Continuaron los informes de grave represión de la libertad de expresión y reunión pacífica, incluido el uso de fuerza excesiva o innecesaria por la policía para sofocar protestas. Los derechos laborales y de las minorías étnicas y religiosas corrían peligro. Siguió siendo un importante desafío para el país garantizar los derechos humanos de la población refugiada rohinyá en el campo para personas refugiadas más grande del mundo.
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