Camboya 2020
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Camboya 2020

Las restricciones extremas que pesaban sobre los derechos civiles y políticos desde 2017 se intensificaron al sumarse la nueva Ley sobre el Estado de Excepción a un marco jurídico previo que vulneraba ya gravemente los derechos humanos. Se continuó hostigando e intimidando a defensores y defensoras de los derechos humanos, personas que se manifestaban pacíficamente y miembros del proscrito partido de la oposición, utilizando para ello de manera indebida el sistema de justicia. Los derechos de las mujeres sufrieron ataques constantes en el marco de una campaña pública dirigida por el primer ministro, Hun Sen, con el fin de recortarlos invocando interpretaciones arbitrarias de los conceptos de “tradición” y “cultura”. La campaña en curso contra las drogas dio lugar a violaciones generalizadas de los derechos procesales. Se sometió a tortura y otros malos tratos, incluidas condiciones de vida inhumanas, a personas recluidas de manera arbitraria en centros de detención para delitos de drogas. El impacto económico de la pandemia de COVID-19 expuso a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de la industria textil a caer en la miseria, sobre todo si tenían deudas de microfinanciación.

Información general

A lo largo de todo 2020 se mantuvo la campaña de represión iniciada por el gobierno en 2017 contra medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil críticas y oposición política. La Unión Europea revocó parcialmente la condición de Camboya de país beneficiario del régimen de preferencias arancelarias “Todo menos armas” (TMA), esgrimiendo como motivo la violación de los derechos laborales y humanos. En términos per cápita, Camboya era el país del mundo con más deudas de microfinanciación.

Libertad de expresión

Las autoridades aprovecharon la pandemia de COVID-19 para reprimir aún más la libertad de expresión y atacaron a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno por haber expresado sus opiniones. Entre enero y marzo, Amnistía Internacional documentó la detención de 22 personas, 7 de las cuales fueron acusadas de divulgación de presuntas “noticias falsas” sobre la pandemia, 6 de ellas, afiliadas al Partido de Rescate Nacional de Camboya, ilegalizado y contrario al gobierno.1 El 9 de abril fue detenido el periodista Sovann Rithy, que el 5 de octubre fue declarado culpable de “incitación a delinquir” por haber reproducido literalmente unas palabras de Hun Sen sobre los efectos económicos de la pandemia en el país.2 En abril, en respuesta a la COVID-19, se promulgó la Ley sobre la Administración de la Nación en Estados de Excepción, que confería al gobierno toda una serie de facultades arbitrarias y excesivas en tiempos de excepción.3

El 31 de julio, la policía detuvo al destacado sindicalista Rong Chhun por unos comentarios sobre la frontera entre Camboya y Vietnam. Permanecía recluido en espera de juicio, acusado de “incitación a delinquir”. Su detención desencadenó protestas que se saldaron con varias detenciones y acusaciones más contra jóvenes y activistas ambientales. Entre el 13 de agosto y el 7 de septiembre, se detuvo al menos a 12 activistas juveniles —entre quienes figuraban un monje budista y dos raperos—, que fueron acusados de “incitación a delinquir” y recluidos en espera de juicio;4 los dos raperos fueron declarados culpables posteriormente. Otras personas defensoras de los derechos humanos huyeron de Camboya para escapar a la persecución. El reconocido activista y monje Luon Sovath, galardonado con el premio Martin Ennals, se vio obligado a exiliarse tras el intento de la autoridades municipales de Siem Reapy de secularizarlo y presentar cargos en su contra por acusaciones falsas de conducta sexual indebida.

Libertad de asociación

Los miembros del ilegalizado Partido de Rescate Nacional de Camboya siguieron siendo arbitrariamente criminalizados y enfrentándose a un grado creciente de violencia física. En enero comenzó el juicio contra el presidente del partido, Kem Sokha, por cargos falsos de traición; al acabar el año no había concluido. Desde la disolución del partido en 2017, más de un centenar de sus miembros —incluido uno de sus fundadores, Sam Rainsy— continuaban inhabilitados para ejercer la política. En noviembre, se intensificaron los actos de hostigamiento judicial contra expolíticos y activistas del Partido de Rescate Nacional de Camboya con la citación de al menos 126 personas afiliadas al partido en una serie de juicios colectivos de motivación política por cargos de traición e incitación. Continuaron registrándose agresiones físicas graves contra personas afiladas al partido sin que nadie fuera detenido ni investigado por ellas.

Se siguió utilizando la represiva Ley de Asociaciones y ONG para amordazar la libertad de asociación. Tanto autoridades del Estado como agentes empresariales detuvieron de manera arbitraria y agredieron a activistas ambientales que denunciaban la descontrolada tala ilegal de la selva de Prey Lang.5 En septiembre, el Ministerio del Interior calificó de ilegales las organizaciones de base Madre Naturaleza Camboya y Khmer Thavrak por no haberse inscrito en el registro de asociaciones de conformidad con la Ley de Asociaciones y ONG.

Derechos de las mujeres

Hun Sen abanderó un ataque público contra los derechos de las mujeres, invocando los conceptos de “tradición” y “cultura” para justificar el control policial de su cuerpo y sus decisiones. En un discurso pronunciado en enero, el primer ministro ordenó a las autoridades actuar contra aquellas mujeres que vendieran productos en Facebook vestidas con ropa presuntamente “insinuante”. Días más tarde, las autoridades detuvieron a Ven Rachna, vendedora en Facebook y, basándose en su ropa, la acusaron arbitrariamente de producir “pornografía”.6 En junio, se intensificaron los ataques contra los derechos de las mujeres cuando el gobierno publicó el proyecto de Ley de Orden Público, en el que se les prohibía llevar ropa “demasiado corta” o “demasiado transparente”. Pese a este entorno opresor, numerosas mujeres y niñas protestaron en Internet contra el proyecto de ley que, al concluir el año, seguía sin aprobarse.

Derecho a la salud

Se siguió violando de manera sistemática el derecho a la salud de las personas detenidas, que soportaban unas condiciones de reclusión caracterizadas por la masificación y los malos tratos. Continuó por cuarto año la campaña antidrogas del gobierno, plagada de torturas y otros malos tratos. y de violaciones de los derechos procesales, que agravó la crisis de hacinamiento en las cárceles y en los centros de detención para delitos de drogas. Esta campaña —que hacía hincapié en la criminalización y no en medidas de protección del derecho a la salud— afectó de manera desproporcionada a las mujeres y a los sectores de población pobres y en situación de riesgo, como niños, niñas, trabajadoras y trabajadores sexuales, y personas con VIH.7

En mayo, en plena pandemia de COVID-19, los ministros de Justicia e Interior de Camboya dieron a conocer una serie de medidas para reducir el hacinamiento en las prisiones.8 Sin embargo, los avances fueron limitados y se siguió recluyendo de manera arbitraria y sin cargos a personas que consumían drogas.

Derechos económicos, sociales y culturales

El impacto económico de la pandemia de COVID-19 y la revocación parcial del régimen de preferencias arancelarias “Todo menos armas” afectaron al sector textil del país, con lo que decenas de miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, perdieron su empleo. La inseguridad socioeconómica de los trabajadores se vio agravada por el aumento de las deudas de microfinanciación, que muchas personas fueron incapaces de amortizar debido a la pérdida de ingresos. Las ONG y los sindicatos criticaron al gobierno por no proteger a quienes estaban en peligro de perder sus hogares y quedar en la miseria a causa de la práctica generalizada de las instituciones de microfinanciación de utilizar títulos de propiedad de tierras como aval para sus préstamos. Estos hechos pusieron en peligro el derecho a un nivel de vida adecuado de millones de trabajadores y trabajadoras, y de quienes dependían de ellos. Las personas que se dedicaban a la pesca y la pequeña agricultura vieron también gravemente amenazados sus medios de sustento por los efectos cada vez mayores del cambio climático y por proyectos de desarrollo, tales como presas hidroeléctricas.

Desapariciones forzadas

El 4 de junio, personas no identificadas secuestraron en la capital camboyana, Phnom Penh, a Wanchalearm Satsaksit, activista tailandés de oposición de 37 años exiliado en Camboya. Su paradero seguía sin conocerse al final del año. El 15 de julio, un grupo de expertos y expertas de la ONU escribió a las autoridades camboyanas para expresar su profunda preocupación por la “falta de avances en las investigaciones sobre los presuntos secuestro y desaparición forzada”. En diciembre, los avances de las autoridades en la investigación eran prácticamente nulos.9


  1. Camboya: Centros de detención superpoblados, una bomba de tiempo para la COVID-19 en medio de una oleada de detenciones por “noticias falsas” (noticia, 27 de marzo)
  2. Cambodia’s Government Should Stop Silencing Journalists, Media Outlets (ASA 23/3294/2020)
  3. Camboya: Los poderes excepcionales propuestos anularían los derechos humanos (noticia, 2 de abril)
  4. Cambodia: Youth targeted in ‘shocking’ wave of arrests (noticia, 10 de septiembre)
  5. Cambodia: Harassment of forest defenders undermines struggle against climate change (ASA 23/2004/2020)
  6. Cambodia: Drop discriminatory ‘pornography’ charges against Facebook seller (noticia, 21 de febrero)
  7. Cambodia: Substance abuses: the human cost of Cambodia’s anti-drug campaign (ASA 23/2220/2020)
  8. Cambodian authorities must follow through with release of prisoners amid COVID-19 (ASA 23/2768/2020)
  9. Cambodia: Probe into Thai exile's enforced disappearance moving at snail’s pace, has glaring gaps (noticia, 8 de diciembre)

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