Camboya 2023

La trata de seres humanos continuó siendo una práctica generalizada y las personas que sobrevivían a ella eran recluidas en centros de detención para inmigrantes en condiciones deficientes. Se desalojó por la fuerza a miles de familias de Angkor, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se retiró la licencia a uno de los últimos medios informativos independientes del país y se prohibió participar en las elecciones nacionales al único partido de oposición que quedaba, con lo que las libertades de expresión y asociación se vieron aún más restringidas. Asimismo, tras un juicio injusto, se impuso una larga pena de prisión a una importante figura de la oposición política. También se condenó a activistas laborales en juicios sin las debidas garantías. Seguían llevándose a cabo sin control talas y operaciones mineras ilegales en bosques, con lo que se violaban los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Información general

Se mantuvo la campaña de represión iniciada por el gobierno en 2017 contra las organizaciones de la sociedad civil y la oposición política. El Partido del Pueblo Camboyano ganó las elecciones nacionales del 23 de julio, tras haber sido excluido de ellas el Partido de la Luz de las Velas, único partido de oposición con posibilidades. En agosto, la Asamblea Nacional ratificó la designación de Hun Manet como primer ministro en sustitución de su padre, Hun Sen.

Trata de personas

Continuó la crisis de trata de personas, pese a las enérgicas medidas tomadas por el gobierno para combatirla. Según informes fidedignos, se seguía manteniendo encerradas en recintos con grandes medidas de seguridad a trabajadores y trabajadoras migrantes que, tras ser reclutados mediante engaños, eran objeto de trata con fines de trabajo forzoso y obligados a trabajar en ciberestafas y apuestas por Internet dirigidas por bandas delictivas. También se recibieron informes sobre la reapertura de recintos de este tipo que habían sido cerrados en la ciudad de Sihanoukville, con lo que quedó en entredicho la eficacia del grupo de trabajo establecido por el Ministerio de Justicia en 2022 para coordinar las investigaciones y los procesos judiciales de responsables de operaciones de trata de trabajadores y trabajadoras migrantes con destino a Camboya.

Estas operaciones ilegales de trata surgieron durante la pandemia de COVID-19, y en ellas se obligaba a las víctimas a trabajar bajo amenazas de violencia tras haberles confiscado el pasaporte. Durante el año, las autoridades consiguieron sacar de recintos ilegales a más de 100 personas que habían sido víctimas de trata, a las que trasladaron a centros de detención para inmigrantes. Sin embargo, era habitual que tras su rescate estas personas sobrevivientes —algunas de las cuales habían sido violadas o sufrido otras agresiones físicas— permanecieran recluidas durante meses en centros de detención estatales masificados, en los que tenían que pagar para recibir comida y agua y no tenían acceso a asistencia letrada.¹

Desalojos forzosos

Las autoridades continuaron con el proceso de desalojo forzoso masivo iniciado en 2022 que, según los informes, afectaba a 10.000 familias residentes en Angkor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sede del templo de Angkor Wat. Aunque muchas familias llevaban viviendo en el complejo desde hacía varias generaciones, el gobierno afirmó que su presencia allí era ilegal, por lo que se las estaba realojando en el marco de un “programa de reasentamiento voluntario”. Sin embargo, no existió una consulta auténtica, y muchas de las personas desalojadas o en peligro de serlo fueron amenazadas e intimidadas. A pesar de tener que abandonar no sólo sus hogares sino también sus medios de vida, las familias desalojadas no recibieron indemnizaciones adecuadas, por lo que muchas de ellas se vieron obligadas a endeudarse. Los lugares de reasentamiento proporcionados por el gobierno en Peak Sneng y Run Ta Ek carecían de viviendas, agua potable y saneamiento adecuados.²

El entonces primer ministro, Hun Sen, afirmó que el programa de reasentamiento era necesario para evitar que Angkor perdiese su calificación como Patrimonio de la Humanidad. Al concluir el año, la UNESCO seguía sin condenar públicamente los actos del gobierno y sin emprender investigaciones sobre las denuncias conexas, pese a que Amnistía Internacional le había comunicado, primero en marzo y luego en septiembre, que se estaba utilizando su nombre para justificar los desalojos forzosos.³

Libertad de expresión

En febrero, las autoridades revocaron la licencia de Voice of Democracy (VOD), uno de los pocos medios informativos independientes que quedaban en el país. Supuestamente, esta medida se tomó en respuesta a la aparición de una noticia que se consideró ofensiva para el entonces primer ministro, Hun Sen, sobre el papel desempeñado por su hijo, Hun Manet, por entonces subcomandante en jefe del ejército camboyano, en la aprobación del envío de ayuda económica a Turquía. Sin embargo, la retirada de la licencia se produjo tras haber publicado Voice of Democracy una serie de reportajes de investigación sobre la crisis de trata de personas y la relación de algunos cargos gubernamentales con los recintos desde los cuales se llevaban a cabo estafas por Internet.⁴

Libertad de asociación

Se siguió utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para atacar y hostigar a miembros y simpatizantes de partidos políticos de la oposición. En marzo, el Tribunal Municipal de Phnom Penh declaró al líder del Partido de Rescate Nacional de Camboya, Kem Sokha, culpable de un cargo falso de traición y lo condenó a 27 años de prisión.⁵

Durante las semanas anteriores a las elecciones nacionales, y tras haber incitado públicamente Hun Sen a la violencia contra sus adversarios políticos, se registraron numerosas agresiones —algunas de ellas, incluso con barras de metal— a manos de individuos no identificados contra miembros del Partido de la Luz de las Velas. En mayo, y por razones políticas, el Comité Electoral Nacional inhabilitó al partido para presentarse a las elecciones.⁶

El 23 de junio, un mes antes de las elecciones, la Asamblea Nacional votó por unanimidad a favor de una reforma de la ley electoral que —según opinión generalizada— tendría por efecto impedir la oposición política e intimidar a la población. Según dicha reforma, en el futuro el Comité Electoral Nacional podría multar con hasta 20 millones de rieles camboyanos (unos 4.850 dólares estadounidenses) a cualquier persona que incitara a otra a no inscribirse en el censo electoral o a no votar.

Derechos laborales

Hubo un constante hostigamiento judicial contra integrantes del Sindicato de Defensa de los Derechos Laborales del Personal Jemer de NagaWorld y demás activistas laborales, relacionado con su apoyo a la reivindicación de ascenso salarial y la readmisión del personal afectado por los despidos masivos que el casino NagaWorld de Phnom Penh —que cotizaba en bolsa en Hong Kong— había llevado a cabo a finales de 2021. El 25 de mayo, un tribunal de Phnom Penh declaró a 9 integrantes y exintegrantes del mencionado sindicato culpables de “incitación a cometer un delito o a perturbar la seguridad pública”, en aplicación de los artículos 494 y 495 del Código Penal de Camboya. La presidenta del sindicato, Chhim Sithar, fue condenada a 2 años de cárcel. Las 8 personas restantes recibieron condenas condicionales de entre un año y 18 meses de prisión.⁷

Derechos de los pueblos indígenas

En julio, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo código sobre recursos ambientales y naturales que, a diferencia de anteriores leyes relativas a la tierra y al medioambiente, utilizaba el término “comunidades locales”, en lugar de la expresión “comunidades indígenas”. Este cambio hizo temer que el nuevo código viniera a socavar el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Prosiguió la tala ilegal, y se llevaron a cabo nuevas actividades mineras en el bosque de Prey Lang, hogar de las comunidades indígenas kuys. Existían pruebas fotográficas en las que se podía ver a leñadores ilegales con armas de fuego caseras, y personas integrantes de la Red Comunitaria de Prey Lang relataron a Amnistía Internacional diversos incidentes, entre ellos al menos uno ocurrido a principios de 2023, en el que los leñadores les habían disparado para intimidarlas. Seguía preocupando que la reforma propuesta de la Ley de Bosques —presentada en 2022— para permitir la caza en bosques protegidos pusiera en peligro la fauna y agravara las tensiones existentes entre pueblos indígenas, activistas ambientales y leñadores.

1. Camboya: Nuevas violaciones de derechos, nuevo gobierno, los mismos daños de siempre, 20 de octubre
2. Camboya: Los desalojos masivos de Angkor, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, violan el derecho internacional, 14 de noviembre
3. Cambodia: World Heritage Committee must not ignore ‘mass forced evictions’ around Angkor Wat, 10 de septiembre
4. Cambodia: Shuttering ‘Voice of Democracy’ outlet is attempt to slam door on independent media, 13 de febrero
5. Cambodia: Opposition leader Kem Sokha sentenced to 27 years on fabricated treason charge, 3 de marzo
6. Cambodia: Election takes place under cloud of human rights crisis, 21 de julio
7. Cambodia: Casino union leader Chhim Sithar and strikers convicted, 25 de mayo