Laos 2017/2018

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Laos 2017/2018

Los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica continuaron gravemente restringidos, y el Estado ejercía un control estricto sobre los medios de comunicación y la sociedad civil. Se juzgó y condenó a tres activistas por su participación en protestas en Tailandia y sus comentarios en las redes sociales. No hubo ningún avance en las investigaciones sobre varias desapariciones forzadas.

Información general

Laos presentó informes como Estado Parte ante varios organismos de la ONU: el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño.

Desapariciones forzadas

A pesar de haber firmado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2008, Laos todavía no la había ratificado.

El gobierno no determinó la suerte y el paradero de Sombath Somphone, destacado miembro de la sociedad civil secuestrado en 2012 en un control policial de la capital, Vientián. Unas cámaras de circuito cerrado de televisión grabaron el momento en el que la policía le dio el alto y se lo llevó en un vehículo. Las autoridades tampoco determinaron la suerte y el paradero de Kha Yang, laosiano de etnia hmong detenido tras haber sido devuelto desde Tailandia en 2011, ni de Sompawn Khantisouk, empresario y activista medioambiental secuestrado en 2007 por unos hombres que se creía que eran policías.

En julio, Ko Tee, un activista político tailandés buscado por el gobierno de Tailandia, desapareció en Laos. El gobierno de Laos no pareció hacer ningún esfuerzo por investigar su desaparición.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación

Se emplearon varias disposiciones del Código Penal y decretos restrictivos para encarcelar a activistas y reprimir el derecho a la libertad de expresión y de reunión. La actividad de los medios de comunicación audiovisuales e impresos y de la sociedad civil continuó bajo el estricto control del Estado. Seguían prohibidos los partidos políticos, salvo el gobernante Partido Revolucionario Popular de Laos.

Tras un juicio secreto celebrado en abril, los activistas Soukan Chaithad y Somphone Phimmasone y la activista Lodkham Thammavong fueron declarados culpables de cargos relacionados con la cooperación con entidades extranjeras para socavar el Estado, la distribución de propaganda y la organización de protestas para provocar “agitación”, y condenados a entre 12 y 20 años de cárcel. Los tres habían sido detenidos el año anterior tras regresar de Tailandia para renovar sus pasaportes. Con anterioridad habían participado en una protesta a las puertas de la embajada de Laos en Bangkok, la capital de Tailandia, y publicado varios mensajes en Facebook criticando al gobierno de Laos. En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que su detención era arbitraria. También en agosto, el gobierno aprobó un Decreto sobre Asociaciones que imponía a las ONG y otros grupos de la sociedad civil restricciones y onerosos requisitos para su registro, además de duras sanciones penales en caso de incumplimiento.

Derechos económicos, sociales y culturales

Las personas que vivían en zonas afectadas por proyectos de infraestructura, incluida la construcción de presas y de una línea de ferrocarril entre Laos y China, fueron obligadas a trasladarse. Afirmaban que no les habían consultado ni las habían indemnizado adecuadamente. En abril, el primer ministro reconoció problemas a la hora de aplicar la normativa sobre concesión de tierras. Hubo activistas que expresaron preocupación por los daños a los medios de vida y al medio ambiente causados por la construcción de presas hidroeléctricas.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional