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Corea del Norte 2019

Las autoridades siguieron imponiendo severas restricciones a la libertad de circulación y de acceso a la información. El disfrute de los derechos humanos se vio gravemente obstaculizado por los controles generalizados y sistemáticos a los que era sometida la vida diaria de la población y por la frecuente presión que se ejercía sobre ésta a fin de movilizar mano de obra. Los medios de comunicación extranjeros informaron de varias ejecuciones públicas. Las personas detenidas sufrían torturas y otros malos tratos y soportaban duras condiciones. El gobierno siguió aumentando su colaboración con la comunidad internacional y, por tercera vez, sometió su historial de derechos humanos al Examen Periódico Universal de la ONU.[1] Sin embargo, las autoridades siguieron sin permitir visitas del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.[2]

Información general

En su discurso de Año Nuevo, Kim Jong-un reiteró la importancia de la “autosuficiencia” y el socialismo, pero también habló sobre la desnuclearización y sobre el proceso de paz. Continuaron las negociaciones nucleares, que incluyeron cumbres con China, Estados Unidos y Corea del Sur, aunque los avances fueron escasos, y durante su transcurso se prestó escasa atención a los derechos humanos.[3] Entre mayo y diciembre aumentaron las tensiones debido al lanzamiento de más de 20 misiles por parte de Corea del Norte en al menos 13 pruebas diferentes.

Siguieron en vigor las sanciones económicas impuestas por la ONU y por distintos Estados. Según medios de comunicación extranjeros, estas sanciones repercutieron de manera negativa en la economía del país y en el nivel de vida de numerosas personas, y obligaron a volver del extranjero a trabajadores y trabajadoras norcoreanos. La economía experimentó un crecimiento negativo. En julio, las autoridades rechazaron 50.000 toneladas de arroz ofrecidas por Corea del Sur, pese al considerable declive de la producción agrícola y de la industria ganadera.

Pena de muerte

Los medios de comunicación extranjeros informaron de ejecuciones públicas por presuntos delitos de agresión sexual, drogas y “comportamiento supersticioso”, entre otros. Desde 2012, las autoridades habían suspendido la mayoría de las ejecuciones públicas para mejorar su imagen y ante los constantes llamamientos que habían recibido para que mejoraran su historial de derechos humanos. En mayo, durante el Examen Periódico Universal de Corea del Norte, un funcionario norcoreano explicó que sólo se llevaban a cabo ejecuciones en público cuando la familia de la víctima y otras personas afectadas solicitaban estar presentes.

Detención y reclusión arbitrarias

El gobierno continuó gestionando al menos cuatro campos penitenciarios para personas presas por motivos políticos, aunque negaba su existencia, a pesar de que era conocida. En ellos, hasta 120.000 personas eran sometidas a tortura y a otros malos tratos, a trabajos forzosos y a duras condiciones, entre ellas una alimentación inadecuada. Muchas de estas personas no habían sido declaradas culpables de ningún delito común reconocible internacionalmente, y habían sido recluidas de manera arbitraria y sin haber sido sometidas a un juicio justo por el mero hecho de haber ejercido sus derechos, como el derecho a salir de su país libremente. No tenían acceso a asistencia letrada ni a sus familias. Otras personas habían sido aisladas en remotas zonas montañosas sólo por tener relación con presos o presas considerados una amenaza para el Estado o por “culpabilidad por asociación”.

Las autoridades mantuvieron detenido durante una semana al estudiante australiano Alek Sigley, que fue posteriormente expulsado del país, por presunta “instigación contra Corea del Norte”. En 2018, al comienzo de las negociaciones nucleares, el gobierno había dejado en libertad a tres ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, seguían bajo custodia seis surcoreanos: tres de ellos, misioneros, y tres nacionalizados, oriundos de Corea del Norte.

Desapariciones forzadas

El gobierno no facilitó información precisa sobre la suerte corrida por presos de la guerra de Corea, ni sobre las víctimas de secuestros, algunas de ellas de Corea del Sur, Japón y otros países. Seguía sin conocerse la suerte corrida por Hwang Won, que había llegado a Corea del Norte contra su voluntad en un avión secuestrado en 1969, y a quien no habían permitido regresar a su país, Corea del Sur.[4]

Libertad de circulación

Las autoridades siguieron limitando estrictamente la libertad de circulación, y continuó siendo ilegal salir del país sin autorización previa. Según contaron algunas personas a Amnistía Internacional, incluso para ir de una provincia a otra tenían que pagar sobornos a funcionarios del Estado, incluidos policías. Los medios de comunicación extranjeros informaron de que en enero el gobierno había emitido nuevas tarjetas de identificación para controlar con precisión los movimientos de la población. Si una persona no se encontraba ya en el domicilio donde estaba inscrita, y por tanto carecía de la nueva tarjeta de identificación, se consideraba que había abandonado el país de manera ilegal. Quienes vivían cerca de las fronteras, de la zona desmilitarizada y de las principales instalaciones militares seguían bajo estrecha vigilancia.

Durante los primeros nueve meses de 2019, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur comunicó la llegada de 771 personas de Corea del Norte. El gobierno de Corea de Sur devolvió a Corea del Norte en noviembre a dos pescadores norcoreanos, a los que había acusado de asesinato. Otros muchos ciudadanos y ciudadanas de Corea del Norte vivían en China sin documentación, y corrían peligro de ser devueltos a su país. Las autoridades reforzaron los controles en los pasos fronterizos entre Corea del Norte y China. Por su parte, el ejército había colocado obstáculos físicos, como alambradas de espinos, e incrementó el control de la población en esas áreas.

Los medios de comunicación extranjeros informaron de que la policía de China había redoblado también la búsqueda de personas que habían salido de Corea del Norte sin autorización, para lo que comprobaba documentos de identificación e inspeccionaba teléfonos móviles. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea envió cuatro llamamientos urgentes a China manifestando su preocupación por la detención de 23 personas de Corea del Norte, que corrían peligro de ser devueltas a este país.

Las mujeres y las niñas que abandonaban Corea del Norte seguían corriendo peligro de ser víctimas de trata para trabajos forzosos y explotación sexual en China, incluidos matrimonios forzados con hombres chinos.

Libertad de expresión

Las autoridades controlaban de manera estricta los intercambios de información con el resto del mundo. Todas las comunicaciones se encontraban bajo control absoluto del Departamento de Publicidad e Información del Partido de los Trabajadores de Corea. A excepción de unas pocas personas pertenecientes a la élite gobernante, la población en general carecía de acceso a Internet y a servicios de telefonía móvil internacional.

La posesión y la distribución de publicaciones, vídeos y otros materiales de prensa extranjeros constituían delitos graves, punibles con la pena de “reforma por el trabajo”. En particular, se perseguía el material de prensa de Corea del Sur, y las personas que infringían esa prohibición corrían el riesgo de ser recluidas en campos penitenciarios para presos políticos o condenadas a muerte.

Las autoridades continuaron vigilando de manera estricta los teléfonos móviles importados, y empleaban tecnología de interferencia para controlar todas las comunicaciones externas. Muchas personas de Corea del Norte que vivían cerca de la frontera china accedían a teléfonos móviles chinos de contrabando, conectados a las redes móviles chinas, para mantenerse en contacto con familiares que se encontraban en Corea del Sur y en otros países.

Derecho a la alimentación

En mayo, la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) comunicó que las cosechas del país habían sido las peores de los últimos 10 años, por lo que 10,1 millones de personas (aproximadamente el 40% de la población) sufrían de escasez alimentaria grave, aunque temporal. Algunas personas comunicaron a Amnistía Internacional que se habían puesto en marcha ciertas reformas, pero que no se habían producido cambios fundamentales en el sistema de producción agrícola. Sólo algunas personas que trabajaban para el Partido de los Trabajadores de Corea, el gobierno y el ejército, y las personas residentes en Pyongyang, se beneficiaron del sistema público de distribución. Los grupos vulnerables, entre ellos las personas ancianas, las personas con discapacidad y los niños y niñas huérfanos, corrían especial peligro de inseguridad alimentaria.


[1] “Jamás nos detendremos.” Los activistas norcoreanos que luchan por que se respeten los derechos humanos en su país (blog, 8 de agosto)

[2] Democratic People’s Republic of Korea: Gestures are not enough – Amnesty International Submission for the UN Universal Periodic Review 33rd Session of the UPR Working Group, May 2019 (ASA 24/9712/2019)

[3] Hanoi Summit Cannot Gloss Over Human Rights Atrocities in North Korea (comunicado de prensa, 25 de febrero)

[4] Corea del Sur: Productor de televisión retenido en Corea del Norte desde hace 50 años (ASA 25/9751/2019)