Papúa Nueva Guinea 2020
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Papúa Nueva Guinea 2020

Se mantuvo en vigor el estado de excepción declarado a causa de la pandemia de COVID-19. Las autoridades continuaron limitando el derecho a la libertad de expresión e intimidando a periodistas. La violencia entre comunidades se cobró la vida de decenas de personas. Las mujeres siguieron sufriendo elevados índices de violencia de género.

Información general

Tras haberse confirmado el primer caso de COVID-19 en marzo, el gobierno declaró el estado de excepción, pero lo sustituyó en junio por la Ley Nacional sobre Pandemias de 2020. Este texto legal, que suscitaba los mismos motivos de preocupación relativos a la supervisión parlamentaria, estaría en vigor hasta que el primer ministro declarara superada la pandemia o la emergencia sanitaria. Al principio de la pandemia, Papúa Nueva Guinea cerró sus fronteras a las personas procedentes de cualquier país asiático, no sólo a las que llegaran de países con casos confirmados de COVID-19. Esto hizo que algunos estudiantes papúes quedaran bloqueados en Filipinas. Los decretos aprobados en virtud del estado de excepción otorgaron a las autoridades amplias facultades para restringir las libertades de circulación y expresión y para imponer cuarentenas. Hubo informes de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para hacer cumplir las restricciones.

Sólo alrededor de un tercio de la población tenía acceso a electricidad, y únicamente el 41% podía acceder a agua potable. Las limitaciones y los confinamientos impuestos a causa de la COVID-19 repercutieron negativamente en los suministros de alimentos y los encarecieron.

Al concluir el año, el Parlamento seguía sin promulgar las leyes necesarias para hacer efectivo el resultado del referéndum celebrado en 2019, en el que Bougainville había votado a favor de independizarse de Papúa Nueva Guinea y, por tanto, el territorio seguía siendo una región autónoma.

Libertad de expresión y de reunión

En abril, el ministro de la Policía criticó a dos periodistas y pidió su despido por haber informado sobre el gasto público de fondos destinados a la lucha contra la COVID-19. Los decretos aprobados en virtud del estado de excepción incluían multas y encarcelamientos por actos definidos de forma imprecisa —como, por ejemplo, la difusión de “información engañosa”— y podían limitar el derecho a la libertad de expresión más allá de lo razonable. 1

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En marzo sólo quedaban 4 refugiados y solicitantes de asilo en la isla de Manus, pues los demás habían sido enviados a la capital, Port Moresby. A fecha de 23 de enero, los 18 hombres que quedaban en el centro de detención de Bomana de los 53 que habían estado recluidos allí, habían salido en libertad debido a los informes sobre la precariedad de las condiciones de reclusión.

Violencia por motivos de género

Mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo violencia sexual y otros tipos de violencia de género sin que se destinaran recursos adecuados a combatir el problema. Las mujeres, los niños y las niñas corrían peligro de sufrir violencia física y sexual a manos de sus parejas, familiares y comunidades, entre otros motivos por acusaciones de brujería. Las mujeres y las niñas tenían acceso limitado a servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, y el aborto seguía penalizado.

Trabajadoras y trabajadores sexuales

Permanecían penalizados el trabajo sexual y las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas. En septiembre, una trabajadora sexual de Port Moresby fue violada en grupo y golpeada, a consecuencia de lo cual se alzaron voces en favor de una mayor protección para las trabajadoras sexuales frente a la violencia.

Derecho a la salud

En su respuesta a la COVID-19, el gobierno ofreció poca ayuda a quienes trabajaban en el sector informal, algo que afectó de manera desproporcionada a las mujeres.

La situación de quienes contrajeron la COVID-19 se veía agravada por los elevados índices de pobreza y la existencia de otras enfermedades crónicas en el país, unidos al limitado acceso disponible a servicios de salud.

Profesionales de la salud

En marzo, 600 profesionales de enfermería se declararon en huelga para protestar por la falta de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. A 21 de diciembre, Papúa Nueva Guinea había registrado 761 casos de COVID-19, con 8 muertes confirmadas. Las provincias más afectadas eran la Occidental (en la frontera con Indonesia) y la Central (alrededor de Port Moresby). Como mínimo murió un trabajador del sector de la salud, y algunos de los primeros brotes de la enfermedad surgieron en hospitales y en un laboratorio de pruebas médicas. Los profesionales de la medicina denunciaron la escasez de equipos de protección individual.

Falta de prevención de la violencia entre comunidades

En Porgera, al homicidio de un agente de policía en enero siguió el de 10 personas —3 de ellas menores de edad— en marzo. La policía expresó su preocupación ante la posibilidad de que se tratara de ataques en represalia por homicidios perpetrados en 2019. En julio, 24 personas —incluidas 2 mujeres embarazadas— perdieron la vida durante 3 días de enfrentamientos violentos entre comunidades locales de la provincia de Hela. No estaba claro qué había motivado esos ataques, pero la falta de una actuación policial adecuada era uno de los factores que contribuían a la intensificación de la violencia entre comunidades.

Degradación medioambiental

En septiembre, más de 150 residentes de Bougainville presentaron una demanda en Australia contra la empresa minera australiana Rio Tinto para pedir reparaciones por los presuntos daños ambientales causados por su explotación de la mina de cobre y oro de Panguna entre los años 1972 y 1989.


  1. Pacific countries must not use COVID-19 to regress on human rights (ASA 05/2144/2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional