con fuerza excesiva y, en ocasiones, letal. La impunidad se vio agravada por la incapacidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar de manera efectiva motivos graves de preocupación en China y Filipinas. También persistieron arraigados patrones de discriminación contra minorías, mujeres y niñas, personas LGBTI y pueblos indígenas. La reanudación de las ejecuciones en Afganistán y Myanmar supuso un importante retroceso.
Derechos económicos, sociales y culturales
La crisis económica repercutió con fuerza en los derechos humanos, incluidos los derechos a un nivel de vida adecuado y a la salud. En Sri Lanka, la inflación superó el 73% en septiembre, con lo que la alimentación, la atención médica y otras necesidades básicas pasaron a ser inasequibles, sobre todo para quienes dependían de jornales diarios, en muchos casos mujeres y personas tamiles de las minorías malaiyahas (dedicadas al trabajo en plantaciones). También en Laos quedaron fuera del alcance de muchas personas artículos básicos a causa de la elevada inflación. En Afganistán, la espiral de la crisis económica sumió al 97% de la población en la pobreza, de manera que la inmensa mayoría de las familias pasaban hambre y recurrían cada vez con mayor frecuencia a estrategias de supervivencia negativas, situación que no hizo más que empeorar después de que, en diciembre, los talibanes emitieran un decreto por el que se prohibía a las mujeres trabajar en ONG humanitarias y de otro tipo. Este decreto limitaba las oportunidades de las mujeres para ganarse la vida, al tiempo que impedía a la población acceder a servicios que hasta entonces habían prestado las mujeres.
En otros lugares, la falta de una protección adecuada de la vivienda y las demoliciones de inmuebles dejaron a miles de personas sin hogar y en la indigencia, o expuestas a ello. En Nepal, el gobierno hizo caso omiso de los llamamientos en favor de una reforma de la ley de vivienda de 2018, que no garantizaba debidamente el derecho a la vivienda y dejaba a cientos de familias —sobre todo de comunidades marginadas o residentes en asentamientos informales— en peligro de desalojo. En India, las autoridades demolieron ilegalmente viviendas o inmuebles —en su mayoría, pertenecientes a personas musulmanas— en la capital, Nueva Delhi, y en varios estados, y preocupaba que esto fuera una forma de castigo colectivo por la presunta participación de esas personas en enfrentamientos entre comunidades. En Camboya y Mongolia, muchas familias quedaron sin hogar o perdieron sus medios de vida a causa de proyectos de desarrollo urbanístico.
Los gobiernos deben garantizar los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación.
Libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión siguió amenazado en la región, donde muchos gobiernos intensificaron la represión de la disidencia y trataron de eludir el escrutinio.
En numerosos países se siguió atacando la libertad de prensa. En Afganistán se arrestó y detuvo de manera arbitraria y se sometió a tortura y otros malos tratos a periodistas por informar sobre los talibanes desde un punto de vista crítico. En Bangladesh, donde los periodistas sufrían agresiones físicas, acoso judicial y otras represalias por su labor informativa, un anteproyecto de ley sobre protección de datos amenazaba con limitar aún más la libertad de expresión. En Pakistán, las personas que trabajaban en medios de comunicación también estaban sometidas a una creciente presión, y se detuvo a periodistas y otras personas del sector por cargos falsos. En Filipinas, el nuevo gobierno no supuso ningún alivio inmediato para los medios de comunicación; durante la segunda mitad del año, al menos dos periodistas fueron asesinados, mientras otros seguían sufriendo hostigamiento judicial, y permanecían bloqueados sitios web de grupos de comunicación independientes.
En China, la censura y la vigilancia online se hicieron cada vez más generalizadas. Además, el gobierno trató de evitar que se hablara internacionalmente sobre su historial de derechos humanos, para lo cual, entre otras cosas, intentó impedir que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicara un informe en el que se documentaban posibles crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos contra la población uigur y contra otras minorías étnicas musulmanas en Xinjiang.
También el gobierno indio trató de evitar que se hablara fuera de sus fronteras sobre la situación de los derechos humanos dentro del país, para lo cual prohibió viajar al extranjero a defensores y defensoras de los derechos humanos. Además, en un claro intento de limitar las críticas de los partidos de oposición, recurrió a la extraordinaria e ilegítima medida de prohibir el empleo de una lista de palabras comunes en los debates parlamentarios.
En Myanmar, las autoridades militares intensificaron la vigilancia dentro y fuera de Internet y restringieron el derecho a la información, utilizando —según informes— cámaras de circuito cerrado con capacidad de reconocimiento facial en las principales ciudades e imponiendo periódicamente cortes de Internet y de las telecomunicaciones en todo el país. En Corea del Norte seguía estando prohibida cualquier crítica al gobierno.
En Indonesia, la libertad de expresión recibió un nuevo golpe en diciembre con la aprobación de un nuevo Código Penal que tipificaba de nuevo como delitos los insultos al presidente y a otras autoridades e instituciones del Estado. El Parlamento de Maldivas aprobó una ley que podría obligar a los periodistas a revelar sus fuentes, aunque afortunadamente el gobierno estaba considerando reformarla, en un ambiente de fuertes críticas.
Las autoridades de Vietnam siguieron utilizando el Código Penal para detener arbitrariamente y procesar a personas críticas. El nuevo decreto 53, que exigía a las empresas tecnológicas almacenar los datos de los usuarios, con la posibilidad de facilitárselos a las autoridades, constituía en potencia una nueva herramienta para silenciar a la disidencia.
Tanto en Malasia como en Nepal se condenó a penas de prisión a humoristas por el contenido de sus actuaciones.
Los gobiernos deben respetar las libertades de los medios de comunicación, detener todos los procesamientos o investigaciones relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sin discriminación y revocar las disposiciones legales que penalicen la expresión legítima o se puedan utilizar para restringirla.
Libertad de reunión pacífica y asociación
Aunque los gobiernos trataron de reprimir la disidencia, en toda la región las personas reivindicaron su derecho a protestar contra la injusticia y la discriminación, arriesgándose a menudo a ser arrestadas y detenidas de manera arbitraria, a resultar heridas o incluso a perder la vida, mientras las autoridades recurrían reiteradamente al empleo de fuerza excesiva e innecesaria.
En Sri Lanka, la policía empleó munición real, gas lacrimógeno y cañones de agua contra multitudes mayoritariamente pacíficas que protestaban por la crisis económica, causando muertes y heridas. En Bangladesh, la policía utilizó munición real y balas de goma, granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para dispersar protestas de estudiantes y de trabajadores.
En Pakistán, las autoridades disolvieron por la fuerza protestas pacíficas de activistas y familiares de personas sometidas a desaparición forzada. En Nepal, la policía cargó con porras contra las manifestaciones de víctimas de préstamos con usura, que fueron detenidas arbitrariamente. En India, un muchacho de 15 años y otro manifestante murieron por disparos policiales durante manifestaciones en el estado de Jharkhand. En Indonesia, la policía respondió también con fuerza innecesaria, y en ocasiones letal, a las protestas que tuvieron lugar en Papúa y Papúa Occidental, entre otros lugares.
En varios países se instauraron nuevas restricciones que limitaban aún más el derecho a la protesta. En el estado indio de Karnataka, los tribunales confirmaron una orden que restringía las protestas a una zona determinada de su capital. En Indonesia, un nuevo Código Penal prohibió las manifestaciones no autorizadas, mientras que en Australia varios estados aprobaron nuevas leyes que imponían multas y penas de prisión por participar en protestas no autorizadas.
En varios países aumentaron también las restricciones a la libertad de asociación. En Afganistán desapareció casi por completo la posibilidad de monitorear los derechos humanos e informar al respecto de manera independiente. En India se recurría a leyes sobre blanqueo de capitales y a otros pretextos para hostigar a las ONG. En Myanmar se impusieron nuevas restricciones al trabajo legítimo de las ONG cuyo incumplimiento podía acarrear penas de cárcel.
En Camboya continuó prohibido el Partido de Rescate Nacional de Camboya, principal partido de oposición, y se siguió procesando a integrantes de este partido y de su formación sucesora, el Partido de la Luz de las Velas. En Filipinas se siguió acusando públicamente a personas y organizaciones de tener vínculos con grupos comunistas, práctica conocida como “etiquetado rojo” y utilizada para reprimir a la disidencia, que quedaba así señalada y expuesta a detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos. En Mongolia, defensores y defensoras de los derechos humanos fueron acusados de espionaje y sometidos a otras formas habituales de intimidación. En la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), en 2022 se redujo aún más el espacio de la sociedad civil tras tipificarse como delito actividades legítimas de las ONG, lo que engendró un ambiente de temor y autocensura.
Los gobiernos deben respetar y facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación. Es preciso respetar y proteger la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos y garantizar un entorno propicio para que puedan llevarla a cabo.
Detención y reclusión arbitrarias
En China, pese a las aseveraciones de las autoridades en sentido contrario, se creía que en la región de Xinjiang muchos miles de hombres y mujeres continuaban detenidos de manera arbitraria. También en China se condenó a activistas del Tíbet a largas penas de prisión en juicios sin las debidas garantías, por actos que se consideraba que habían “incitado al separatismo” o “puesto en peligro la seguridad nacional”.
En otras partes de la región se arrestó y detuvo arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de las esferas política y ambiental y otras personas por haber afirmado su derecho a la protesta o haber desafiado de otra forma las políticas y los actos del gobierno.
En Tailandia, más de un millar de personas —cientos de ellas, menores de edad— se enfrentaban a cargos penales por haber participado en protestas. En Sri Lanka se arrestó, se detuvo de manera arbitraria y se acusó de delitos de terrorismo y de otra índole a manifestantes. En Myanmar continuaron los arrestos y detenciones arbitrarias de personas opuestas al régimen militar, y más de un millar de personas fueron condenadas en juicios manifiestamente injustos.
En Vietnam se impusieron largas penas de prisión a activistas de los derechos humanos y de los derechos sobre las tierras, y en India se mantuvo detenidos sin juicio a defensores y defensoras de los derechos humanos.
Los gobiernos deben acabar con todos los arrestos y detenciones arbitrarios de quienes los critican y de otras personas, y dejar en libertad de inmediato a cualquier persona que esté detenida sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica o asociación o de cualquier otro derecho humano.
Impunidad y derecho a la justicia
Imperaba la impunidad, puesto que en numerosos países las autoridades nacionales no hacían efectivos los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, y los organismos internacionales incumplían con demasiada frecuencia su responsabilidad de protegerlos.
Pese al informe de la OACNUDH, que vino a sumarse a un ya sólido conjunto de pruebas de las atrocidades cometidas por China en Xinjiang, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó en contra de debatir siquiera la situación. De igual forma, el Consejo traicionó a las incontables víctimas de la “guerra contra las drogas” de Filipinas al no renovar el mandato de la OACNUDH para monitorear la situación, pese al preocupante aumento de los homicidios policiales en operaciones contra la droga a lo largo del año. Sin embargo, ante la falta de avances a la hora de establecer la responsabilidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado de Sri Lanka y después de éste, el Consejo aprobó una resolución por la que se ampliaba el mandato de la OACNUDH para recopilar pruebas de cara a futuros procesos de rendición de cuentas.
La impunidad se afianzó aún más en Afganistán, donde la idea de los talibanes de un sistema de justicia carecía de toda credibilidad. En Nepal no se avanzó en la realización del derecho a la justicia de las decenas de miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno del periodo 1996-2006.
Aunque se enjuició a presuntos responsables, los juicios se vieron empañados por irregularidades con demasiada frecuencia. Por ejemplo, hubo serias dudas sobre la credibilidad de un juicio en Indonesia en el que se absolvió a un ex alto cargo militar del homicidio ilegítimo de cuatro estudiantes papúes de educación secundaria en 2014.
Los gobiernos deben combatir la impunidad emprendiendo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre los crímenes de derecho internacional y sobre otros abusos graves contra los derechos humanos, y poniendo a los presuntos perpetradores a disposición de la justicia en juicios con las debidas garantías. Asimismo, deben cooperar plenamente con las investigaciones y los procesos judiciales internacionales.
Violaciones del derecho internacional humanitario
El ejército de Myanmar fue responsable de crímenes de guerra al intensificar sus ataques terrestres y aéreos, tanto indiscriminados como selectivos, contra la población civil y contra bienes de carácter civil, además de saquear e incendiar poblaciones, causando la muerte de cientos de personas y el desplazamiento forzoso de miles más. También se documentó su empleo de munición de racimo y de minas terrestres, ambas prohibidas por el derecho internacional.
Se cometieron asimismo crímenes de guerra en Afganistán, donde los talibanes continuaron con su campaña de homicidios de represalia contra miembros del anterior gobierno y las fuerzas de seguridad, y detuvieron arbitrariamente, torturaron y ejecutaron de manera extrajudicial a personas presuntamente vinculadas al Frente de Resistencia Nacional y a otros grupos armados de oposición.
Los grupos armados también fueron responsables de violaciones graves en Afganistán, donde el Estado Islámico en la Provincia de Jorasán continuó perpetrando ataques selectivos contra grupos minoritarios étnicos y religiosos, como los atentados con bomba que llevó a cabo contra centros religiosos y educativos utilizados por las comunidades sij y hazara. En Myanmar, algunos grupos utilizaron minas terrestres antipersonal o dispositivos explosivos improvisados. Según informes, en la región de Jammu y Cachemira de India, grupos armados mataron al menos a 19 civiles, entre quienes figuraban miembros de la minoritaria comunidad hindú.
Todas las partes implicadas en conflictos armados deben acatar el derecho internacional humanitario, en particular poniendo fin a los ataques dirigidos contra la población civil o contra infraestructuras civiles y a los ataques indiscriminados.
Rendición de cuentas de las empresas
Tras la publicación de un informe de Amnistía Internacional en el que se documentaba el papel de algunas empresas en la importación y distribución de combustible de aviación susceptible de ser utilizado en ataques aéreos del ejército de Myanmar contra la población civil, las empresas implicadas —entre las que figuraban Puma Energy y otras empresas extranjeras— anunciaron su intención de poner fin a sus operaciones empresariales en Myanmar o de suspenderlas.
Asimismo, Amnistía Internacional descubrió que los algoritmos y las prácticas empresariales de Meta (antes Facebook) habían contribuido de manera considerable a violaciones graves de derechos humanos perpetradas contra la población rohinyá de Myanmar en 2017, lo que vino a corroborar la necesidad de que los agentes empresariales se tomen en serio su responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos, y de que se les haga rendir cuentas si no lo hacen.
Los agentes empresariales deben tomar medidas de diligencia debida para garantizar que sus operaciones y las de sus socios no dan lugar a abusos contra los derechos humanos ni contribuyen a ellos. Además, deben aplicar medidas de mitigación contra cualquier posible abuso.
Libertad de religión o de creencias
La libertad de religión o de creencias continuó estando amenazada en varios países. En India, donde eran habituales las detenciones y los juicios contra personas musulmanas por el ejercicio de sus libertades religiosas, el gobierno del estado de Karnataka, siguiendo el ejemplo de otros estados, aprobó una ley que permitía ilegalizar un matrimonio cuando un familiar u otra persona denunciaba la conversión forzada de uno de los cónyuges, a menudo, la mujer hindú. También en Karnataka se prohibió a las niñas llevar el hiyab en las escuelas públicas.
Las denuncias sobre infracciones de las leyes sobre la blasfemia siguieron traduciéndose en condenas a muerte y linchamientos en Pakistán, donde además persistían las conversiones forzadas al islam de mujeres y niñas hindúes, cristianas y sijs.
En China, entre las personas detenidas y encarceladas arbitrariamente figuraban dirigentes religiosos y practicantes de Falun Gong, mientras que en la región de Xinjiang continuó la persecución de uigures, kazajos y otros grupos étnicos minoritarios predominantemente musulmanes, que amenazaba con borrar sus identidades religiosas y culturales.
Los gobiernos deben tomar medidas efectivas para aplicar reformas jurídicas y políticas que protejan, promuevan y garanticen plenamente la libertad de religión o de creencias sin discriminación.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En varios países, como China, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, se aprobaron leyes que tenían por objeto fortalecer la protección de las mujeres y las niñas, incluidas leyes para combatir la violencia sexual y de género. En India, el Tribunal Supremo, en un fallo que defendía el derecho a la dignidad de las trabajadoras sexuales, ordenó a la policía que dejara de hostigarlas, e interpretó una ley ya existente para ampliar el acceso al aborto a todas las mujeres, con independencia de su estado civil.
Sin embargo, muchas mujeres y niñas de la región siguieron viviendo una realidad de discriminación y violencia sistémicas. En Afganistán, las mujeres y las niñas fueron suprimidas en la práctica de la vida y los espacios públicos, al dictarse nuevas disposiciones que restringían aún más sus derechos y libertades y que, además de prohibirles trabajar para ONG, les impedían viajar sin un acompañante masculino, cursar estudios de educación secundaria y universitarios e ir a parques públicos, entre otras restricciones.
En Nepal se siguió negando a las mujeres la igualdad en los derechos de nacionalidad y, aunque se amplió el plazo de prescripción del delito de violación, la excesiva brevedad del plazo para presentar la denuncia siguió siendo un obstáculo considerable para las sobrevivientes a la hora de obtener un recurso efectivo.
En Fiyi siguieron existiendo obstáculos legales para la participación electoral de las mujeres en las elecciones parlamentarias de diciembre, al no haberse resuelto un recurso interpuesto contra una ley discriminatoria que exigía a las mujeres modificar su nombre en su certificado de nacimiento si querían votar con su nombre de casadas. La representación de las mujeres en la vida pública seguía siendo escasa, como ocurría en Papúa Nueva Guinea, donde sólo 2 de los 118 parlamentarios elegidos en 2022 eran mujeres, o en Japón, donde las mujeres constituían sólo el 10,6% de quienes integraban las asambleas de las prefecturas.
Persistió también la violencia contra las mujeres. En el caso de Maldivas, personas expertas de la ONU pidieron a las autoridades que combatieran el incremento de casos de violencia de género en el país. En Bangladesh, una ONG registró cientos de violaciones o asesinatos de mujeres por sus esposos o por otros familiares, aunque se creía que muchos casos no se denunciaban y la impunidad de esos delitos seguía siendo generalizada. En Papúa Nueva Guinea, a pesar de estar tipificados como delito, continuaron registrándose ataques violentos contra mujeres y niñas acusadas de brujería.
En Pakistán, pese a que hubo informes de varios asesinatos de gran resonancia de mujeres a manos de sus parejas o de familiares, la Asamblea Nacional siguió sin hacer efectiva una ley sobre la violencia de género en el ámbito familiar, pendiente de promulgación desde 2021.
Los gobiernos de la región deben agilizar sus iniciativas de protección, poner fin a la discriminación de las mujeres y las niñas y tomar medidas concretas para prevenir y enjuiciar la violencia de género y sexual.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En algunos países, como Japón, Singapur y Taiwán, se dieron pasos hacia el reconocimiento legal de los derechos LGBTI. En Singapur se despenalizaron las relaciones sexuales consentidas entre hombres. Sin embargo, el gobierno reformó la Constitución para bloquear en la práctica el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en general en toda la región —sobre todo en el sur de Asia— las personas LGBTI se encontraban entre los grupos que corrían más peligro.
En Sri Lanka, el gobierno se abstuvo de tomar medidas pese a un histórico dictamen del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, según el cual las disposiciones del Código Penal srilankés que penalizaban la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo violaban el derecho a no sufrir discriminación. En Afganistán, las personas LGBTI se veían obligadas a vivir escondidas para protegerse de las agresiones físicas y sexuales, las detenciones arbitrarias y demás violaciones de los derechos humanos cometidas por los talibanes. En China, las autoridades continuaron con su campaña contra las personas LGBTI, restringiendo firmemente su activismo tanto dentro como fuera de Internet y censurando el contenido relacionado con ellas. En Pakistán persistieron los ataques físicos, el discurso de odio y las amenazas contra las personas transgénero, y el índice de asesinatos de estas personas era el más alto de la región.
Los gobiernos deben revocar las leyes y políticas que discriminan a la población LGBTI y, para ello, entre otras medidas, deben despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, eliminar los obstáculos jurídicos al matrimonio homosexual e implantar medidas para proteger los derechos de las personas LGBTI y para que éstas puedan vivir en condiciones de seguridad y dignidad.
Discriminación basada en la etnia y en la casta y derechos de los pueblos indígenas
La discriminación basada en la casta prácticamente no remitió ni en Pakistán ni en India. En India, la población dalit y adivasi sufría la violencia y la discriminación que ejercían con impunidad las castas dominantes. En Bangladesh se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que ilegalizaba la discriminación por razón de casta, religión y otros rasgos de identidad, pero siguieron registrándose ataques multitudinarios contra las minorías hindúes.
Tanto los pueblos indígenas como las minorías étnicas y religiosas continuaron sufriendo también discriminación generalizada en Camboya, Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. En Australia, el porcentaje de personas aborígenes y naturales de las islas del estrecho de Torres en el sistema penitenciario era desproporcionado. En Sri Lanka, en aplicación de la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo, se arrestaba y detenía arbitrariamente a un número desproporcionado de personas de las minorías musulmana y tamil. En Japón continuó la apología del odio y la desinformación en Internet sobre la población de etnia coreana, a la que se culpó del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe.
En Nepal, la población indígena que había sido desalojada de sus tierras ancestrales durante la creación de parques nacionales y zonas de conservación seguía sin tierra y en peligro de ser desalojada también de los asentamientos informales en los que vivía. En Malasia, las autoridades reubicaron a la fuerza a miembros de una comunidad indígena del estado de Kelantan para poder construir una presa en sus tierras, mientras que en Camboya la tala ilegal continuó amenazando los medios de vida y la cultura de los pueblos indígenas que vivían allí.
Los gobiernos deben proporcionar un acceso efectivo y asequible a la justicia a las víctimas de delitos de discriminación por motivos étnicos, religiosos y de casta y de delitos de odio, y trabajar con las comunidades afectadas para desarrollar programas integrales que eliminen del sistema de justicia penal la discriminación y erradiquen la apología del odio, tanto dentro como fuera de Internet.
Tortura y otros malos tratos
En numerosos países siguió siendo habitual torturar e infligir otros malos tratos a las personas detenidas, y al menos en una decena hubo informes sobre muertes bajo custodia, algunas de ellas a consecuencia de tortura.
Tras diez años de esfuerzos, en Pakistán se aprobó por fin una ley que penalizaba la tortura, pero siguió habiendo informes de tortura y otros malos tratos a personas detenidas. Pese a haberse establecido un mecanismo nacional de prevención de la tortura, en Mongolia también persistieron los casos de tortura de personas detenidas. En Nepal continuaron registrándose informes sobre la tortura de personas detenidas en espera de juicio —en ocasiones, con el fin de conseguir “confesiones”— y siguió sin haber ninguna condena en aplicación de la ley de 2017 que penalizaba la tortura.
En Bangladesh se registraron un total de 54 muertes bajo custodia durante los nueve primeros meses de 2022. En Myanmar, donde cientos de personas murieron bajo custodia a lo largo del año, también hubo informes de casos de violencia sexual en los centros de detención. En otros países, como China, Corea del Norte y Vietnam, se registraron también casos de tortura y otras formas de malos tratos.
En Indonesia, decenas de hombres y mujeres fueron flagelados en la provincia de Aceh. En Afganistán, tras la vuelta de los talibanes al poder, se reanudaron las flagelaciones públicas autorizadas por el Estado.
Los Estados deben prohibir y penalizar la tortura y otros malos tratos y tomar medidas efectivas para proteger a la población y prevenir estas formas de abuso. En los casos en los que ocurran, los Estados deben investigar las denuncias correspondientes, hacer rendir cuentas a las personas responsables y proporcionar reparaciones a las víctimas.
Actuación deficiente contra la crisis climática
Devastadoras inundaciones, temperaturas desorbitadas y letales tifones, unidos a la erosión costera, pusieron en evidencia la vulnerabilidad de la región al cambio climático. Sin embargo, las medidas de preparación y adaptación siguieron siendo, en general, insuficientes, y las peores consecuencias recayeron sobre los sectores más pobres y marginados de la población. En Pakistán, olas de calor y sequías, seguidas de devastadoras inundaciones, dejaron a casi 750.000 personas sin acceso a vivienda adecuada, educación o atención médica. En India, un calor sin precedentes y la contaminación atmosférica afectaron en especial a quienes se dedicaban a la agricultura y a la venta ambulante y a quienes dependían de jornales diarios o desempeñaban otros trabajos al aire libre. En Bangladesh, el cambio climático, agravado por la discriminación, impedía a la población dalit y a otros grupos marginados de las regiones costeras del suroeste acceder al suministro de agua y al saneamiento.
A pesar de las señales de alarma, en muchos países de la región, incluidos los principales emisores, los objetivos de reducción de las emisiones siguieron siendo insuficientes para garantizar que la temperatura media mundial no ascendiera más de 1,5 °C, y con frecuencia las políticas eran incompatibles con la consecución ni siquiera de esos objetivos. Suscitaba especial preocupación que Japón continuara financiando proyectos internacionales de petróleo, gas y carbón, y planeara construir nuevas plantas eléctricas de carbón; que China aumentara la producción de carbón pese a las promesas del gobierno de pasar gradualmente a las fuentes renovables; y que los planes de generación de electricidad de Corea del Sur fueran incompatibles con la necesidad de abandonar por completo el carbón para 2030.
Los gobiernos de la región deben revisar con urgencia sus objetivos y políticas relacionados con el cambio climático para garantizar su adecuación a la necesidad de limitar el ascenso de las temperaturas mundiales. Debe incrementarse la inversión en la preparación frente a situaciones de desastre y en medidas de adaptación, y se debe dar prioridad a la protección de los grupos marginados y de otros grupos particularmente expuestos al cambio climático. Los países más ricos de la región deben también aumentar con urgencia la financiación climática para los países de ingresos bajos y comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y daños.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
La población refugiada y solicitante de asilo seguía estando muy marginada y corría peligro de devolución (refoulement).
Siguió sin resolverse la penosa situación de la población rohinyá refugiada procedente de Myanmar. En Bangladesh hubo ciertas mejoras en el acceso a la educación de los niños y niñas rohinyás, pero se calculaba que 100.000 seguían sin estar escolarizados. En Malasia, las personas rohinyás y otras personas refugiadas de Myanmar permanecían en detención indefinida, y varias murieron en un intento de fuga. Asimismo, se denunciaron malos tratos y condiciones deficientes en centros de detención para inmigrantes de Malasia, a consecuencia de lo cual —según los informes— habían muerto muchas personas de nacionalidad indonesia.
La práctica de mantener detenidas a personas refugiadas y solicitantes de asilo sólo por motivos de inmigración continuó en Australia, Japón y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, en China. En Corea del Sur hubo informes sobre malos tratos infligidos a personas extranjeras en centros de detención. En Nueva Zelanda, una revisión independiente concluyó que el marco regulador de la detención de inmigrantes era “la receta para la reclusión arbitraria” y recomendó poner fin a la reclusión de solicitantes de asilo en centros penitenciarios.
En los países vecinos de Afganistán se devolvió sin el debido procedimiento a personas afganas que huían de la persecución que sufrían en su país, mientras que las autoridades malasias deportaron a miles de personas a Myanmar pese a la grave situación de derechos humanos que se vivía allí.
Los gobiernos deben dejar de mantener detenidas a personas solicitantes de asilo por su condición de inmigrantes, y permitirles solicitar protección internacional, garantizando que no sean devueltas a países en los que vayan a ser perseguidas.
Pena de muerte
El gobierno de Papúa Nueva Guinea abolió la pena de muerte. Las ejecuciones se reanudaron en Afganistán, Myanmar y Singapur. En Singapur, los abogados que representaban a personas condenadas a muerte eran intimidados y hostigados.
Los gobiernos que conservan aún la pena de muerte deben tomar urgentemente medidas para su total abolición.