Japón 2023

El gobierno no se comprometió a erradicar el empleo de carbón en la generación de electricidad. Hubo avances limitados con respecto al reconocimiento jurídico de los derechos de las personas LGBTI, pero tanto éstas como las mujeres y la población de etnia coreana siguieron sufriendo una arraigada discriminación. Una nueva ley de inmigración violaba los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Comenzó la repetición del juicio del preso que más tiempo llevaba condenado a muerte en Japón.

Derecho a un medioambiente saludable

A pesar de que en verano se registraron temperaturas sin precedentes, que provocaron muertes, Japón siguió siendo el único país industrializado rico que no se había comprometido a eliminar gradualmente el empleo de carbón en la generación de electricidad. Especialistas en medioambiente continuaron criticando los planes anunciados por el gobierno en 2022 —mezclar carbón con amoniaco para reducir las emisiones de carbono del sector eléctrico— por considerarlos poco eficaces en general y peligrosos para personas y animales. En su lugar, abogaban por la inversión en energías renovables.

Discriminación

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En junio, el Parlamento aprobó una ley sobre orientación sexual e identidad de género que exigía al gobierno diseñar un plan para promover los derechos de las personas LGBTI y protegerlas de la discriminación “no justificada”. La ley en cuestión no definía lo que se entendía por “no justificada” y tampoco llegaba a garantizar igualdad de derechos para las personas LGBTI.

En octubre, en una sentencia histórica, el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Casos Especiales de Trastorno de la Identidad de Género que obligaban a las personas transgénero a esterilizarse para poder modificar su género en el registro de familia.¹

Se siguieron impugnando ante los tribunales la prohibición por ley de los matrimonios homosexuales y otras formas de discriminación de género. En junio, el Tribunal de Distrito de Fukuoka resolvió que la prohibición de los matrimonios homosexuales no era inconstitucional, pero recomendó reformas legislativas para garantizar mejor protección a las parejas homosexuales.² En septiembre, el Tribunal de Distrito de Sapporo falló que las personas con pareja del mismo sexo no tenían derecho a recibir prestaciones por cónyuge.

Derechos de las mujeres

Japón descendió en la clasificación sobre igualdad de género del Informe sobre la Brecha Global de Género que publica todos los años el Foro Económico Mundial, al pasar del puesto 116 al 125 de un total de 146 países. El informe señalaba que, aunque se había llegado casi a la paridad plena en lo relativo a nivel educativo y salud, la representación política de las mujeres había disminuido a lo largo de los últimos años, y éstas ocupaban sólo el 10% de los escaños parlamentarios y menos del 10% de los cargos ministeriales.

Población de etnia coreana

La población de etnia coreana continuó discriminada. En septiembre, al cumplirse el centenario de una masacre de personas de etnia coreana que había tenido lugar en Japón, el gobierno se negó a reconocer los hechos y a disculparse oficialmente.

Violencia por motivos de género

En junio, el Parlamento aprobó enmiendas al Código Penal en virtud de las cuales se reconocía por primera vez como violación determinados tipos de relaciones sexuales no consentidas, y elevó de 13 a 16 años la edad de libre consentimiento. El plazo de prescripción para las denuncias de violación se amplió de 10 a 15 años.

En junio, Rina Gonoi —exmiembro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón— presentó una demanda contra 5 exsoldados por el sufrimiento mental que había experimentado debido a la violencia sexual ejercida contra ella mientras estuvo en el ejército, y contra el gobierno por no haber evitado las agresiones ni haberlas investigado debidamente. En diciembre, el Tribunal de Distrito de Fukushima declaró a 3 de los 5 soldados culpables de “atentado al pudor” y les impuso sendas condenas condicionales de 2 años. El informe de la investigación encargada por el Ministerio de Defensa, publicado en agosto, concluía que en las fuerzas armadas existía una arraigada cultura de hostigamiento que incluía el acoso sexual.

Rendición de cuentas de las empresas

Cientos de víctimas reclamaron ser indemnizadas por explotación y abusos sexuales vinculados al fallecido fundador de Johnny and Associates Entertainment, agencia de talentos que había lanzado al éxito a diversas boy bands (grupos musicales de adolescentes) de Japón. Aunque la empresa se disculpó públicamente, tras su visita a Japón durante los meses de julio y agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos criticó por insuficientes las respuestas del gobierno y de la empresa.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En junio, el Parlamento aprobó el polémico proyecto de Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiado, que permitía deportar a personas que hubieran solicitado ser reconocidas como refugiadas tres veces o más. El proyecto de ley aprobado mantenía el principio de detención de solicitantes de asilo, con excepción de los casos en que se aplicaban medidas de vigilancia no privativas de libertad, y no prohibía la detención de niños y niñas. Tampoco establecía la duración máxima de la detención, y seguía negando el debido proceso al no permitir la revisión judicial de las órdenes de detención.³

En abril, varios mecanismos expertos de la ONU plantearon en una carta conjunta sus motivos de preocupación con respecto a las reformas previstas, señalando que las políticas de detención de Japón eran constitutivas de detención arbitraria.

En abril y julio se indemnizó por daños y perjuicios a 2 solicitantes de asilo de Turquía e Irán, a quienes se concedieron 220.000 yenes japoneses (unos 1.500 dólares estadounidenses) y 5,5 millones de yenes japoneses (unos 37.000 dólares estadounidenses) respectivamente. Habían demandado al gobierno en 2022 por su detención arbitraria por las autoridades de inmigración.

Pena de muerte

En octubre comenzó la repetición del juicio de Hakamada Iwao —el preso que más tiempo llevaba condenado a muerte en Japón— en cumplimiento de la orden dictada en marzo por el Tribunal Superior de Tokio, el cual había concluido que la sentencia condenatoria original, dictada en 1968, se había basado en una confesión forzada y en dudosas pruebas de apoyo. Hakamada Iwao había sido excarcelado temporalmente en 2014.⁴