Australia 2023
La población aborigen y natural de las islas del estrecho de Torres seguía sufriendo una arraigada discriminación. Se encarceló a niños y niñas de tan sólo 10 años. Miles de personas refugiadas pudieron solicitar la residencia permanente y se declaró ilegal la reclusión indefinida de solicitantes de asilo. Se aprobaron nuevas leyes que restringían el derecho a la protesta pacífica. Se aprobaron nuevos proyectos de combustibles fósiles.
Información general
En febrero, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes canceló los planes para reanudar su visita a Australia —suspendida en 2022— por no haber conseguido garantías de que tendría acceso sin restricciones a todos los centros de detención.
Derechos de los pueblos indígenas
El 14 de octubre, el electorado australiano rechazó en referéndum una reforma constitucional para establecer la Voz Aborigen y de las Islas del Estrecho de Torres, órgano que habría estado facultado para exponer directamente ante el Parlamento cuestiones que afectaran a esas poblaciones.1
Según informes, murieron bajo custodia 20 hombres aborígenes y de las islas del estrecho de Torres.
Aunque disminuyeron las tasas de detención de niños y niñas de las Primeras Naciones, éstos siguieron representando más del 50% de las personas menores de edad detenidas. Aumentó el índice de encarcelamiento de la población adulta aborigen y de las islas del estrecho de Torres, pese al objetivo de reducirlo al menos un 15% para 2031.
Derechos de la infancia
Se siguió deteniendo a niños y niñas de tan sólo 10 años. En diciembre, el gobierno del estado de Tasmania anunció que la edad de responsabilidad penal se elevaría de los 10 a los 14 años, pero que el cambio no se haría efectivo hasta 2029.2 Aunque el Territorio del Norte y el Territorio de la Capital elevaron la edad de responsabilidad penal a los 12 años, ésta seguía sin ajustarse a las normas internacionales, que recomendaban los 14 años como edad mínima.
El gobierno de Queensland dejó sin efecto las salvaguardias que establecía la Ley de Derechos Humanos del estado al aprobar disposiciones legislativas que tipificaban como delito el incumplimiento de las condiciones de libertad bajo fianza de las personas menores de edad y permitían la detención de menores en instalaciones policiales para la población adulta.
En el informe elaborado tras una inspección oficial efectuada en el centro de detención de Banksia Hill (estado de Australia Occidental), se concluía que “todos los elementos” de este centro de detención de menores fallaban, y esto ponía en peligro la salud y la seguridad de la población reclusa. Continuaron detenidos en la prisión de máxima seguridad para adultos de Casuarina los muchachos que habían sido trasladados a ella desde Banksia Hill. El 19 de octubre, un adolescente aborigen de 16 años recluido en Casuarina murió tras haber intentado suicidarse en la prisión.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En febrero, el ministro de Inmigración anunció que quienes hubieran llegado al país por vía marítima antes de 2013 y hubieran recibido visados de protección temporal podrían solicitar la residencia permanente. Esta iniciativa afectaba a unas 19.000 personas.
En julio, en una causa interpuesta por el refugiado kurdo iraní Mostafa “Moz” Azimitabar para impugnar la legalidad de su detención en hoteles durante 14 meses, el Tribunal Federal falló que, con arreglo a la ley, el gobierno podía recluir a solicitantes de asilo en “lugares alternativos de detención”, pero que se trataba de una práctica inhumana.
En noviembre, el Tribunal Superior resolvió en una sentencia emblemática que la reclusión indefinida de inmigrantes era ilegal e inconstitucional cuando no había perspectivas reales de sacar de Australia a las personas detenidas, a consecuencia de lo cual quedaron en libertad al menos 148 personas.3 El gobierno aprobó de inmediato medidas legislativas de excepción por las que se imponían toques de queda y se exigía el uso de dispositivos de seguimiento a quienes habían quedado en libertad. En diciembre se aprobó otra ley que permitía al gobierno volver a detener a las personas que habían quedado en libertad si había peligro de que cometieran delitos graves. Esta ley se aplicó en siete casos.
El gobierno mantuvo la política de devolver las embarcaciones que transportaban a solicitantes de asilo o tramitar extraterritorialmente los casos de quienes llegaban sin visados válidos. En septiembre, en aplicación de esa política y por primera vez desde hacía 9 años, las fuerzas fronterizas trasladaron a 11 solicitantes de asilo a centros de detención para inmigrantes de Nauru.
Libertad de reunión
El 18 de mayo, el estado de Australia del Sur aprobó una ley que penalizaba con 3 meses de prisión o multa de 50.000 dólares australianos (unos 31.000 dólares estadounidenses) la obstrucción “intencionada o temeraria” de un lugar público. En varios estados se recurrió a leyes antiprotesta para castigar a personas que se manifestaban pacíficamente contra el cambio climático o en apoyo de los derechos de la población palestina.
Derecho a un medioambiente saludable
El gobierno federal reforzó el mecanismo de seguridad para limitar las emisiones de las empresas más contaminantes de Australia. En noviembre se firmó un tratado con Tuvalu que incluía disposiciones sobre rutas de migración para las personas amenazadas por el cambio climático y ayuda económica para los planes de adaptación al cambio climático del país. Sin embargo, el gobierno australiano siguió aprobando proyectos de combustibles fósiles.
- Australia: Heartbreaking result as Voice referendum ‘No’ votes prevail, 14 de octubre
- Australia: Safer future for Tasmanian children as age of criminal responsibility raised to 14 without exception, 6 de diciembre
- Australia: Amnesty International welcomes high court ruling of indefinite detention as unlawful and unconstitutional, 9 de noviembre